Un Aragón sin trabajo, pero con centros de datos

A medida que el debate sobre los centros de datos –esos gigantescos contenedores frigoríficos donde la IA carbura a temperatura constante– avanza en Aragón, la sociedad aragonesa va superando su deslumbramiento inicial ante los multimillonarios anuncios de inversiones, y se abren paso las posiciones críticas. Pretendemos abordar aquí cuatro perspectivas prácticas, alejadas del mero 'nimbyismo' –de 'not in my backyard' (no en mi patio trasero)–, esa postura que se limita a no aceptar por sistema centros de datos cerca de nuestras casas mientras usamos la IA con fruición. No sería justo limitar los centros de datos a los países que no tienen una sociedad civil organizada.

Empecemos por el coste de oportunidad de hipotecar ingentes cantidades de recursos –energía, suelo e ingresos fiscales, principalmente, pero también agua–. Como saben bien en Quinto, un megavatio comprometido con un centro de datos ya no puede utilizarse para ampliar una industria, y el hecho de que Aragón produzca mucha electricidad renovable no significa que dispongamos de una cantidad infinita de potencia utilizable en cualquier punto. Tampoco tenemos suelo ilimitado, aunque Aragón sea extenso: una hectárea ocupada deja de estar disponible para otros usos, y en el gran centro de datos de Calatorao hablamos de más de 220 hectáreas hipotecadas. Y no todos los suelos son equivalentes: secanos, huertas, espacios esteparios, corredores ecológicos o terrenos próximos a núcleos urbanos tienen funciones y valores distintos, pero cuando, como parece que ocurre en Botorrita, una inmobiliaria le ofrece a los agricultores hasta 5 o 6 veces más por hectárea de lo que valen las tierras de secano, toda resistencia se desvanece. En cuanto al agua, en una cuenca acostumbrada a discutir cada metro cúbico entre abastecimientos, regadíos, usos industriales y necesidades ambientales, resultaría paradójico considerar irrelevante el consumo de estas nuevas instalaciones; el hecho de que a su patronal no le haya gustado la intención del Gobierno de España de obligar a publicar datos normalizados de consumo y eficiencia nos debería hacer arquear una ceja. Así las cosas, la refrigeración seca, los circuitos cerrados y la utilización de aguas regeneradas deberían convertirse en criterios esenciales para su implantación. Finalmente, los regalos fiscales deben reconsiderarse. Ni son ya necesarios como palanca de atracción, ni nos podemos permitir renunciar a unos ingresos que precisamos para adaptar el territorio, sus infraestructuras y servicios, al fenómeno de los centros de datos. Tampoco es estético que las multinacionales eviten pagar a los pequeños ayuntamientos aragoneses el IBI o el IAE, o lo hagan arrastrando los pies, como en El Burgo de Ebro o en Villamayor de Gállego.

El segundo aspecto es el calor generado, un recurso del que apenas hablamos. Prácticamente toda la electricidad consumida por los servidores termina convertida en calor y debe evacuarse. En instalaciones que demandan cientos de megavatios estamos hablando de cantidades extraordinarias de energía térmica. En el contexto del cambio climático y de unos veranos cada vez más cálidos, debemos estudiar la huella térmica territorial de estas concentraciones tecnológicas. Durante una ola de calor, precisamente cuando más difícil resulta refrigerar las instalaciones, grandes volúmenes de calor son expulsados al ambiente. Pero podemos invertir el razonamiento: ese calor residual es también un recurso. Podría alimentar redes de calefacción, piscinas, hospitales, residencias, determinados procesos industriales, secaderos agrícolas o invernaderos. En un territorio como Aragón resulta especialmente atractiva la posibilidad de establecer relaciones entre la economía digital y el sector agroalimentario. Esto introduce una variable nueva en la decisión sobre dónde localizar los centros. Quizá no debamos buscar solamente suelo barato, electricidad, agua y fibra. Deberíamos preguntarnos también quién puede utilizar el calor que inevitablemente van a producir. Un centro de datos aislado puede ser una enorme caja que recibe recursos y expulsa calor. Integrado inteligentemente en el territorio puede convertirse en una pieza de un sistema energético y productivo mucho más eficiente.

La tercera perspectiva tiene que ver con nuestra capacidad de elegir. Una vez nos creamos de verdad que nuestra tierra, su simplificada regulación, y sus ansias de prosperidad, son apetecibles, estaremos en posición de elegir estas inversiones para vincularlas a un verdadero proyecto territorial: formación profesional especializada, colaboración con las universidades, desarrollo de proveedores locales, investigación, reutilización del agua, aprovechamiento del calor residual, integración ambiental y mayor creación de empresas vinculadas a la economía digital. Para implementar esta capacidad de elección la administración puede explorar innovadoras herramientas como la que se acaba de poner en marcha en Andorra por parte del Instituto de Transición Justa para elegir los proyectos de generación renovable que mejor vertebrarán el territorio: en él, los criterios de elección –que incluyen proveedores locales, empleo, y localización en zonas especialmente necesitadas de revitalización–. serán transparentes, y los proyectos se evaluarán uno por uno, por orden de entrada.

Y, para finalizar, abordemos con rigor y luces largas el asunto del empleo generado,la zanahoria esgrimida para justificar los sacrificios. Porque, en su fase de explotación, los centros de datos funcionan casi desatendidos, con pocas necesidades de intervención manual. Los algoritmos se producen y actualizan fuera, la gestión de sus servidores también. Por eso, un centro de datos necesita del orden de 35 millones de euros de inversión para generar un solo empleo, mientras que una industria tradicional necesita 100 veces menos. Por si fuera poco, como señala el economista de Oxford Daniel Susskind en su obra 'Un mundo sin trabajo', la IA nos “libera” gradualmente de más y más tareas y trabajos, tanto manuales, como cognitivos y afectivos. Y si los centros de datos no generan empleo a corto plazo y la IA lo destruye a medio y largo, y ninguno de los dos paga impuestos ¿cómo se financiarán los servicios públicos del futuro Aragón sin trabajo?

Así las cosas, no es extraño que la moratoria a los centros de datos ya planee por Estados Unidos, el país que lidera –con el permiso de China, y no sabemos aún por cuánto tiempo– la IA. En solo tres meses, políticos demócratas y republicanos han paralizado inversiones por valor de 130.000 millones de dólares a lo largo de 49 de los 50 estados. Además del miedo a perder las elecciones locales, las causas incluyen el encarecimiento de la electricidad –con subidas proyectadas de entre el 6% y el 29% para los consumidores antes de 2030–, el consumo de agua en zonas en tensión hídrica, y el impacto sobre el paisaje y la calidad del aire. En España, el proyecto de Real Decreto Ley que obliga a los centros de datos a abastecerse mayoritariamente con energía renovable todo el tiempo constituye, en la práctica, una moratoria.

Aprovechémosla para pensar todo un poco mejor.