El 'caso Hulla' avanza: Anticorrupción pide hasta 24 años de cárcel por el desvío de fondos públicos de un geriátrico en Asturias
El 'caso Hulla' por el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos de la residencia geriátrica, propiedad del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, empieza a avanzar en los tribunales, diez años después de que comenzara la instrucción y apenas cinco meses después de que se dieran por finalizadas las diligencias de investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha completado su escrito de calificación donde dirige la acusación contra 15 personas y solicita penas que se mueven en una horquilla que oscila entre los tres años y seis meses y los 24 años de prisión.
Las multas que solicita la acusación pública también son millonarias y van desde los 200.000 euros a los 80 millones.
Postigo, 'mano derecha' de Villa
Anticorrupción interesa la pena más elevada, cifrada en 24 años y 6 meses de cárcel y multa de 80,7 millones, para el ex presidente del Montepío de la Minería, José Ántonio Postigo, por su presunta autoría en los delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.
Postigo está considerado como la 'mano derecha' de José Ángel Fernández Villa, el líder minero que durante 34 años -en el periodo comprendido entre 1979 y 2013- estuvo al frente de la Secretaría General del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT).
A sus 83 años, Fernández Villa se ha librado de sentarse en el banquillo de los acusados. Su delicado estado de salud, certificado a través de los informes emitidos por los médicos forenses, ha sido clave para no ser juzgado. Para él se ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
La imputación de familiares
No han tenido tanta suerte su mujer, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández Iglesias. La Fiscalía pide la imposición de una pena individual de tres años y medio de prisión. Además, interesa el pago de sendas multas de 300.000 euros para cada uno de los hijos y de 800.000 euros para su esposa como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
Como partícipes a título lucrativo también figuran Patricia Postigo, hija del expresidente del Montepío, y su exmujer, María Elena Pérez, contra quienes la Fiscalía no dirige acusación.
En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el representante del Ministerio Público pide también el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por “falta de pruebas respecto de su participación en los hechos”.
La amnistía fiscal de Montoro
Fernández Villa y Postigo se habían sumado a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el entonces ministro del Partido Popular (PP) Cristóbal Montoro. Creían que así regularizaban una situación económica que, por el contrario, afloró un patrimonio oculto de 1,2 millones y 436.000 euros respectivamente.
La Fiscalía Anticorrupción vincula este dinero al posible desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Las obras habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
Los acusados
A raíz de esta investigación judicial, además de analizar con detalle los movimientos de Fernández Villa y de Postigo, se estudiaron los de su entorno más próximo y los investigadores llegaron a la conclusión de la participación de algunos de sus familiares.
En el plano profesional también fueron 'cayendo' el resto de investigados, entre los que figuran el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta; el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; el aparejador Vicente Fernández; el proveedor Jorge González; el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; y el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre.
La lista de la Fiscalía Anticorrupción incluye también a Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández; Juan Carlos Riera, socio de Alcedo; Dorina Bicher, pareja de Postigo, y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde según la investigación también hubo blanqueo de dinero.
Una década de instrucción
La causa judicial se bautizó como 'caso Hulla'. La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, dictó un auto el pasado día 17 de febrero donde daba por finalizada la instrucción y acordaba que continuase la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.
Cinco meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido su escrito donde atribuye a los principales investigados su presunta participación en los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delitos contra la ordenación del territorio y contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.
Las peticiones de pena
Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama el decomiso de la residencia geriátrica de Felechosa, así como de varios vehículos, un inmueble y diversas cantidades de dinero que fueron intervenidas a lo largo de esta instrucción.
Anticorrupción pide las siguientes penas: 24 años y 6 meses de cárcel y 80,7 millones de multa para Postigo; 13 años y 6 meses de prisión y multa de 200.000 euros para su mujer, Dorina Bicher; 18 años de cárcel y 80 millones de multa para el administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; mientras que su esposa Rocío San José González afronta una petición de 15 años y seis meses de cárcel y 60 millones de euros.
Otras solicitudes de condena
Juan Carlos Riera, socio de Alcedo, afronta una petición de 16 años y medio de cárcel y 70 millones de multa, mientras que la pena interesada para el arquitecto Manuel Sastre se eleva a 13 años y 6 meses de cárcel y multa de 80 millones.
Anticorrupción reclama una pena de 10 años de cárcel y 60 millones de multa para el asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós; una pena de 13 años y medio de prisión y multa de 80 millones para el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández; ocho años y medio de cárcel y 60 millones para el aparejador del geriátrico Vicente Fernández, así como cinco años de prisión y 40 millones de euros para el proveedor Jorge González.
El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta afronta una petición fiscal de siete años de prisión y multa de 60 millones de euros, mientras que la pena interesada para Rodica Daniela Timis asciende a ocho años y seis meses de prisión y 200.000 euros de multa.