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Amnistía denuncia el uso de armas de descarga eléctrica por policías canarios

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL LAMENTA EL DESCONTROL EN VARIAS ZONAS DE ESPAÑA

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La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves el descontrol que existe entre las diferentes administraciones del Estado en lo referente al uso de armas que producen descargas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas algunos cuerpos canarios de policía local.

Según AI, policías locales de Cataluña, Valencia y Canarias disponen de estas armas tipo Taser, que provocan descargas eléctricas cercanas a los 50.000 voltios, susceptibles de ser usadas para cometer abusos contra los Derechos Humanos. La ONG, en su informe Voltios sin control, constata que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la mayoría de policías locales y autonómicas no disponen de defensas eléctricas como parte de su material básico, si bien algunas policías las han incorporado como dotación de sus agentes o para probarlas.

Tanto los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) como el Ejército de Tierra o la policía catalana de los Mossos d'Esquadra han adquirido estas armas "para evaluarlas", mientras que en Canarias forma parte del "material básico de las policías locales" y en la Comunidad Valenciana se consideran una "dotación opcional". AI citó las policías locales de los ayuntamientos canarios de Telde, Arona, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife como algunas de las que utilizan este tipo de armas, así como la de Blanes, en Cataluña, si bien esta situación, según la ONG, podría afectar a cerca de veinte municipios catalanes.

El director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, explicó que, aunque el uso de este tipo de armas "no está generalizado" en España, "sí ha aumentado su adquisición", por lo que pidió al Ministerio del Interior que suspenda su uso y adquisición hasta que haya un estudio riguroso sobre los efectos de su uso. AI recordó el caso de Juan Martínez Galdeano, que murió en agosto de 2005 en la comisaría de Roquetas de Mar (Almería) tras ser reducido con medidas tanto reglamentarias como no, en cuyo juicio quedó probado que el uso de armas que producen descargas eléctricas por parte de la policía fue un "factor concurrente" en su muerte.

La ONG denunció que en países como Estados Unidos o Canadá, donde su uso es legal, se utilizan de forma habitual "como opción de fuerza contra personas que no representan una amenaza", y que entre 2001 y junio de 2007, según datos de AI, un total de 269 personas han muerto en Estados Unidos tras recibir descargas por armas Taser.

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