De las denuncias familiares a la vigilancia policial: así controlaba el Patronato a las mujeres en Zaragoza hasta los ochenta
En situación de “peligro moral” por trabajar como camarera en un bar o por vivir sola. Así justificaban los agentes el ingreso de mujeres jóvenes en el Centro de Observación y Clasificación (COC), dependiente del Patronato de Protección a la Mujer en Zaragoza, una institución que mantuvo su actividad durante la Transición y siguió tutelando a jóvenes hasta bien entrada la década de los ochenta. La investigadora de la Universidad de Zaragoza Vanesa Allué ha centrado su trabajo en la Junta Provincial del Patronato y trata de reconstruir su actividad a partir de la documentación histórica que se conserva.
Su investigación comenzó con un trabajo de fin de grado y ha continuado en el máster. Allué considera que para conocer el funcionamiento de esta institución es necesario mirar más allá de su estructura nacional: “La documentación conservada de la Junta Nacional es limitada”, explica. Por eso, defiende que “para conocer realmente cómo funcionaba esta institución y su lógica es necesario estudiarla desde las juntas provinciales o locales”. Su trabajo busca también establecer conexiones con investigaciones realizadas en otros territorios para comprender mejor el alcance de este sistema.
En Zaragoza, una de las estructuras vinculadas a ese control fue el Bloque Social contra la Pública Inmoralidad, recuperado oficialmente el 9 de abril de 1941 y que, según explica Allué, trabajó a menudo de forma conjunta con el Patronato. Su estudio permite aproximarse al control de la moralidad en los espacios públicos que acompañó la actividad de la Junta Provincial. “El estudio del Bloque ayuda a entender el control de la moralidad que pudo haber en las calles”, apunta.
La investigadora destaca también la singularidad de Zaragoza por contar con un Centro de Observación y Clasificación (COC), ubicado en la calle Porvenir, número 14. En ese emplazamiento funcionaba desde 1953 una Casa-Hogar-Taller que posteriormente fue reconvertida en centro de observación. Junto a esta instalación, el Patronato recurría a centros auxiliares gestionados por congregaciones religiosas, como las Oblatas y las Adoratrices. “Documentar la ubicación exacta” de estos establecimientos, tanto los propios como los colaboradores, es uno de los objetivos de Allué.
La investigación no solo permite reconstruir la organización de la institución, sino también recuperar la historia de las mujeres que pasaron por ella. “Es importante transmitir y recuperar su historia, y la de aquellas mujeres que estuvieron internadas en sus centros o bajo vigilancia tutelar”, señala.
Las vías por las que una joven podía acabar bajo la tutela del Patronato eran diversas. Allué apunta a las solicitudes de familiares, las actuaciones de la Jefatura Superior de Policía, las denuncias vecinales, la intervención de visitadoras sociales y las derivaciones del Tribunal Tutelar de Menores. También había mujeres que acudían voluntariamente. “Los motivos de ingreso van a ser principalmente la solicitud de algún miembro del núcleo familiar”, explica la investigadora, aunque advierte de que establecer estadísticas a partir de la documentación de Zaragoza resulta complicado porque “a veces la documentación es un poco ambigua”.
Más de la mitad de los ingresos fueron por motivos “morales”
La dimensión de ese control queda reflejada en el análisis de 401 expedientes de mujeres tuteladas por la Junta Provincial de Zaragoza entre 1963 y 1969 realizado por Gema Pallaruelo Ascaso en su trabajo de fin de máster 'El Patronato de Protección a la Mujer en Aragón: desde 1952 hasta su extinción'. Según este estudio, el 51% de los ingresos analizados se relacionaba con comportamientos considerados moralmente inadecuados. En los documentos aparecen expresiones como “grave peligro moral”, “joven indisciplinada”, “vida irregular” o “conducta inapropiada”, categorías amplias que permitían intervenir sobre situaciones muy distintas.
Entre los motivos que podían despertar la intervención del Patronato figuraban mantener relaciones con hombres casados, trabajar en bares sin autorización paterna o participar en espectáculos considerados inapropiados. El estudio recoge incluso el caso de dos jóvenes vinculadas al espectáculo de variedades Ballet Lolita la de Monóvar. El embarazo fue el motivo de ingreso en el 20% de los expedientes estudiados, mientras que un 12% correspondía a fugas del domicilio familiar.
Las familias fueron la principal vía de entrada en el sistema: solicitaron la protección del Patronato en el 37% de los casos. La segunda vía más frecuente fue la intervención de la Jefatura Superior de Policía, que puso a disposición del organismo al 24% de las jóvenes analizadas. También aparecen derivaciones de visitadoras sociales, juzgados, la Maternidad Provincial y otros organismos de protección de menores.
El trabajo de Pallaruelo recoge, además, 16 casos en los que las propias jóvenes solicitaron voluntariamente la protección, principalmente por embarazos, malos tratos o circunstancias familiares. En otros cinco expedientes, la denuncia procedía de particulares que no parecían tener relación familiar con las afectadas.
Los expedientes originales conservados en el Archivo Histórico Provincial permiten poner rostro a algunas de esas situaciones. En uno de ellos, fechado en mayo de 1969, la Policía justificó el ingreso de una joven en el COC porque trabajaba como camarera en un bar, vivía sola y frecuentaba lugares que los agentes describían como de “la más baja condición moral”. Su familia pidió que abandonara el centro: el padre alegaba problemas de salud y explicaba que su hija era la única que aportaba ingresos al hogar. No consta en el expediente consultado cuál fue la resolución definitiva de esa petición.
Otro documento, de julio de 1969, recoge la petición de una madre de Utebo para que su hija pudiera regresar a casa. La mujer explicaba que tenía problemas de salud y que cerca de su domicilio había una fábrica de calzado en la que la joven podría trabajar y ayudarla económicamente. La respuesta del Gobierno Civil fue que no podía intervenir, ya que la solicitud debía dirigirse a la autoridad u organismo que había decretado el ingreso. El documento no permite conocer si finalmente la joven pudo regresar.
La tutela podía continuar fuera de los centros
La Casa-Hogar de la calle Porvenir comenzó a funcionar en 1953 y fue reconvertida en Centro de Observación y Clasificación en 1965, según el estudio de Pallaruelo. Su gestión estuvo vinculada a distintas congregaciones religiosas, entre ellas las Trinitarias, con las que el Patronato firmó un convenio para atender a las internas. Las religiosas asumían tareas de alojamiento, alimentación, educación y la denominada “regeneración” de las jóvenes. El acuerdo contemplaba que la estancia recomendada no superase un año, salvo que concurrieran circunstancias que justificasen prolongarla.
La tutela podía continuar incluso después de que una mujer abandonara el centro. El externamiento no siempre suponía el fin del control: algunas jóvenes quedaban en situación de vigilancia tutelar y se podían enviar comunicaciones a los alcaldes y párrocos de sus localidades para que supervisaran su comportamiento. El estudio de Pallaruelo recoge el caso de una madre que en mayo de 1968 pidió que su hija, de 20 años, abandonara la institución. La solicitud fue denegada después de que las Adoratrices emitieran un informe desfavorable y consideraran que la joven todavía necesitaba formación.
Las actas de la Junta Provincial conservadas en el Archivo Histórico Provincial también ofrecen una aproximación al alcance de esta vigilancia. A comienzos de 1969 había 125 mujeres bajo tutela: 113 en Zaragoza y su provincia y otras 12 fuera de ese ámbito. Esa cifra no equivale al número de internas que había simultáneamente en los centros, ya que algunas jóvenes permanecían bajo vigilancia tutelar una vez que habían salido de ellos. Durante 1968, la Junta registró 64 altas y 47 bajas.
Entre las causas de finalización de la tutela analizadas, el 41% correspondía al cumplimiento de la edad reglamentaria y el 25% al matrimonio. La legislación de 1952 establecía que las medidas podían mantenerse hasta los 25 años, aunque las mujeres de entre 21 y 25 podían continuar bajo tutela hasta contraer matrimonio.
Una institución que sobrevivió a la dictadura
La actividad del Patronato no desapareció con el final de la dictadura. En 1980, la Junta Provincial de Zaragoza defendió la continuidad del organismo en un documento conservado en el Archivo Histórico Provincial. En él sostenía que “no sólo continúan las causas que hicieron necesaria su creación, sino que se han agravado considerablemente”, una formulación que evidencia la persistencia de los criterios que habían justificado su puesta en marcha durante el franquismo.
Allué considera que la institución “va a seguir siendo un poco la misma lógica durante diez años más”. En 1983, el servicio seguía atendiendo casos en Zaragoza y derivando a jóvenes a las Oblatas y las Adoratrices. Según la documentación y las referencias recogidas por Pallaruelo, en aquellos centros había entre ocho y diez jóvenes. Las embarazadas continuaban siendo enviadas a la institución Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid.
Ese mismo año se hizo efectiva la transferencia del Patronato a Aragón. Sin embargo, las juntas provinciales no fueron suprimidas definitivamente hasta febrero de 1986. Para Allué, la investigación sobre esta institución sigue abierta: “Es una investigación que está en construcción”.