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Protesta contra la expulsión de Morales

POR MANIFESTARSE CONTRA LAS PROSPECCIONES

Medio centenar de personas se concentran frente a la Subdelegación del Gobierno en Arrecife.

Medio centenar de personas se ha concentrado esta mañana en la puerta de la Subelegación del Gobierno en Arrecife contra el expediente de expulsión abierto a José Morales y las multas contra otros seis manifestantes contra las prospecciones petrolíferas. La concentración estaba convocada por Intersindical Canaria y el Movimiento Ciudadano Canarias dice No a las Petroleras. Transcurrió de forma pacífica con consignas como "Libertad de expresión" o "democracia sí, dictadura no".

Según señala el colectivo, respecto a la protesta contra el ministro Soria por la que se abrieron los expedientes, "en aquella improvisada concentración del mes de febrero no se produjeron agresiones físicas, cortes repetidos de tráfico, destrozos o cualquier acto que supusiese daños contra las personas, el mobiliario público o efectos personales. Aparte de los testigos, es evidencia de ello que no se practicó ni una sola identificación ni mucho menos detención por parte de los agentes de la Policía Nacional allí presentes, y que no se tiene constancia de una sola denuncia particular por agresión, intimidación ni ninguna otra causa".

"Queremos expresar con esta acción -señalan- nuestro rechazo a estas medidas que coartan el derecho de libre expresión, y no sólo a esas siete personas, sino también a nivel colectivo, ya que se puede estar intentando crear un clima de miedo, que limite la capacidad ciudadana de reacción ante las decisiones políticas que no sean compartidas por la mayor parte de la población".

Cuestionamiento al Estado

Por otra parte, el diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, presentó el pasado jueves en la Mesa del Congreso de los Diputados una pregunta sobre expulsión e la que cuestiona al Gobierno si considera "necesario, equilibrado y justo expulsar a un ciudadano de un Estado por participar en una manifestación pacífica".

Coscubiela pregunta los motivos por los que se desestimaron las alegaciones de Morales, si el Gobierno considera que un proceso de este tipo debe realizarse extrajudicialmente y si "se debe suponer de dicha decisión que a partir de ahora la política del Gobierno será la expulsión de todas aquellas personas sin nacionalidad española que participen en movilizaciones sociales".

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