El exlíder minero Fernández Villa no será juzgado por presuntas 'mordidas' por las obras de un geriátrico en Asturias
La imputación del exlíder minero José Ángel Fernández Villa en el 'caso Hulla' ha quedado totalmente descartada. La magistrada-jueza que investiga las irregularidades detectadas sobre la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería, ubicada en la localidad de Felechosa, en el concejo asturiano de Aller, ha concluido la instrucción -después de nueve años- y le ha apartado de la causa por su inimputabilidad penal.
Los médicos forenses le diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa que le impediría seguir un juicio de estas características “con garantías”.
El ex secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), de 82 años, no se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados, ni tendrá que dar explicaciones por la vía penal sobre la procedencia de su patrimonio, ni justificará si el origen de 1,2 millones de euros que intentó regularizar en la amnistía fiscal de 2012 tuvo vinculación alguna con presuntas 'mordidas' relacionadas con las obras del geriátrico, que habían sido financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
Los tribunales dirimirán si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos
Los delitos
La magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo -antiguo Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo-, ha dictado un auto, fechado el pasado día 17, donde da por finalizada la instrucción y acuerda que continúe la tramitación de las diligencias previas y su transformación en procedimiento abreviado.
El objetivo final es dirimir si los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias, estafa/apropiación indebida y contra la ordenación del territorio, tanto en su autoría material o a título de cooperador necesario o inductor según los casos.
En el auto, que consta de 16 páginas y al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, se decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a María Elena Postigo, hija del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, considerado el hombre de confianza del exlíder minero.
La lista de imputados
Por el contrario, mantiene en la lista de imputados a 18 personas, entre los que figuran la esposa de Fernández Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos Rolando y Ángela; así como José Antonio Postigo, su exmujer María Elena Pérez Veiga, su hija Patricia Postigo y la pareja de Postigo, Dorina Bicher.
En la relación de imputados están también los dos socios de la empresa Alcedo de los Caballeros Juan Antonio Fernández y Juan Carlos Riera, la esposa del primero Rocío San José y el arquitecto Manuel Sastre.
Los otros nueve restantes son el aparejador Vicente Fernández, el proveedor Jorge González Muñiz, los exalcaldes de Aller David Moreno y Gabriel Pérez Villalta; Rodica Daniela Timis y los asesores fiscales Rafael Virgós y José Manuel Fernández Fernández.
Nueve años de instrucción
La magistrada-jueza María Begoña Fernández comenzó a instruir esta causa en abril de 2017, a raíz de que desde la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se remitiera un escrito de querella donde instaba a la investigación de unos hechos que consideraba que podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales vinculados a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, delito contra la hacienda pública, ello sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
En ese escrito ya se citaban los nombres de las personas que finalmente han sido incorporadas a esta lista de imputados, incluso el de José Ángel Fernández Villa aunque en su caso se archivó y posteriormente se dictó auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones ratificado a su vez por auto de mayo de 2025 de la Audiencia Provincial de Asturias.
En todos estos autos judiciales se le eximía debido a su delicado estado de salud. En la nueva resolución, dictada por la magistrada-jueza de instrucción, ya queda totalmente descartada la imputación del exlíder minero.
La Fiscalía Anticorrupción sospechaba de la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo. Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro en 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente
La amnistía fiscal
Uno de los objetivos de esa investigación también iba dirigida a averiguar la procedencia del patrimonio tanto de Fernández Villa, quien durante 35 años -entre los años 1979 y 2013- estuvo al frente del SOMA-UGT, como de su mano derecha, José Antonio Postigo.
Ambos se habían acogido a la amnistía fiscal de 2012 del entonces ministro Cristóbal Montoro durante la etapa del presidente del Gobierno por el PP Mariano Rajoy. Fernández Villa quería regularizar 1,2 millones y Postigo un total de 436.000 euros.
El modus operandi
En la instrucción del 'caso Hulla' que acaba de dar por finalizada, la magistrada-jueza relata el modus operandi de la presunta trama. En este auto considera que José Antonio Postigo era una figura clave ya que tenía fuerte relevancia y responsabilidades a nivel sindical en SOMA-UGT y Mutualidad y Montepío de la Minería Asturiana de la que era presidente desde 2006 y la administración única de las cuatro mercantiles participadas al 100% por la Mutualidad: Residencia de Mayores La Minería, Residencial La Minería Roquetas de Mar S.L., Residencial La Minería Los Alcázares S.L. y Balneario de Ledesma.
Desde los cargos que ostentaba, José Antonio Postigo actuó “en connivencia con los responsables de la constructora Alcedo de Los Caballeros S.L. (participada al 50% por Juan Carlos Riera Blanco y su administrador Juan Antonio Fernández Fernández)” y, según consta en el auto, “se concertaron a fin de obtener y repartirse de forma continuada ilícitos beneficios derivados del desvío tanto de fondos privados propios del Montepío como públicos derivados de una ayuda adjudicada al mismo en el ámbito de los fondos mineros”.
El desvío de fondos privados
En cuanto a los desvíos de fondos privados, la defraudación acometida sobre el patrimonio del Montepío se realizó -siempre según el auto- “mediante el incremento fraudulento de los costes del servicio de limpieza en los residenciales de Almería (Roquetas de Mar) y Murcia (Los Alcázares)”.
En su relato, la magistrada-jueza expone cómo esta actuación se llevaba a cabo, de forma que se iba “facturando en el primero de ellos los servicios que realmente eran prestados por Anframa de Limpiezas S.L. a través de la empresa interpuesta Pravi participada por Juan Antonio Fernández Fernández y Juan Carlos Riera Blanco y administrada por Juan Antonio y su esposa Rocío San José”.
La reforma de un piso de Postigo
En el residencial Los Alcazares, cuya dirección fue asignada por José Antonio Postigo a su pareja Dorina Bicher, en diciembre de 2011, el incremento fraudulento de la facturación del servicio de limpieza, se habría acometido “mediante la contratación a tales efectos de Rodica Daniela Timis para la efectiva realización de los servicios, si bien se sobrefacturaban los mismos a nombre de las mercantiles Todo Limpio y Caritime, constituidas por Postigo y su pareja y administradas por Dorina”.
Asimismo, fueron facturados con cargo a residencial Los Alcázares varias facturas del orden de los 16.622,30 euros correspondientes a obras y actuaciones acometidas para reforma y acondicionamiento de la vivienda que Postigo y su pareja Dorina compartían en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia.
Todo ello determinó unos ingresos para la mercantil Pravi del orden de los 157.023,77 euros desviados del residencial de Roquetas, y 145.931,84 euros desviados entre los años 2010 y 2011 y de 99.776,94 euros, en el periodo de marzo a noviembre de 2012, en el residencial Los Alcázares de Murcia.
El desvío de fondos públicos
Por lo que se refiere al desvío de fondos públicos, según se expone en el auto, todos los anteriores “en connivencia con persona de enorme relevancia política y sindical tanto a nivel autonómico como nacional al que no afecta esta resolución -dice la magistrada-jueza- se confabularon para obtener un lucro ilícito a medio de los Fondos procedentes de la subvención otorgada para la construcción de la Residencia de Mayores de La Minería en Felechosa, Aller”.
Esta subvención se concedió en el ámbito de las Ayudas al desarrollo de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón (Fondos Mineros 2006-2012) regulados tanto en el Real Decreto 112/2007 de 24 de agosto que establece las bases para su concesión como en la Ley General de Subvenciones, y cuya financiación deriva del crédito del Instituto para la Reestructuración de la Mineria del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) adscrito al entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los beneficiarios
La magistrada-jueza destaca igualmente en esta resolución que resultan exclusivamente beneficiarios de tales ayudas Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ámbito de la minería del carbón y tan sólo excepcionalmente con un límite del 1% de los fondos, entidades sin ánimo de lucro cuya actividad se desarrolle en los ámbitos geográficos de la minería del carbón.
“El trámite de concesión de tales ayudas requiere en primer término la presentación de las propuestas ante la Mesa Regional de la Minería del Carbón (integrada por Gobierno autonómico, organizaciones sindicales firmantes del Plan del Carbón y municipios mineros) que propone varias candidaturas para su financiación a la Comisión de Cooperación”.
Financiación con fondos mineros
Esta comisión está integrada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y Comunidades Autónomas, quien procede a la selección de las candidaturas que “han de ser reflejadas en un convenio específico de colaboración entre Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas en el que se establecen las condiciones de financiación, ejecución y justificación”.
Alcedo de los Caballeros, por medio de su socio Juan Carlos Riera Blanco, ya habría instado en los años precedentes una solicitud para la financiación con cargo a los fondos mineros de la construcción de un geriátrico en la localidad asturiana de Pola de Lena, la cual le había sido concedida “si bien con la limitación del 1% de la ayuda legalmente establecida por el Real Decreto al no ser aquél ni comunidad autónoma, ni entidad local”.
Contratos “fraudulentos”
La magistrada-jueza incide en que los socios de Alcedo, “en connivencia con Postigo para el que ya venían desarrollando una prolija actividad empresarial mediante obras en el Montepio y bajo el indispensable amparo de la influencia política del tercero al inicio de la resolución que determinaría incluso una modificación legal, se concertaron para la obtención de la subvención en favor del Montepío con financiación del 100% de los fondos para la construcción por Alcedo del geriátrico de Felechosa, ello con un fraudulento incremento de la ayuda en base al aumento del importe del proyecto y los costes de la construcción hasta una suma de 30.000.000 euros”, añade.
En el auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros. La diferencia se desvió, entre otras actuaciones, mediante facturas falsas y contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería
En este auto se explica que la suma ascendió a 30 millones de euros por los trabajos certificados en el geriátrico de Felechosa, en Aller, y concedidos por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, pese a que el importe real de las obras no superó los 18 millones de euros.
La diferencia se desvió, según consta en el auto, entre otras actuaciones mediante facturas falsas, además de los contratos fraudulentos de limpieza para las instalaciones que gestionaban en Murcia y Almería.
La intervención de los alcaldes
La actuación de los alcaldes del concejo de Aller habría sido dirigida a salvar las trabas legales, corrobora el auto.
La resolución judicial destaca también que algunas empresas proveedoras procedieron al abono de las comisiones que les eran exigidas mediante la realización de trabajos de reforma en las viviendas colindantes sitas en Mayorga, Valladolid, que poseían José Antonio Postigo y Juan Antonio Fernández Fernández o incluso mediante el pago en metálico de bienes muebles e inmuebles en favor del expresidente del Montepío de la Minería.
El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación o un recurso de apelación directo.