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Ashotel ve un “grave error” que el PP plantee una regulación laxa para el alquiler vacacional

Marichal recuerda que Barcelona ha paralizado las licencias tras los conflictos de convivencia entre residentes y turistas y un juzgado de Valencia ha prohibido esta actividad por molesta

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Jorge Marichal, presidente de Ashotel.

Jorge Marichal, presidente de Ashotel.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) considera un “grave error” la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto al proyecto de decreto del Gobierno canario para regular el alquiler vacacional en el Archipiélago.

En una moción presentada el 12 de febrero ante la Mesa de la Cámara, el PP quiere que el Ejecutivo autonómico aplique una regulación muy laxa a esta actividad y que se atiendan, en esta misma línea,todas las alegaciones de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav).

Según el documento presentado, el PP pide que se elimine el requisito de autorización previa de la comunidad de propietarios para el ejercicio de esta modalidad, recogido actualmente en el proyecto de decreto.

Ashotel opina que tal autorización es “fundamental”, ya que se trata de “un uso secundario de una vivienda residencial y que, por tanto, modifica su destino y uso originario”.

Esta realidad podríaser motivo de molestias y conflictos para el resto de vecinos y propietarios que habitan el inmueble y que desconocían al adquirir su vivienda, tal y como ha sucedido en otras ciudades españolas.

Al hilo de esta realidad, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, recuerda lo sucedido en Barcelona, donde su Ayuntamiento ha paralizado la concesión de licencias para pisos turísticos, después de los numerosos conflictos de convivencia generados entre residentes y turistas en varios barrios de la ciudad. “Lo que hemos visto en Barcelona no es más que un ejemplo de lo que podría suceder en Canarias si no segregamos claramente los usos turístico y residencial”, explica.

Asimismo, apunta también a Valencia, donde un juez ha prohibido el alquiler vacacional en un edificio residencial, tras la denuncia presentada por una asociación vecinal, harta de las numerosas molestias que provocaba esta actividad a los residentes del inmueble, al tiempo que ha condenado a la empresa que comercializaba estos pisos a pagar 5.000 euros a cada uno de los afectados en concepto de daños morales.

Marichal advierte de la contradicción del PP, que en Canarias aboga por una reglamentación laxa, mientras que en Baleares, su Gobierno, presidido por el popular José Ramón Bauzá, se ha opuesto a esta regulación y convierte a esta comunidad en la única de ámbito turístico donde no se permitirá el ejercicio de esta actividad de forma legal en fincas residenciales.

Cifras “sorprendentes”

Ashotel cree “sorprendente y exagerado” que en el documento del PP se hable de 53.000 familias dependientes en Canarias de esta mal llamada modalidad de comercio colaborativo.

De ser así, una simple comparación con la población residente total del Archipiélago (2.118.679, según último padrón municipal a 1 de enero de 2013) y suponiendo que cada familia esté formada por una media de tres personas, llegaríamos a la conclusión de que casi el 8% de los residentes en Canarias dependería de esta modalidad económica, “sin duda una cifra exagerada”.

De ser cierto este dato, se estaría afirmando que hay más personas que dependen del alquiler vacacional en las Islas que trabajadores de la hostelería (123.000 según las cifras del Instituto Canario de Estadística sobre el empleo directo registrado en el sector en diciembre de 2014).

Otro de los motivos que argumenta en su moción el PP es la necesidad de adaptarse a las nuevas modalidades y proceder a su regulación. Al respecto, Marichal, considera que “no es lógico hacer leyes para agradar o resolver problemas de colectivos particulares, sino para regular sectores o actividades económicas en respuesta al interés general”.

Mismas normas para todos

Ashotel ha manifestado en reiteradas ocasiones que el alquiler vacacional debe “jugar con las mismas normas del juego” de la actividad de alojamiento turístico que cumplen hoy día los empresarios hoteleros. Además, recuerda que el turismo genera en Canarias en términos de PIB unos 13.000 millones de euros y que crea 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Tampoco acierta el PP en querer aprovechar el proyecto de decreto para incluir la modalidad B&B (bed and breakfast), que la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 5.e, excluye de sus supuestos cuando se refiere al alquiler vacacional. Esta fórmula, conocida en destinos europeos urbanos que nada tienen que ver con el modelo de Canarias, permite la posibilidad de alquilar habitaciones o partes de una vivienda.

“Esta no es una modalidad representativa ni una experiencia turística propia del Archipiélago”, explica Jorge Marichal, quien compara las 2.500 plazas de B&B que recoge el PP en su texto con las 475.000 camas de alojamiento turístico en establecimientos reglados y que cumplen con unos estrictos requisitos para su funcionamiento y oferta de servicios.

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