La sentencia sobre el caso del topógrafo de La Oliva contiene un par de párrafos que requieren ser muy tenidos en cuenta por los ciudadanos, por las Administraciones públicas y por la propia Justicia. Dice el ponente de la sentencia que parece increíble que el asunto no haya llegado a los juzgados antes cuando era un clamor en La Oliva que su alcalde, Domingo González Arroyo, del PP, había contratado a su yerno como topógrafo sabiendo que no reunía los requisitos legales para producir tal contratación. Nos alegramos de tan sesuda conclusión, que automáticamente nos debe llevar a preguntarnos qué pasa con todos los escándalos políticos y empresariales que son un clamor y que se conocen de modo cierto en las redacciones de los periódicos, en las peluquerías, en los bares, en los bulevares, en las comisarías de Policía y hasta en los Juzgados. Lo que no se denuncia en esta tierra no existe, y no todo lo que se denuncia camina por los mismos derroteros. Luego, felicitamos por sus buenas intenciones al autor de la sentencia, pero nos cuesta mucho trabajo creerle.