Pero no es sólo la señora Roldós la que tiene que estarse planteando un problema moral. Su esposo, Francisco Hernández Vulcan, tiene los mismos problemas entre manos. El director del 1-1-2 ocupa un cargo público, cobra un salario del erario público y tiene contraída una deuda con la Seguridad Social de manera solidaria con su señora esposa y otros dos socios. El dilema es claro: ¿puede un cargo público mantener una deuda con la Administración? ¿Alguien en el Gobierno de Canarias le va a exigir que salde la deuda o, por el contrario, presente su dimisión con carácter irrevocable? El PP comete el pecado de reincidencia porque conoce perfectamente el curriculo de Hernández Vulcan. Durante su etapa de gerente de Gesplan dejó un llamativo reguero de frivolidad y de una gestión disparatada.