El Gobierno ''rompe el concepto de universidad pública''
Los rectores de las Universidades Públicas de Canarias, José Regidor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Eduardo Doménech, de Universidad de La Laguna (ULL), rechazan en un comunicado conjunto el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, publicado el pasado 21 de abril por el Gobierno de España. Dicho decreto incrementa las tasas de matrícula, modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario y afecta al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias.
“Cuestionamos de este decreto tanto la forma, puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las Universidades, como el fondo, ya que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública”, señalan en el comunicado.
Los rectores consideran “evidente que el incremento general de las tasas de matrícula, sin una política adecuada de becas, supone una ruptura del concepto de universidad pública contemplado en la Ley Orgánica de Universidades, que consagra el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación reconocido constitucionalmente”. Como consecuencia, esta medida “puede dificultar e, incluso, impedir el acceso a la educación superior de los estudiantes canarios cuyas familias tengan menores recursos económicos”, aseguran.
En lo que se refiere a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, los rectores de las Universidades Públicas de Canarias rechazan que “no se haya tenido en cuenta la diversidad de actividades que desarrolla el profesorado universitario asociadas a la investigación (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia, innovación, gestión?), que se evalúan de manera muy diversa en cada rama de conocimiento”.
Consideran que se ha utilizado “erróneamente como unidad de medida de la dedicación docente del profesorado el crédito ECTS que, según la normativa vigente, mide toda la carga de trabajo que ha de realizar el estudiante y no el tiempo que han de dedicar los profesores a impartir una asignatura”.
Asimismo, ante la complejidad que supone la aplicación de las medidas contenidas en el Real Decreto, los rectores han acordado establecer criterios comunes para aplicarlo en las universidades públicas canarias para lo que se mantendrán reuniones entre los Vicerrectores de ambos equipos de Gobierno.
Tras una valoración inicial de las medidas referidas al personal docente e investigador, han constatado que el incremento en la actividad docente que establece el citado Real Decreto “es poco significativo en relación con la pérdida de potencial investigador y de profesionales que tanto cuesta formar, hasta extremos que tendrán que pasar muchos años para poder recuperar el actual nivel de calidad de los enseñantes y, consecuentemente, de la enseñanza”.
Por tanto, los rectores de las Universidades públicas de Canarias hacen un llamamiento al Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que, junto con la CRUE, analice “las gravísimas consecuencias que tendría la aplicación de las medidas contenidas en el Real Decreto en las Universidades públicas españolas que se traducirían en un retroceso en los actuales niveles en investigación, del que el país no se recuperaría en muchos años, y en un descenso en la calidad de la docencia que está ligada a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior”.
Finalmente, los rectores solicitan al Gobierno de Canarias, que tiene las competencias sobre la educación superior, que “mantenga su esfuerzo en la financiación de las Universidades públicas de Canarias para garantizar los puestos de trabajo del personal de las Universidades y a los canarios la igualdad de oportunidades en el acceso a la Enseñanza Superior, así como el mantenimiento y mejora de sus actuales niveles de calidad porque la formación de los ciudadanos y, particularmente de nuestros jóvenes, es la única garantía de futuro de nuestra sociedad tal y como hoy la concebimos, constituyendo la mejor vía que tiene Canarias para superar la actual situación de crisis y garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar de la que con tanto esfuerzo nos hemos dotado.”
