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Soria pone en manos de sus abogados la acusación de Victoria Rosell

El líder del PP canario ha hecho estas declaraciones después de que la candidata de Podemos haya manifestado que está detrás de las investigaciones que ha iniciado sobre ella la Fiscalía

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El ministro de Industria, José Manuel Soria (c).  EFE/Ángel Medina G.

El ministro de Industria, José Manuel Soria (c). EFE/Ángel Medina G.

El ministro de Industria y presidente del PP canario, José Manuel Soria, ha decidido poner en manos de sus abogados la acusación que le ha formulado la candidata de Podemos Victoria Rosell de estar detrás de las investigaciones que iniciado sobre ella la Fiscalía.

"Lo he puesto en manos de mi abogados para que lo estudien, porque me parece que es grave se acuse a nadie de estar utilizando nada más y nada menos que a la Fiscalía", ha manifestado Soria a la prensa, al ser preguntado por las primeras afirmaciones de Rosell en las que le señalaba como inductor de esas diligencias, que luego la candidata de Podemos ha ampliado en rueda de prensa.

El líder del PP canario ha defendido que "no todo vale, ni en la vida ni en política y, por tanto, cada cual tiene asumir las consecuencias de lo que hace y de lo que dice".

"Será la Justicia la que tenga que dilucidar si alguien que está en el ejercicio de la judicatura, al propio tiempo que instruye una causa, puede hacer negocios, ella directamente o su pareja, con la persona a la que le está instruyendo la causa. Yo eso lo desconozco y, por tanto no puedo, opinar", ha dicho el ministro.

Cabe recordar que  el Ministerio Público ha abierto una i nvestigación prejudicial contra la candidata de Podemos por la presunta comisión de una falta disciplinaria en el ejercicio de su actividad como juez. De hecho, la fiscala  pretende vincular el contrato suscrito entre la Unión Deportiva Las Palmas, club presidido por Miguel Ángel Ramírez, y Clan de Medios, empresa administrada por Carlos Sosa, pareja de Rosell, con la causa abierta por la magistrada en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria contra Ramírez por un presunto delito fiscal. 

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