Sin Estatuto y sin avances: PP y Vox vuelven a dejar en el aire los derechos de las mujeres rurales en Aragón
El medio rural aragonés no se entiende sin sus mujeres. Han trabajado en explotaciones agrícolas y ganaderas, han sostenido negocios familiares, han levantado comercios, cuidado de generaciones enteras y mantenido vivos pueblos en los que los servicios, el empleo y las oportunidades no siempre han estado a la altura de sus necesidades. Sin embargo, una parte de ese trabajo ha quedado relegada a la categoría de ayuda familiar, sin el reconocimiento profesional, económico y social que merece.
Una semana antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el 8 de octubre, en las Cortes de Aragón, la mayoría formada por el PP y Vox rechazó la toma en consideración de la Proposición de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, impulsada por el PSOE. La iniciativa contaba con el respaldo del resto de los grupos de la oposición, pero no pudo continuar su tramitación parlamentaria.
La reivindicación del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón comenzó su recorrido institucional en mayo de 2022, cuando las Cortes respaldaron impulsar la iniciativa y el Gobierno autonómico abrió el procedimiento para elaborar la norma. En marzo de 2023, el Ejecutivo llegó a aprobar un proyecto de ley que contemplaba medidas de empleo, emprendimiento, conciliación, prevención de la violencia y participación femenina. Sin embargo, aquel proceso no culminó en una ley.
El freno puesto por la coalición PP-Vox no significa que desaparezcan los derechos que ya reconocen las leyes vigentes, pero sí significa que Aragón se queda, por ahora, sin una ley autonómica específica que reúna y refuerce las medidas planteadas en este estatuto. Una diferencia que las mujeres rurales califican de “importantes” porque una cosa es reconocer que las mujeres rurales son fundamentales para el territorio y otra convertir ese reconocimiento en herramientas concretas para mejorar sus condiciones de vida.
Y mientras Aragón continúa esperando, otras comunidades sí han podido convertir estas demandas en un marco legal. Castilla-La Mancha aprobó su ley en 2019; Andalucía hizo lo propio en 2024, incluyendo a las mujeres rurales y del mar; y Asturias aprobó la suya en 2026. Son precedentes que demuestran que esta clase de legislación autonómica es posible y que Aragón no está ante una reivindicación sin referentes.
Mucho más que una ley: poder elegir dónde vivir y cómo trabajar
La importancia del Estatuto de las Mujeres Rurales reside en su propósito de abordar dificultades que, en muchos municipios, se acumulan: las barreras para acceder al empleo, las dificultades para emprender, la desigual distribución de los cuidados, el reconocimiento insuficiente del trabajo agrario y la escasa presencia femenina en determinados espacios de decisión.
La propuesta presentada en las Corte pretendía actuar sobre estos ámbitos mediante medidas de formación, empleo, emprendimiento, conciliación y corresponsabilidad, prevención de la violencia contra las mujeres y mayor participación femenina en organizaciones rurales. Además, también planteaba reforzar la titularidad compartida de las explotaciones y el reconocimiento de las mujeres como profesionales del sector primario.
La diputada socialista María Ariño, encargada de defender la iniciativa en las Cortes, resumió esa filosofía con una frase que sitúa la libertad de elección en el centro del debate: “Esta ley no viene a imponer a ninguna mujer cómo tiene que vivir, viene precisamente a hacer todo lo contrario, a darle herramientas para que elija cómo quiere vivir”. Ese es uno de los argumentos esenciales para entender el valor de la norma: no se trata de imponer que las mujeres permanezcan en los pueblos, sino de evitar que la falta de oportunidades condicione su decisión de marcharse.
El trabajo invisibilizado que sostiene el campo y los pueblos
Durante generaciones, muchas mujeres han trabajado en el campo sin figurar necesariamente como titulares de las explotaciones, mientras, al mismo tiempo, se encargaban también las tareas domésticas, el cuidado de familiares y otras responsabilidades esenciales sin las que hubiera sido imposible mantener en funcionamiento las economías familiares. “El titular era otro, el que cotizaba era otro, el propietario era otro y el que decidía, en definitiva, siempre era otro”, apuntaba María Ariño durante su intervención en el debate parlamentario.
Participar en el trabajo de una explotación no siempre ha significado disponer del mismo reconocimiento, autonomía económica o capacidad de decisión que otros miembros de la familia. Por eso, el estatuto aspira a que las mujeres no sean consideradas únicamente colaboradoras de una actividad económica, sino profesionales con derechos, capacidad de liderazgo y voz propia.
Otras voces se han sumado a la defensa del Estatuto de las Mujeres Rurales, por ejemplo, la parlamentaria de Chunta Aragonesista Mary Carmen Bozal lo vinculó con “la igualdad, pero también (con) territorio, (...) servicios públicos, (...) empleo, (...) vivienda, (...) cuidados y (...) futuro para todas”.
Porque la falta de reconocimiento no se limita a la agricultura y la ganadería. También afecta a las mujeres que gestionan pequeños comercios, impulsan iniciativas culturales, trabajan en el turismo rural, prestan servicios profesionales o emprenden en municipios con mercados reducidos y mayores dificultades de acceso a determinados recursos, y que contribuyen de manera activa a mantener las comunidades y a generar actividad económica. En este sentido, en las audiencias legislativas celebradas en las Cortes en mayo de 2025, representantes del ámbito cultural reclamaron expresamente que la futura norma reconociera el papel del trabajo artístico y de la cultura en el desarrollo rural.
El reto del Estatuto no es solamente reconocer a quienes ya trabajan en el campo, sino abarcar la diversidad de mujeres que hacen posible la vida en los pueblos y hacer frente a la desigualdad rural, una lucha que, como apunta Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, “no puede esperar”.
¿Por qué se ha rechazado? El desacuerdo político sobre las medidas
El PP defiende que comparte el objetivo de mejorar las oportunidades de las mujeres rurales, pero pone en cuestión que el acceso a subvenciones y otros recursos públicos se condicione a alcanzar una representación femenina mínima del 40 % en determinados órganos de dirección. El grupo considera que esa exigencia no se ajusta a la realidad actual de las organizaciones rurales, donde la representación femenina todavía no alcanza esos porcentajes.
La discrepancia con la propuesta presentada no se limita al objetivo general de aumentar la presencia de las mujeres, sino que afectaba a la forma de conseguirlo y a las consecuencias de no cumplirlo. La portavoz popular María José Vicente sostiene que una buena intención no convierte automáticamente una norma en una buena ley.
Vox, por su parte, duda de la utilidad y el enfoque de algunas de las medidas, y califica la propuesta de “imposición ideológica”, centrando además su intervención en el debate de las Cortes en otros problemas del sector agrario, como los precios, la burocracia y el relevo generacional.
Desde el PSOE, María Ariño reprocha al PP haber cambiado de criterio respecto a la tramitación anterior mientras que las organizaciones de mujeres rurales, han expresado su enfado y decepción. Carolina Llaquet, presidenta de FADEMUR Aragón, calificó de “incomprensible” el rechazo, y recuerda todo el trabajo técnico y social desarrollado para impulsar la iniciativa.
La consecuencia más inmediata del freno al estatuto es legislativa: ya que las medidas específicas recogidas en la proposición no adquieren fuerza de ley por el mero hecho de haber sido debatidas. Las disposiciones que ya existen en otras normas siguen vigentes, pero las nuevas garantías y obligaciones propuestas no entrarán en vigor dejando varias cuestiones de calado de nuevo abiertas, como el reconocimiento profesional, la conciliación y la corresponsabilidad, la participación de la mujer en los espacios de decisión, el empleo y el emprendimiento y la prevención de la violencia contra las mujeres, ya que el texto incorporaba actuaciones relacionadas con este ámbito, que no podrán ponerse en marcha a través de esta vía.
El papel de las organizaciones rurales: del debate institucional a las necesidades reales
La presencia de representantes de asociaciones y colectivos de mujeres rurales en las Cortes durante el debate del 8 de octubre evidenció que el estatuto no es únicamente un asunto entre partidos. Su contenido afecta a quienes viven, trabajan y desarrollan proyectos en los municipios aragoneses.
El encuentro mantenido el 1 de octubre entre Pilar Alegría, Carolina Llaquet y Pilar Pérez ya había mostrado la importancia de la interlocución con las organizaciones rurales. FADEMUR Aragón y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural llevan años trabajando y aportando perspectivas distintas, pero relevantes, sobre las necesidades de las mujeres y las condiciones para mantener la actividad económica y social en los pueblos.
Con el freno del Estatuto, el siguiente paso para las entidades rurales es evitar que las demandas expresadas durante años queden reducidas a un episodio parlamentario, y ello exige seguir escuchando a las mujeres que trabajan en explotaciones, a las autónomas, a las emprendedoras, a las profesionales de los servicios y a quienes sostienen actividades culturales y comunitarias, además de evaluar las medidas con criterios prácticos: qué problemas resuelven, a quién benefician, qué recursos necesitan, cómo se adaptan a municipios de tamaños diferentes y cómo se mide su impacto, apuntan las organizaciones.
Aragón puede seguir reconociendo en sus discursos que las mujeres son esenciales para el medio rural. Sin embargo, lo urgente es demostrarlo también con decisiones públicas. Porque el futuro del medio rural no se construye solo conservando sus paisajes y sus tradiciones, sino garantizando que quienes quieran vivir, trabajar y emprender en sus pueblos puedan hacerlo con derechos, autonomía y posibilidades reales de elegir su propio camino, especialmente las mujeres. Y para ello, es necesario reunir en un marco autonómico medidas con las que abordar las desigualdades que afectan al empleo, la participación, la conciliación, el reconocimiento profesional y su seguridad y bienestar.