Admitida una querella contra dirigentes de CC en Santa Cruz de Tenerife por contratos irregulares en la Casa de la Juventud

Nuevo frente judicial para Coalición Canaria (CC). El Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite una querella presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento capitalino contra cuatro cargos públicos del partido -entre ellos el actual alcalde, José Manuel Bermúdez- y una alta funcionaria vinculada a la formación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la contratación del servicio de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud, ubicada en el edificio conocido como Casa Siliuto. 

Además, la magistrada Eva Esther Juárez ha remitido otro bloque de la querella presentada por los socialistas, dedicado a la contratación de mobiliario durante las obras de rehabilitación del edificio, a otro juzgado, el de Instrucción número 1 de la capital tinerfeña, donde la jueza María de los Ángeles Zabala ya había abierto diligencias por el mismo motivo contra la funcionaria Pilar Rodríguez Machín, jefa de servicio de Promoción Económica y de Calidad de Vida del Consistorio durante la época de los hechos (principios de 2019) y, en la actualidad, consejera delegada del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), un cargo de confianza de CC, partido del que es afiliada y con el que concurrió a las elecciones municipales de 2015 y de 2019. 

La querella se dirige, además de contra el alcalde de la corporación capitalina, José Manuel Bermúdez, contra los actuales concejales Juan Alfonso Cabello y Claudia Reverón y la exedil Verónica Meseguer, ahora consejera en el Cabildo de Tenerife. 

Las diligencias iniciales se abrieron después de que un magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa apreciara “una flagrante ilegalidad” en la tramitación de los expedientes de adjudicación de mobiliario para la Casa de la Juventud y decidiera deducir testimonio ante el decanato para dirimir la posible existencia de un ilícito penal en esa actuación. Este juez, Roi López, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de la capital tinerfeña, constató que el gobierno municipal había fraccionado la adjudicación de esos suministros en siete contratos menores (de cuantías inferiores a los 15.000 euros) para tratar de evitar un procedimiento abierto, obviando la legalidad establecida y las advertencias de la Intervención y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. 

El PSOE atribuye la “precipitada, torpe y contraria a derecho” tramitación y adjudicación de esos contratos a las prisas de CC para inaugurar la Casa de la Juventud en la precampaña electoral de 2019, días antes de que se publicara el decreto de convocatoria de los comicios, la fecha límite que fija la Ley Electoral para poder celebrar este tipo de actos propagandísticos. La inauguración tuvo lugar el 26 de febrero de 2019, una semana antes de que se cumpliera ese plazo, y en ella participaron, además del regidor, sus compañeros de partido Fernando Clavijo, entonces presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la reelección, y Carlos Alonso, que también aspiraba a repetir al frente del Cabildo de Tenerife. 

La querella presentada por los concejales socialistas se articula en dos bloques. El primero de ellos está dedicado a los expedientes de contratación del mobiliario y describe los sucesivos intentos del gobierno de CC, tanto en el anterior mandato como en el actual -después de recuperar el bastón de mando con una moción de censura-, para pagar esas facturas, de un importe global de 39.216,29 euros, pese a tener pleno conocimiento por los informes jurídicos y de fiscalización de las “graves irregularidades” cometidas. 

La segunda parte se detiene en los cuatro expedientes de contratación de los servicios de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud, también fraccionados y adjudicados todos ellos a dos empresas del Grupo Ralons por un importe global de 52.727,4 euros por ocho meses. Expedientes que, según expone el grupo socialista, incorporan facturas de periodos en los que la instalación estaba cerrada y en los que, por lo tanto, el servicio no pudo ser prestado. La querella remarca, además, que de los cuatro trabajadores contratados dos pertenecían a CC, ocupando una de ellas en la actualidad un cargo de confianza en el Ayuntamiento, y los otros dos eran “personas afines” a este partido. 

Expedientes de mobiliario

Las obras de rehabilitación de la Casa Siliuto concluyeron el 27 de diciembre de 2018 y la instalación se abrió el 28 de febrero de 2019. Para surtir de mobiliario al centro, el grupo de gobierno no recurrió a un contrato único con el mismo objeto y posibilidad de adjudicarlo por lotes, sino que lo fraccionó en siete menores, “burlando con plena conciencia y voluntad las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público”, reza la querella formulada por el PSOE, que añade que esos contratos “no se documentaron por escrito”, sino que “fueron verbales, sin memorias previas que acreditaran la necesidad del mobiliario correspondiente, sin precios de referencia y todos encargados directamente a empresas concretas en base al criterio personal y las preferencias de las querelladas” Verónica Meseguer, concejala de Juventud en el anterior mandato, y de la jefa de servicio Pilar Rodríguez Machín. 

Entre el material comprado a través de esos contratos menores figuran dieciséis pufs, seis colchonetas, una mesa de ping-pong, un sofá de cachemir de color rojo o una mesa de 1,40 por 2,80 metros por 1.461 euros. 

El escrito presentado por los concejales socialistas describe el modo de proceder del gobierno municipal. La orden de inicio del expediente parte de la concejala Meseguer en octubre de 2018. A partir de ese documento, el mismo para los siete, la jefa de servicio firmó, ya en diciembre, una diligencia en la que manifestaba la necesidad del servicio y especificaba que se iba a tramitar a través de contratos menores. 

Tan solo dos días después, y sin que mediara ningún decreto de adjudicación o de encargo, una de las empresas emitió la primera de las facturas. Es decir, “en solo dos días hábiles, después de acordar que se iba a llevar a cabo la contratación por un contrato menor, ya estaban entregados los muebles y se reclamaba el pago”. En otro de los casos, el de mayor cuantía (casi 15.000 euros), se recibieron en solo cinco días hábiles, con el puente de la Constitución de por medio y a pesar de que eran muebles hechos “a medida”. Una circunstancia que, a juicio de los socialistas, demuestra “con claridad” que ese equipamiento fue encargado a la empresa con anterioridad “y sin ningún tipo de amparo legal”. 

Rodríguez Machín también firmó un informe que la querella tilda de “fraudulento”, el que recoge la afirmación de que con esas adjudicaciones no se alteraba su objeto para evitar el umbral de los 15.000 euros que fija la ley para los contratos menores de suministros.

La Intervención formuló reparos suspensivos a esos expedientes por “omisión de trámites esenciales, fraccionamiento del contrato para alterar controles (como la fiscalización previa) y eludir, por cuantía, la necesidad de contratos de libre concurrencia” previstos en la ley. En lugar de subsanarlos, plantear discrepancias o revisar los expedientes de oficio, la jefa de servicio optó por iniciar un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito para tratar de abonar esas facturas, pero volvió a toparse con informes desfavorables tanto de los servicios jurídicos como de Intervención. En diciembre de 2019, ya con el PSOE en la Alcaldía, hizo un nuevo intento elevando la propuesta de pago a la Junta de Gobierno “de espaldas” a la concejal responsable del área, Elena Mateo. Sin embargo, la regidora municipal, Patricia Hernández, la dejó en suspenso a la espera de un informe jurídico. 

Las facturas terminarían siendo abonadas en diciembre de 2020, de forma excepcional, a través de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito iniciado por la concejala nacionalista Claudia Reverón, titular del área de Juventud tras la moción de censura, y tramitado por la vía de urgencia por la Junta de Gobierno local presidida por el alcalde , José Manuel Bermúdez, y con Alfonso Cabello, otro de los querellados, como secretario y, por tanto, encargado de comprobar que los expedientes cumplían los requisitos legales. 

El gasto fue aprobado con un informe en contra de la Intervención General. La propuesta fue elevada por Pilar Rodríguez Machín el 28 de octubre de 2020, actuando como jefa de servicio pese a que ocho días antes había tomado posesión de su cargo como consejera delegada del IMAS: El PSOE remarca en su querella que es un dato “de vital importancia”, ya que solo los funcionarios públicos que ocupen la jefatura de la unidad operativa pueden elevar esos expedientes a la Junta de gobierno. Y en ese momento, Rodríguez “no lo era”. 

Expedientes de apertura y cierre

El segundo bloque de la querella presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife versa sobre cuatro expedientes para la contratación del servicio de apertura, dinamización y cierre de la Casa de la Juventud entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Las empresas adjudicatarias de estos contratos menores (tres de ellos rozan los 15.000 euros y el último, los 8.500) son Ralons Centro de Formación y Fundación Canaria Ralons, ambas pertenecientes al grupo Ralons. La querella sostiene que cada uno de esos expedientes se tramitó “de forma burda”, con defectos formales y de fondo “que nunca se subsanaron a pesar de haber sido especialmente advertidos” por la Intervención General. 

El patrón se repite. Es la concejala, Verónica Meseguer, quien ordena la contratación y la jefa de servicio, Rodríguez Machín, quien valora su necesidad. La diferencia es que, en esta ocasión, el informe de la alta funcionaria precede al mandato. El concepto de la primera factura es el servicio de apertura y cierre de las instalaciones que habrían prestado entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 “cuatro técnicos especialistas a veinte horas semanales”, así como la “organización y programación de las actividades” en la Casa de la Juventud. El grupo socialista destaca que en diciembre de 2018 el edificio estaba aún en obras y que a principios de 2019 “aún se estaban poniendo muebles”, por lo que “el objeto del contrato es imposible”, ya que no se podía prestar, y, por lo tanto, “la factura es falsa”. 

La querella sostiene que esos “técnicos especialistas” no realizaban actividades de dinamización dentro de la casa puesto que la misma empresa, Ralons, ya prestaba y cobraba aparte ese servicio mediante otro contrato suscrito con la misma área, la de Educación, “con agenda y actividad propia”, de manera que con el importe de las facturas del contrato , unos 7.500 euros al mes, “únicamente se pagaba por abrir y cerrar la instalación, con cuatro empleados, por mucho que dos de ellos se denominaran técnicos especialistas”. Es decir, “se facturaron y luego se pagaron los sueldos de cuatro personas (dos especialistas y dos auxiliares), más la ganancia empresarial, falseando que se estaban abriendo y cerrando unas instalaciones cerradas por obras, haciendo referencia a activides que no prestaban”. 

Dos informes vuelven a cuestionar la actuación municipal. El primero de ellos, de la jefa de Recursos Humanos, concluía que el contrato no cumplía los requisitos estipulados para externalizar el servicio, ya que, entre otras cuestiones, no se había acreditado la imposibilidad de llevarlo a cabo por empleados públicos del Ayuntamiento. La jefa de servicio de Promoción Económica “ya estaba advertida de estos extremos”, apunta la querella, que añade que “no era la primera vez que actuaba así, tenía un recordatorio reciente sobre esta materia y le había hecho caso omiso” y que, por ello, era consciente de que “estaba incurriendo en una flagrante ilegalidad con graves consecuencias para las arcas públicas y en perjuicio del interés general”. El segundo informe es de la Intervención General, que recalcaba, una vez más, que se estaba fraccionando el objeto del contrato.

Con respecto a las otras tres facturas bajo sospecha, el expediente se confeccionó 'a posteriori' para hacer frente a la factura del proveedor, “contratado verbalmente y a dedo”, señalan los querellantes. Con el cambio de gobierno en junio de 2019, la alcaldesa ordenó el cese de la prestación debido a “los múltiples reparos y el carácter irregular de la contratación” y destituyó a Rodríguez Machín como jefa de servicio. Cuando CC recuperó el poder municipal, la alta funcionaria volvió a firmar el informe para elevar a la Junta de Gobierno otra propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito y pagar las facturas. En aquel momento, destaca la querella, ya no era jefa de servicio, puesto que había tomado posesión en el IMAS y, por lo tanto, no tenía potestad para ejecutar esta actuación. 

El grupo socialista apunta, además, que entre el personal adscrito al servicio se encontraba Raquel Rodríguez, que es actualmente coordinadora del distrito de Anaga y, en consecuencia, cargo de confianza de CC en el Ayuntamiento, y otro trabajador que mantenía una relación sentimental con la anterior concejala de Juventud, Verónica Meseguer. Los dos auxiliares “también eran personas afines al partido”, agrega. 

Para los querellantes, existen “indicios plurales y suficientes para sustentar la existencia del conocimiento de la ilegalidad que estaban cometiendo los querellados en el ejercicio de su cargo”, con menoscabo para las arcas públicas. “Se permitió el pago de unas contrataciones, elegidas por propia voluntad, a las que la Intervención se había opuesto”, continúa el escrito, que señala que en lugar de hacer “un mero reconocimiento extrajudicial” de crédito, los órganos gestores debieron “revisar de oficio la nulidad radical del procedimiento”.