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Martín y Parramón optan a presidir la Sección Primera de la Audiencia

EL EX PRESIDENTE ESTÁ EXPEDIENTADO POR EL PODER JUDICIAL A RAÍZ DEL 'CASO BORNIA' DERIVADO DE 'EOLO'

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Los magistrados Miguel Ángel Parramón y José Antonio Martín, instructor el primero del caso eólico e imputado el segundo por la derivación eólica del caso Bornia, por un supuesto asesoramiento de Martín al entorno de un narcotraficante pendiente de juicio en la Sala que presidía, optan a presidir la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas mediante concurso, al producirse en la misma la vacante del magistrado Salvador Alba, que pasa a reforzar la Sección Sexta.

José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia de Las Palmas suspendido en su cargo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del caso Bornia, se enfrenta a un supuesto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, del que le ha acusado el Ministerio Fiscal en el caso abierto en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a raíz de las primeras investigaciones de Miguel Ángel Parramón, que detectó esas supuestas negociaciones prohibidas de José Antonio Martín por medio de uno de los investigados en Eolo, Wilebaldo Luis Yanes, para asesorar antes del juicio en su propia Sala al entorno del narcotraficante Rafael Bornia.

El ex presidente de la Audiencia, al que el fiscal solicita dos años de inhabilitación y 9.000 euros de multa en su escrito de calificaciones, pretende citar a declarar en su juicio como testigo al propio Miguel Ángel Parramón, además de al ex presidente del TSJC, Fernando de Lorenzo, al fiscal jefe, Vicente Garrido, y a otros tres magistrados supuestamente conocedores de la investigación original de Parramón a Martín, sus compañeros de Sala Emilio Moya y José Luis Goizueta, además de María Oliva Murillo y el fiscal antidroga de Canarias, Javier García Cabañas.

La defensa de Martín, en manos del letrado Nicolás González-Cuéllar, negó recientemente en su escrito de conclusiones que el ex presidente de la Audiencia, que ahora opta a presidir la Sección Primera, hubiera asesorado a Wilebaldo Luis Yanes o cualquiera de los hermanos Bornia, y pretende demostrar la ilegalidad del proceso abierto con la citación de magistrados y fiscales como testigos al mantener que estos conocían la existencia de una investigación contra su cliente, y nunca pusieron en duda la ecuanimidad de José Antonio Martín en la vista sobre libertad de Bornia de julio de 2005, ni se tomaron medidas cautelares para que no interviniera.

La defensa de Martín pretende también demostrar que no se ha determinado si el juez Parramón puso de inmediato en conocimiento del presidente del TSJC la investigación derivada de la trama para amañar el concurso de asignación de potencia eólica del Gobierno de Canarias sobre el ex presidente de la Audiencia Provincial, al ser éste persona aforada.

Una Sección con otros dos magistrados enfrentados

Ahora, según ha podido saber este periódico, al menos José Antonio Martín y Miguel Ángel Parramón se han presentado al concurso aún no fallado por el CGPJ para ocupar la vacante de Salvador Alba en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, una instancia muy polémica en las últimas fechas a causa de las malas relaciones de sus componentes que se pretende reconducir con estos cambios.

Por escalafón, ambos magistrados tendrían preferencia a la hora de presidir la Sección Primera, por encima de su actual presidenta, Inocencia Eugenia Cabello Díaz. Ésta, como recogió en su día CANARIAS AHORA, fue objeto de graves faltas de respeto por parte del otro magistrado de la Sección, Secudino Alemán, a raíz de un enfrentamiento cuando se celebraban juicios en la isla de Fuerteventura.

El Poder Judicial le abrió un expediente al magistrado Secundino Alemán por esas presuntas faltas de respeto a su presidenta, a la que se enfrentó en Fuerteventura por querer suspender juicios debido a que tenía una reserva de plaza de avión para la una de la tarde de ese día.

El magistrado alegó un ataque de tos para la suspensión de los juicios, a lo que se negaba la presidenta, y que llevó al fiscal a presentar una queja al fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, y trasladarla éste al presidente del TSJC, Antonio Castro, con la consiguiente apertura de diligencias.

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