El caso Arona 1 se juzgará en 2015 y la vista oral durará al menos cuatro meses

El caso Arona 1, una de las mayores tramas de corrupción político-urbanísticas que se conocen en Canarias, no se juzgará hasta bien entrado 2015, y la vista oral podría tener una duración de entre cuatro y seis meses, según calculan en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que ha recaído la causa que salpica de lleno a Coalición Canaria y de refilón, al PP.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial acusa a 17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, y afirma que la mayoría de estos delitos fueron continuados en el tiempo.

Sumando, la Fiscalía pide 28 años de penas de prisión y 164 de inhabilitaciones para ejercicio de cargo público o profesional, además de multas millonarias. Para el exalcalde del municipio turístico del sur de Tenerife, José Alberto González Reverón, pide cuatro años de cárcel y 35 de inhabilitación para cargo público.

Los 63 tomos que recogen la instrucción de lo que se vislumbra como un macrojuicio sobre corrupción organizada, y que llevó a cabo durante cinco años el juzgado de Instrucción 2 de Arona, están custodiados en una caja fuerte del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. Una vez que la fiscal para Delitos contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente pidió en septiembre pasado la apertura del juicio oral, hay al menos dos problemas para poder señalar las fechas del juicio.

La primera, que a la cantidad de acusados hay que sumar sus abogados de defensa, los de la acusación (Felipe Campos y Antonio Espinosa), además de la cantidad de testigos y peritos previstos, más de un centenar. Eso ha llevado a la Sección Sexta a calcular que la vista oral podría durar entre cuatro y seis meses, y a solicitar al Poder Judicial y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias la creación de un tribunal especial para llevar a cabo el juicio, de forma que la Sección no quede paralizada y pueda resolver también otras causas, algunas por jurado popular, según han aclarado fuentes judiciales a Tenerife Ahora.

La segunda es que para ello hay que contar con una sala suficientemente amplia, y en el Palacio de Justicia tinerfeño la única de dimensiones posibles es la que se destina a juicios por jurado y delitos por mafias del tráfico de drogas, por lo que es de prever interrupciones en la vista, lo que la alargaría más.

Contratos a amigos, cobro de comisiones…

El caso Arona 1 abarca el primer mandato de González Reverón como regidor aronero por Coalición Canaria, entre 2003 y 2007. Se centra en que en ese tiempo se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80 permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos municipales.

La trama de supuesta corrupción fue denunciado por Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, pero su impulso, y quien lo puso en conocimiento del abogado Felipe Campos, fue José Antonio Reverón, también en el PSOE y ahora concejal de Ciudadanos por Arona.

José Alberto González Reverón continuó como alcalde hasta noviembre de 2012, cuando fue acusado en firme por un delito de prevaricación por haber adjudicado a dedo, sin sacar las plazas a concurso público, dos contratos municipales. Y en ese tiempo, entre 2007 y 2012, las irregularidades en las adjudicaciones de obras, licencias y servicios se habrían mantenido, lo que ha dado lugar a los casos Arona 2, Arona 3 y Arona 4, que aún siguen abiertos.

El exalcalde se enfrenta a tres años de prisión y 35 de inhabilitación, más una multa de 22.500 euros por prevaricación continuada, prevaricación urbanística continuada y tráfico continuado de influencias. González Reverón ya fue condenado en firme por la Audiencia Provincial en noviembre de 2013 a cuatro años y medio a la inhabilitación para cargo público por asignar dos contratos municipales a dedo sin sacar las plazas a concurso público. El caso Enchufe acabó con su carrera política.

A él se le suman los siete concejales de la formación nacionalista en esa legislatura: Antonio Sosa (CC), entonces concejal de Urbanismo y en la actualidad, primer teniente de alcalde, además de responsable de Playas y Medioambiente y portavoz del grupo de Gobierno municipal. Se le acusa de malversación de caudales públicos y de delito continuado de prevaricación. La Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación especial por prevaricación, y uno de cárcel más multa de 6.000 euros por malversación de caudales públicos.

Le siguen Manuel Barrios (CCN), que fue mano derecha de González Reverón pero que resultó absuelto en el caso Enchufe, al que se acusa de delito continuado de prevaricación urbanística y prevaricación ordinaria, y para el que se piden otros 10 años de inhabilitación especial.

Por los delitos de prevaricación urbanística (o contra la ordenación del territorio), y un delito continuado de prevaricación ordinaria, también están condenados los exconcejales Daniel Martín Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa legislatura y luego Grupo Verde), Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN).

Las peticiones de pena mayores

Las peticiones de prisión, inhabilitación y multa aumentan con Félix Sierra, concejal por el PP en el mandato 2003-2007 y además consejero delegado de Sur del Cabildo de Tenerife, que es acusado de cohecho, delito continuado de prevaricación urbanística y de llevar a cabo negociaciones prohibidas a un funcionario público. La Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios.

Los restantes acusados, técnicos municipales y empresarios, serían parte esencial de la trama y beneficiarios de la misma. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros).

La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho.

Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros.

Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.