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El Ayuntamiento de LPGC intenta desalojar las últimas infraviviendas de El Confital

LOS OCUPANTES LLEVAN ALLÍ MÁS DE 10 AÑOS

El Consistorio capitalino ofrece seis meses de alquiler prorrogable a dos años a los ocupantes, que se niegan a marcharse. 

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Pintadas en las infraviviendas de El Confital. Escombros del derribo de parte de las instalaciones. Parte médico por inhalación de amianto. (L.J.V.)

Pintadas en las infraviviendas de El Confital. Escombros del derribo de parte de las instalaciones. Parte médico por inhalación de amianto. (L.J.V.)

Son como los resistentes de una remota aldea gala. O al menos así se pintan. Una veintena de vecinos se niegan a abandonar las paredes del antiguo almancén de Las Salinas donde residen en El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento irrumpió el pasado martes con una grúa, un tractor y efectivos de del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de la Policía para derribar las construcciones, habitadas, en algunos casos, desde hace 20 años. "Nos trataron como analfabetos", explica Carmelo Reyes, "llegaron preguntando si alguien sabía leer".

Carmelo es uno de los ocupantes. Vive entre los muros de una vieja fábrica desde hace diez años y se niega a marcharse. Asegura que los antiguos propietarios de los terrenos sabían que él, como el resto, estaba viviendo allí y le dieron el visto bueno. El Ayuntamiento adquirió los terrenos, pertenecientes a Confital Internacional S.A. en 2004 a través de un convenio urbanístico por el que cedía a los propietarios varias parcelas calificadas como solar urbano. El trato afectaba los 346.680 metros cuadrados cuya acta de ocupación se firmó en 2005. Quedó entonces pendiente la adquisición de otros 4.000 metros cuadrados correspondientes a dos parcelas en Las Salinas ocupadas por viejas naves habilitadas como casas que el Ayuntamiento finalmente expropió ese mismo año, aunque la operación no se cerró hasta 2008. Es allí donde residen Carmelo y sus vecinos.

"De aquí no salgo a no ser que me vengan con una orden judicial", repite, insistente, Carmelo, el portavoz de los residentes en las naves. Recibió la primera notificación de expulsión el pasado 9 de marzo. El Ayuntamiento le daba entonces diez días para cesar en la "usurpación" de la "finca municipal ocupada sin título ni autorización", bajo amenaza de recurrir a la vía contencioso-administrativa. Su respuesta fue solicitar la documentación que acreditara la propiedad de la parcela y su inscripción en el Registro de Bienes Municipales, pero lo único que encontró de vuelta fue la notificación de que se había abierto un expediente que requería de nuevo, a fecha de 26 de marzo, el "cese en la usurpación" del solar. "A mí es que no me cabe en la cabeza", dice, "si vienen con una orden porque [el terreno] lo expropiaron, haz una copia, que lo solicitamos por escrito".

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha estado negociando con los ocupantes. La oferta, explican, incluye el pago por parte de la administración de un piso de alquiler durante seis meses, prorrogable durante dos años más. Solo uno de la veintena de personas que viven a pie de playa ha aceptado el acuerdo, lo que ha dado lugar al primer derribo acometido este martes. Se trata de "un joven" que cedió a mudarse, lo que sirvió de excusa a las autoridades para irrumpir en la zona y echar abajo parte de las viejas instalaciones. El resto, como Susi y Loli, que llevan allí cuatro y seis años, no se fía de que el Consistorio mantenga el trato si se marchan o no quieren irse: "Yo estoy aquí porque me gusta esto", insiste Carmelo, a quien los papeles atribuyen la ocupación de una parcela de 1.500 metros cuadrados. El cuarto en el que vive no tiene más de 50.

El derribo, además, ha causado una fuerte polémica. José Arencibia ha sido uno de los afectados. Está empadronado entre las únicas paredes que quedaron en pie tras la acción de la piqueta en una de las antiguas naves y asegura, un día después de la intervención, que la falta de medidas de seguridad le ha mandado al hospital por inhalación de amianto en polvo, desprendido de los techos hechos añicos que aún se amontonan junto a su puerta como escombros. Este herreño que acabó en la punta de Las Salinas para intentar recuperar su vida tras salir de prisión denuncia que el equipo de derribo llegó sin tomar medida de seguridad alguna, pese a que la legislación española impone unas precisas obligaciones para llevar a cabo la retirada de materiales con contenido de este mineral altamente tóxico. "A mi hermano le obligaron a pagar 3.000 euros para contratar un equipo que retirase el amianto", insiste.

De momento, cuatro construcciones quedan aún en pie, mientras se tramita el expediente para expulsar a todos los que viven en la antigua fábrica. Cada día conviven con caravanas y coches de pescadores y bañistas que se acercan a la zona más alejada de la considerada como "playa de La Isleta". Carmelo, estibador en el Puerto de la Luz, se queja de que, además, desde la administración solo han intentado negociar los realojos de forma individual. Se pregunta por qué no actuaron cuando el Ayuntamiento procedió a limpiar la parte en la que se construyó en 2008 el paseo marítimo y reclama respeto por parte de las autoridades municipales: "Lo que queremos es una vivienda", dice, "[la oferta] son seis meses [de alquiler], después te van a dar una patada que no vas a tener ni casa, ni vas a tener nada".

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