El verano se prometía más fresquito que anteriores estíos, pero la canícula no perdonó al sector de los centros de formación. Andan calientes las academias, concretamente en la patronal Cecap-Acacef, con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. No toda ella, cierto es. Las críticas se dirigen hacia la titular del área, Marisa Zamora, y el secretario general técnico, Juan Carlos Pérez Frías, por un quítame alla esos avales. Las empresas privadas dedicadas a impartir cursos de formación a parados solicitaron a Empleo quedar exentas de presentar un aval para optar a los fondos públicos, gravoso trámite que se ahorra patronales, sindicatos, fundaciones o las administraciones locales. Al margen de la habitual queja sobre competencia desleal entre los sectores público y privados, las academias se quejan de la demora en la devolución de los avales: las garantías correspondientes a la convocatoria del pasado año todavía no se reintegraron, aunque los cursos concluyeron el pasado marzo. Y los bancos, faltaría más, no perdonan los intereses ni sueltan los depósitos del 25% del importe total avalado. Pero no se vayan todavía, que aún hay más.