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Cuadernos del Albagate / Vicente Garrido se moja

El fiscal jefe de Canarias une su futuro al de su subordinada Evangelina Ríos, a la que tendrá que interrogar en las dos causas que sobre el Albagate tiene abiertas el TSJ de Canarias

Los jueces de a pie, los que se ven las caras todos los días con los justiciables, deploran la tibia actuación de la autoridad (judicial, por supuesto) y piden depuraciones sin señalar expresamente a Alba

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El decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González.

El decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González. Europa Press

10:30 horas. El fiscal jefe de Canarias llega con retraso a su anunciada comparecencia en la Comisión de Gobernación y Justicia del Parlamento de Canarias. La avería de un avión de Binter provoca la demora. Tras exponer la retahíla de datos de la Memoria 2015 del Ministerio Público en las islas, Garrido hace una primera alusión al escándalo del Albagate, que sacude la judicatura canaria desde hace meses. Lugares comunes, buenos deseos, el problema lo tienen otros, es su relato. Todos los grupos, excepto el PP (como era de prever), le piden que se moje un poco más y Garrido lo hace. Desde este lunes, 14 de noviembre de 2016, el fiscal jefe de Canarias ha unido su futuro al de su fiscala delegada de Delitos Económicos de la provincia de Las Palmas, Evangelina Ríos, a la que respaldó sin fisuras en la investigación “pre-procesal penal” que llevó a cabo por inspiración “anónima” de José Manuel Soria entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 sobre la magistrada Victoria Rosell, en aquellos momentos candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. Ríos no estaba sola. Sus actuaciones venían firmadas por el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales, al que prestaba apoyo –también sin reservas- el fiscal jefe Garrido.

“A la espera de lo que diga el Supremo”, ganó tiempo Vicente Garrido cuando se le recordó que aquella investigación fue anulada por el TSJC por vulneración de derechos fundamentales, lo que no fue obstáculo para que, no obstante, su diligente Evangelina Ríos mandara el producto de su empeño al Consejo General del Poder Judicial, que no encontró nada punible en el desempeño de la pre-procesalmente investigada.

Aquello provocó un soberano cabreo en José Manuel Soria, como ha quedado de manifiesto en la grabación que al juez Alba (y al abogado Armario) hizo el empresario Miguel Ángel Ramírez. “La Fiscalía se equivocó, tenía que haberle metido una querella”, dice Armario que le dijo Soria a Salvador Alba en el encuentro preparatorio de aquella reunión que todos hemos escuchado escandalizados.

Ya se sabe: si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, debió decirse el ex ministro, que ni corto ni perezoso interpuso querella contra la diputada, primero por injurias y calumnias, y al ver el fiasco de la Fiscalía, también por cohecho, prevaricación y retardo malicioso. Le tuvo que ayudar Alba, gentilmente colocado en el puente de mando del Juzgado de Instrucción 8 por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, al corriente de todo, según dice el magistrado corrupto en la misma conversación grabada y adverada por la Guardia Civil.

A Vicente Garrido le ha dado exactamente igual que la Fiscalía del Supremo pidiera por dos veces el archivo de la querella de Soria. No podía dejarlo tirado. Ni puede ahora dejar tirada a su fiscala Ríos. Por eso y porque “si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo”, es él personalmente el fiscal que actúa en la querella del ex ministro (ahora en el TSJC) y en la causa abierta contra Salvador Alba por un repóquer de presuntos delitos que tiene a gran parte de la judicatura canaria (y a una buena porción de la española) con los ojos como platos.

Alba no quiere que Victoria Rosell esté en esa instrucción como perjudicada, como víctima de aquel complot. Vicente Garrido, tampoco. Y por eso se ha adherido al recurso que a tal fin ha interpuesto el abogado de Soria, perdón, de Alba, Nicolás González-Cuéllar Serrano.

Ahí permanece impasible, como si él nada hubiera tenido que ver con los orígenes de este espectáculo, dispuesto a interrogar como testigo a Evangelina Ríos en los dos procedimientos (el de Soria contra Rosell y el de la Justicia contra Alba). Sabe que Alba puede tirar de ella hacia el vacío, que los acuerdos con Ramírez necesitaron de su complicidad, al menos para celebrar aquella fantasmagórica comparecencia de 23 de marzo en la que se ejecutaron. ¿La tendrá grabada?

Dice Garrido que la Fiscalía General del Estado está al corriente de todo, y que lo apoya en todo. A él y a la fiscala Ríos. Veremos.

 

14:30 horas. El decano de los jueces de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, comparece ante la prensa después de varias horas de reunión de la junta general de jueces de ese partido judicial. Único asunto del orden del día, reacción a los últimos acontecimientos ocurridos en torno a la judicatura canaria. Más exactamente, reacción ante la falta de reacción por los escándalos provocados por Salvador Alba Mesa en su empeño por extender sus problemas con la justicia al resto de sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Fue necesario ese salto al vacío del juez corrupto para que sus compañeros de los órganos unipersonales (juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, Contencioso-Administrativos, de Familia, Mercantiles…) reaccionaran. Habían aguantado hasta ahora estoicamente el escándalo provocado por el descubrimiento del complot de Alba contra Victoria Rosell; habían soportado en silencio oficial el silencio oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyo presidente también aparece en aquella conversación entre el magistrado Alba y el empresario Ramírez.

Pero poner el ventilador de la mierda a salpicar a los demás compañeros se convirtió en un hito intolerable.

Los jueces de a pie, los que practican la justicia a pie de obra, los que cada día se ven las caras con los justiciables, están indignados por la inacción de las autoridades judiciales gubernativas. Les cabrea que el Consejo General del Poder Judicial no haya apartado cautelarmente a Alba, que el TSJC lo mantenga en su puesto, juzgando casos de toda índole (particularmente los de corrupción del PP), como si nada hubiera pasado; que Antonio Doreste, presidente del alto tribunal canario, no haya abierto la boca ni siquiera para reivindicar su propiedad.

Les costó llegar a un documento de consenso en el que se evitara un reproche expreso a Salvador Alba, al que ni siquiera mencionan. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece y de la que fue portavoz regional, no quiere condenarlo todavía. Seguramente prefiere esperar a ver hasta dónde llegan los efectos del ventilador, la única escapatoria que a día de hoy tiene Alba para blindarse.

Está previsto que este martes se reúna, por fin, la Sala de Gobierno del TSJC. Puede ocurrir cualquier cosa. Mañana, en los Cuadernos del Albagate.

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