El PP condiciona la negociación del presupuesto para 2027 en Asturias a la retirada de la Ley de Vivienda
El Partido Popular (PP) sólo se sentará a negociar los presupuestos del Principado de 2027 si el Gobierno que preside Adrián Barbón retira el proyecto de Ley de Vivienda que se está tramitando en el parlamento asturiano y cuya aprobación está prácticamente garantizada al haberse cerrado ya un acuerdo con la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé.
Así lo ha asegurado el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, al término de la primera reunión que ha mantenido con el Gobierno, el PSOE e IU-Convocatoria para Asturias para hablar de las cuentas públicas del próximo ejercicio.
Queipo: “Es un documento dañino”
“Si hacen ese gesto y retiran un proyecto de ley, un documento que es claramente dañino para Asturias y que va en el sentido exactamente contrario a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda, estaríamos dispuestos a sentarnos”, ha señalado Queipo tras un encuentro que se ha prolongado durante poco más de veinte minutos.
No obstante, Queipo ha advertido de que si Barbón retirase este proyecto de ley tendría que “abandonar a sus socios más radicales y volver a la centralidad si es que en algún momento estuvo en ella”, en referencia al apoyo que tiene de IU-CA y Tomé para la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Acusaciones a Tomé de “sacar tajada”
Según Queipo, si Barbón opta por sus “socios radicales”, “el Partido Popular ni va a estar, ni quiere estar, ni debe estar” y si se aprueban los presupuestos para 2027 será una vez más con el voto de Covadonga Tomé, “que hará lo posible por sacar tajada a un Gobierno que está en minoría y que necesita apoyarse en esta radicalidad que tiene consecuencias para el Principado de Asturias en su conjunto”.
El hecho de condicionar la negociación a la retirada de la Ley de Vivienda se debe, según el líder popular, a que se trata de un proyecto que es “claramente dañino” para Asturias y que va en el “sentido exactamente contrario” a lo que necesita la sociedad asturiana para poner solución al problema de la vivienda.
Respeto institucional
Tras señalar que han acudido a esta primera reunión por respeto institucional, Queipo ha criticado que no les hayan presentado las cifras macroeconómicas del proyecto presupuestario, ni los ingresos que prevén ni los destinos y políticas que prevén llevar a cabo.
Eso sí, ha afirmado que sí puede adelantar que la intención del Gobierno pasa por volver a anunciar que va a presentar los mayores presupuestos de la historia “a costa de los bolsillos de todos los asturianos, galopando sobre la inflación sin ningún rubor” con el fin de “saciar las aspiraciones de esos socios más radicales”.
Los presupuestos, ha añadido, estarán una vez más diseñados “a contentar a los socios más radicales” ya que Queipo ya se imagina que la respuesta de Barbón a las premisas de los populares para negociar será negativa.
Las acusaciones de Tomé al PP
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al Grupo Popular de intentar “bloquear” el proyecto de ley de Vivienda que se tramita en la Junta General del Principado al solicitar que los servicios jurídicos de la Cámara emitan un informe sobre la legalidad de sus enmiendas al texto.
Tomé había anunciado que el gobierno de coalición de PSOE e IU había aceptado ocho de sus 39 enmiendas al proyecto del Ejecutivo a la espera de cerrar la redacción de una de ellas relativa a la obligatoriedad de dar destino residencial y limitar las compras masivas por parte de grandes tenedores en zonas tensionadas, lo que dejaba cerrada la garantía de que la ley sería aprobada por la Cámara.
Intentos de paralizar la tramitación
Los populares cuestionaron la fórmula para incorporar las enmiendas de la parlamentaria del Grupo Mixto y pidieron que esas modificaciones se sometan al criterio de los servicios jurídicos de la Junta General lo que, a juicio de Tomé, constituye un intento de paralizar su tramitación “y no responde a un problema de técnica ni de legalidad sino a un bloqueo político”.
«Esto no va de legalidad o no legalidad. Esto va de que el Partido Popular de Álvaro Queipo opera como el brazo político del rentismo“, ha señalado la portavoz de Somos Asturies en un comunicado tras advertir ayer de que la futura ley pasará ”de ser una norma de mínimos a convertirse en un marco normativo pionero“ con multas de hasta 240.000 euros por acoso inmobiliario, la suspensión de nuevas licencias turísticas y cambios de titular en zonas tensionadas o la reserva obligatoria del 40% de suelo para vivienda protegida.