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La defensa cree que los afectados de Hoya Pozuelo buscan lucrarse

El letrado de Cortezo defiende que el promotor estaba "plenamente convencido" de que las viviendas se ajustaban a la legalidad

El abogado de Juana rosa Fuentes, la otra acusada, ve indicios "serios" de falsos testimonios contra los imputados

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Álvaro Campanario y Miguel Losada. (ALEJANDRO RAMOS)

Álvaro Campanario y Miguel Losada. (ALEJANDRO RAMOS)

Los abogados defensores del empresario Jaime Cortezo y de la contable Juana Rosa Fuentes han defendido este martes en las conclusiones finales del juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo que la única voluntad de los querellantes durante el proceso ha sido lucrarse a costa de la sociedad del promotor y que prueba de ello son las elevadas cantidades que han reclamado en concepto de quebranto económico y daños morales.

El exmagistrado Miguel Losada, que ha representado a Jaime Cortezo en este litigio, ha alegado que el largo proceso judicial y todas las acciones que ha acometido el empresario en distintos frentes -ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- para intentar demostrar que las viviendas no invaden la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas constatan que "estaba plenamente convencido de que lo que había hecho se ajustaba a la legalidad".

Losada ha insistido en uno de los argumentos más reiterados durante la vista oral por la defensa para intentar revelar la buena fe del empresario, la devolución de 1,8 millones de euros a aquellos vecinos que compraron sobre plano en una fase posterior de la promoción.

El abogado ha intentado desacreditar las versiones ofrecidas por los denunciantes sobre su desconocimiento de los problemas que arrastraban las viviendas. De María Candelaria (Laly) Sánchez manifestó que, "como era injustificable que, siendo periodista, alegara falta de información, declaró que Cortezo le dijo que no se iba a tirar la casa y que no se fiaba de lo que salía en la prensa".

Acerca de Julián Téllez, recordó que fue al Ayuntamiento de Telde a preguntar por las cargas de la vivienda porque "conocía lo que pasaba por el señor (Antonio) Antón. Sobre este último, que era en ese momento director del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias, consideró "curioso" que no se hubiera enterado de la afección "estando tan vinculado" al Ejecutivo regional.  Además cuestionó que se erigiera en el adalid de la querella cuando "no era propietario de la vivienda", puesto que había transmitido su parte a su mujer, Clotilde Saavedra. tras la disolución de la sociedad ganancial.

"Tanta zozobra les dio la orden de derribo de 2006, en la que les daban 15 días para tirar la casa, y no se ha cumplido. A lo mejor es que compraron bien y sabían que no se iban a derribar", concluyó el letrado.

Indicios de falso testimonio

El abogado de la acusada Juana Rosa Fuentes, Álvaro Campanario, ha apreciado en la vista oral desarrollada desde hace tres semanas en el Palacio de Justicia de Las Palmas "indicios claros de falsos testimonios contra los  imputados".  Si el letrado de la acusación Juan Sánchez Limiñana se refirió de forma irónica a los compradores como el club de los tontos, Campanario los ha situado en el grupo de los listos, ya que algunos de ellos, "sin tener legitimación activa y sin estar adectados", se han personado en el proceso.

Y como el "más listo de los listos" ha nombrado a Antonio Antón, quien, "tras manifestar que no sabía nada y que no hablaba con ellos, de la noche a la mañana pasa a liderar a los vecinos y los convence para ir al despacho de (Josefina) Navarrete y a presentar la querella".

Para el letrado, entre los supuestos perjudicados se está "intentando colar a personas", lo que le parece "de una gravedad extrema". Campanario ha criticado además las indemnizaciones "astronómicas" que se han solicitado por los daños económicos y morales.

En relación a la acusación contra su clienta, Juana Rosa Fuentes, estimó que no tiene "justificación ni fundamento", puesto que la contable se limitó a "hacer un favor a una compañera de trabajo" (Victoria González) que no podía acudir a la firma de las escrituras porque los compradores querían rubricar la operación por la tarde. "No existió un intercambio de palabras ni tenía ánimo de lucro, puesto que ella tenía un sueldo y no cobraba ningún tipo de comisión por la venta", apostilló.

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