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Ocho meses sin cobrar la prestación de inserción

EL RETRASO AFECTA A UNOS 260.000 CANARIOS

La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales sostiene que el Gobierno canario vulnera derechos sociales, en empleo y vivienda.

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Koldobi Velasco, miembro del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, ha denunciado que unos 260.000 canarios llevan ocho meses sin cobrar la prestación de inserción recogida en la legislación para las personas con menos recursos de las Islas.

El Colegio, diferentes asociaciones y colectivos, sindicatos y particulares presentan este jueves la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con el objetivo de "frenar el deterioro, la degradación y el desmantelamiento de los servicios sociales" en el Archipiélago.

Al calor de un manifiesto, la organización sostiene que se están vulnerando derechos sociales, en materias de empleo y vivienda. En declaraciones al programa El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, Koldobi Velasco ha enumerado alguna de estos incumplimientos. "Hay retrasos de nueve meses en las pensiones no contributivas, retrasos en el apoyo a personas con situaciones de diversidad funcional o una reducción de 34 millones hacia el colectivo de atención de la infancia y la familia".

Velasco ha señalado que "uno de cada tres niños" en Canarias está bajo el umbral de la pobreza. "No sólo aumenta la situación de gravedad y de injusticia, sino que además se recortan los servicios", ha lamentado.

La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales ha anunciado que emprenderá una serie de acciones de protesta, que darán inicio el próximo lunes 27 de diciembre con una movilización en la calle Triana de la capital grancanaria a la que han denominado Contra los recortes, apadrina un banquero.

"Sí hay dinero, pero no se invierte en la cobertura de las necesidades básicas de la población", ha aseverado Velasco, quien critica que se gasten 34 millones para la asistencia técnica y política al presidente del Gobierno de Canarias y sólo 23 para la prestación canaria de inserción. "La inversión favorece intereses del capital y de algunas personas privilegiadas", ha concluido.

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