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El Tribunal Supremo reitera la ilegalidad del edificio de Los Tarajales

El inmueble invade la zona de servidumbre de Tazacorte y ha dado lugar a una causa en la que hay una treintena de técnicos y políticos imputados.

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El edificio de Los Tarajales en Tazacorte ha dado lugar a más de una decena de sentencias. En todas ellas se ratifica la ilegalidad de este inmueble por estar construido dentro de dominio público de Costas. Desde hace años los tribunales tramitan una causa penal en la que permanecen como imputados los miembros de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) que en 2004 aprobaron el plan general de Tazacorte y los representantes en aquel entonces del grupo de Gobierno del Ayuntamiento bagañete.

Ahora ha sido la empresa propietaria del edificio Barcino Inmobiliaria SL la que ha visto como el Supremo reitera que este edificio no se ajusta a la Ley de Costas e invade la zona de servidumbre de protección. Los promotores habían recurrido contra un particular y una empresa quienes habían conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), suspendiera determinados ámbitos de Tazacorte, entre los que estaba el de Los Tarajales.

Sin embargo, de poco valió esta victoria ya que los ámbitos fueron aprobados con posterioridad, excepto en lo que tiene que ver con los usos turísticos. Ya en aquel entonces se decía que Los Tarajales invadía la zona de servidumbre de cien metros. En el momento de aprobación del PGO lo cierto es que este ámbito contaba con todos los servicios para ser considerado suelo urbano y se integraba en la trama del puerto, lo que es rechazado por la Sala basándose en una prueba pericial.

Aún así se indica que es tal el número de fallos judiciales que se han pronunciado sobre esta cuestión que la calificación del suelo ha quedado claramente establecida. La línea de deslinde fue aprobada en 2001 y consideraba este suelo como urbano. Sin embargo, en 2004 los tribunales determinaron lo contrario. Curiosamente la licencia fue otorgada después de que se emitiera el fallo de la Audiencia que anulaba la anterior línea de deslinde, pero antes de que se conociera públicamente su contenido. Los recursos se han dirigido en algunas ocasiones en contra del deslinde y en otras -como ocurre en este caso- contra el plan general.

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