El juzgado de instrucción número 3 de Málaga está investigando al gerente de la empresa municipal de aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz Guirado, por el presunto acoso laboral a una trabajadora que denunció irregularidades graves en la tramitación de un expediente de obras. “Las cosas que se me estaban urgiendo a hacer me llevaban a la cárcel”, denunció en su día Trinidad Rodríguez, jefa de la Oficina Técnica de la citada empresa hasta su destitución.
El juez que instruye el caso ha acordado tomar declaración a Díaz Guirado como investigado. También cita como testigos al concejal José del Río (PP), al exsecretario del consejo de administración de Smassa, Francisco Souvirón (que también puso reparos a la obra), al subdirector Leonardo Cordero y a la jefa del equipo jurídico, Cristina Ropero.
La protesta de Trinidad Rodríguez contra su jefe ya había motivado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, después de que el PSOE e IU presentaran sendas denuncias en las que apreciaban indicios de delitos de prevaricación administrativa, incitación al delito, falsedad y manipulación de documentos públicos.
El asunto da munición a la oposición -a cinco meses de las elecciones municipales-, porque afecta a una figura de segunda línea política pero de la confianza absoluta del alcalde, el popular Francisco de la Torre. El regidor y candidato por sexta vez consecutiva recuperó en 2019 a Díaz Guirado, después de que en 2011 fuera objeto de otra investigación en un caso de supuesto cohecho en la concesión de una piscina municipal.
Una obra de ocho millones bajo sospecha
La denuncia de Trinidad Rodríguez causó en su día un notable revuelo político en Málaga. En primer lugar, por la gravedad de lo denunciado, pero también por el foro elegido para hacerlo: en un Pleno Municipal, la mujer, arquitecta técnica con 20 años de experiencia en Smassa, pidió amparo al alcalde y aseguró que su calvario empezó cuando detectó “irregularidades” en la obra municipal para construir un aparcamiento cerca de la playa de El Palo. Rodríguez era la encargada de la dirección y ejecución de la obra, que fue adjudicada en mayo de 2021 por 8.021.342 euros más IVA.
Contó entonces que había informado de esas “graves irregularidades”, que se le dio orden de continuar el procedimiento y que ella se negó a traspasar determinadas “líneas rojas”. Desde entonces, según explicó, la presión fue en aumento, hasta el punto de que se le cambió de funciones sin explicación. Por aquellas fechas Francisco Souvirón, que llevaba 27 años como vicepresidente en Smassa, dimitió. Souvirón, uno de los testigos llamados a declarar, también había puesto reparos a la obra, que el gerente impulsó pese a contar con el rechazo del vicepresidente, de la directora técnica y de dos asesores externos.
Además de realizar una denuncia pública en el Pleno municipal, Rodríguez interpuso contra Díaz Guirado una denuncia penal por acoso laboral, que es la que ahora cobra impulso. Allí, la mujer explica que sufrió “graves actos hostiles y humillantes” por parte del denunciado “de manera reiterada”, principalmente en relación a la obra del aparcamiento de El Palo, y que su cambio de puesto fue “una forma tanto de represaliarla como de evitar testigos incómodos”. Hasta ese momento, Rodríguez era jefa del departamento de la Oficina Técnica y había dirigido unas 40 obras de aparcamientos públicos.
En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la arquitecta asegura que sufrió presiones desde que se inició la promoción de aparcamientos, que luego Smassa (una sociedad mixta participada al 51% por el ayuntamiento) vende a los vecinos. “Durante el periodo de realización de informes para la adjudicación de obras el Gerente me indicó que el interés del concejal (D. José del Río) era que la empresa constructora IELCO-CHM debía ganar, por lo que esa UTE debía sacar en el sobre técnico de 3 a 7 puntos por encima del inmediato perseguidor”, relata. “Debe ser una empresa malagueña”, le explicaron.
Las presuntas irregularidades habrían continuado una vez comenzada la obra, que fue demorándose. Sin embargo, el gerente de Smassa intentó perdonar a la UTE la penalización por los retrasos, mientras se producía un incremento del precio por un cauce no previsto en la ley: se aceptó la modificación por el gerente y luego se buscó una justificación técnica y jurídica al aumento.
El objetivo era aprobar el incremento urgentemente para acelerar la terminación de la obra, que amenazaba con empantanarse a las puertas del periodo electoral. “La UTE necesita el dinero (en torno a un millón de euros) y contigo o sin ti (…) la obra seguirá con esta constructora, que necesita el dinero para finalizar el aparcamiento antes de elecciones”, asegura la denunciante que le espetó el gerente.
Tras estos hechos, Rodríguez activó el procedimiento interno de acoso. Seis días después, el 29 de agosto de 2022, le comunicaron la “modificación sustancial” de su contrato, “una represalia más del gerente por no firmar informes o no dar visto bueno o no guardar silencio ante sus propuestas (con la aprobación del concejal, según me dice)”, se queja la ex directiva del Ayuntamiento de Málaga, que ha denunciado esa modificación ante la jurisdicción laboral.
Munición política para la oposición
Trinidad Rodríguez contó el presunto acoso al que estaba siendo sometida en un Pleno municipal convocado a tal efecto, en el que la oposición reclamó que se abriera una comisión de investigación. PP y Ciudadanos rechazaron el intento. Tampoco llevó a nada la investigación abierta por una comisión externa, pero encargada por Smassa. Hasta hoy, no hay novedades en la investigación abierta a finales de octubre por la Fiscalía.
El equipo de gobierno mantiene la confianza en el gerente investigado. José Del Río, concejal de movilidad, ha cargado contra el PSOE por informar de esta investigación, y ha recordado que en 2019 se archivó la investigación por el caso Villas del Arenal, con el que los socialistas atizaron al equipo de gobierno al final de la pasada legislatura. “Ahora veremos cómo en Smassa no hay nada”, ha confiado. Elisa Pérez de Siles, portavoz municipal del PP, ha resaltado que llamar a Díaz Guirado como investigado “forma parte de sus garantías de defensa”.
El PSOE e IU piden la cabeza de Díaz Guirado. Daniel Pérez, candidato socialista a la Alcaldía, ha pedido a De la Torre que “el zorro deje de estar al cargo del corral”. Pérez ha recordado que Díaz Guirado ya estuvo investigado en 2011, siendo concejal de Urbanismo. Por entonces sonaba como uno de los preferidos de De la Torre, pero fue imputado en el Caso Piscinas, en el que se investigó un supuesto cohecho en la concesión de la piscina municipal de Puerto de la Torre.
“Salió por la puerta de atrás del Ayuntamiento, aunque no se pudo demostrar porque finalmente se retiró la denuncia”, ha dicho Pérez. De la Torre lo recuperó en 2019, poniendo el énfasis en sus “cualidades” y “vocación de servicio público”. Ahora, y de momento, el ayuntamiento guarda silencio. “Le vamos a preguntar [al alcalde] si sigue poniendo la mano en el fuego por el gerente una vez que ha sido llamado a declarar como investigado”, ha anunciado Remedios Ramos, concejala de IU.