Nada cambia pese a la crisis. El Gobierno de Canarias se desgañita formulando propuestas para acabar con esa tragedia colectiva que es el desempleo pero, puertas adentro, aplica otros cuentos. Y unos cuentos que suenan sangrantes. En este periódico les hemos ido informando de esos 505.000 euros gastados en cuatro asesores externos por la fórmula del contrato en precario y con seguro autónomo que termina derivando en denuncia del afectado/perjudicado/beneficiado y, acto seguido, en la conversión del asesor en trabajador público de plantilla. Ese es el caso, por ejemplo, de un asesor que, en los últimos tres años, ha cobrado del Servicio Canario de Empleo la cantidad de 169.490,66 euros por una asesoría en materia de fomento de empleo. El destinatario de ese contrato de asesoramiento es pareja sentimental de un alto cargo de Coalición Canaria que, tras esa fase ya cobrada, lo ha situado en tareas vinculadas al protocolo parlamentario en lo que llega el juicio por la demanda laboral que ya ha interpuesto en el juzgado de lo Social correspondiente. En ella, el demandante reclama que se le reconozca que las funciones que desarrolló en el Servicio Canario de Empleo fueron las propias de un funcionario o de un personal laboral. Es la misma táctica que con éxito han utilizado otros dichosos asesores, como aquella trabajadora de la construcción colocada en la Agencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y otros elegidos para la gloria en ese Servicio Canario de Empleo que han tenido contratos especiales por debajo de 18.000 euros.