Es difícil imaginarse que en la Autoridad Portuaria alguien se haya preocupado por el contenido de una carta que ha recibido de la UE poniendo a sus responsables de chupa de dómine. No esperamos dignidad en esa entidad pública, de la que verdaderamente no esperamos nada. De manera distinta ha caído la misma carta -o similar, porque no la hemos podido cotejar- en las oficinas municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde los técnicos no saben dónde meterse de la vergüenza que les ha producido tan sonoro y evidente tirón de orejas jurídico. Miran y remiran los artículos de la directiva violentada, buscan una salida jurídica digna, piensan en qué habrán hecho ellos para merecer tanto escarnio público y concluyen que la única salida es política: dar marcha atrás y convocar el concurso con todas las garantías legales.