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Manuel Romero Hernández

Instituto TIDES. Departamento de Análisis Económico Aplicado. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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Bolas Blancas y Negras

Recientemente he podido vivir una experiencia donde la falta de conciencia de que el interés común debe prevalecer por encima de lo individual cuando se toman decisiones respecto a lo público ha tenido efectos negativos tanto para ganadores como perdedores. En una pequeña comunidad de cuatro se confundió la idea de democracia con la herramienta de votación por mayoría. En la comunidad empezaron con buen pie compartiendo los elementos que podían ser comunes. En primer lugar, se pusieron de acuerdo para compartir un piso. Más adelante, se pusieron de acuerdo para sumar uno más al grupo, un piso con una habitación más eleva el precio total pero rebaja la cuota individual que paga cada uno.

Algunas dificultades empezaron a la hora de encontrar una localización buena para todos porque estudiaban en diferentes localizaciones. Parecía que algunas posturas eran muy radicales en ese sentido y que sería difícil llegar a un acuerdo. Pero tuvieron suerte, apareció un piso céntrico y con un precio razonable que igualaba las intenciones de los que pretendían ubicarse en las afueras con los que preferían pagar más pero ahorrar en tiempo de transporte. Técnicamente ocurrió que hasta ese momento todas las decisiones eran Mejoras en el Sentido de Pareto: quiere decir que en cada una de las decisiones que se tomaban nunca había perdedores porque, o bien, todos mejoraban, o bien, al menos nadie perdía, y al menos alguien mejoraba. Nunca hubo perdedores y siempre alguien ganaba, o todos ganaban. En definitiva, nunca se planteó la necesidad de votar. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones cotidianas empezó a imponerse la votación implícita, mediante alianzas, y explícitas. Se radicalizaron las posturas entre los que quedaron, se fueron a los extremos.

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Representatividad democrática y bienestar social: el caso de Noruega

Noruega se independiza de Dinamarca en 1814, y se deshace del dominio de Suecia en 1905. Ese proceso de dependencia de las grandes potencias escandinavas produjo un sentimiento de comunidad que ha tenido un efecto importante en su cultura y en sus políticas públicas hasta la actualidad. Al mismo tiempo en el principio del siglo XX comienza el desarrollo de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de las caídas naturales de agua.

Fruto de ese sentimiento de comunidad, surgido de la independencia de las dos grandes grandes potencias escandinavas, los políticos se plantearon la cuestión: ¿cómo explotar el recurso natural para beneficiar a la comunidad y favorecer la unidad? La respuesta fue un modelo de explotación pública y descentralizada: centrales hidroeléctricas de propiedad pública con una importante participación de los municipios (Skjold, 2011). Un hecho inédito en la experiencia europea, solo hay que mirar qué ocurre en países como Francia, Italia o España, donde la propiedad pública también se impuso pero preferiblemente en forma de monopolio.

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¿Serán las máquinas con Inteligencia Artificial la nueva especie dominante del planeta? Un nuevo fallo de Mercado

Mas allá de la economía, el futuro plantea nuevos retos para la especie humana vinculados a la evolución de la tecnología que también pueden ser interpretados desde la Economía del Bienestar y el Equilibrio General de una Economía.

En las próximas décadas las máquinas diseñadas por el hombre con una alta capacidad para aprender cualquier tarea como si fuera un niño (Peter Eckerseley) se integrarán en nuestra vida diaria de manera mucho más intensa. Miquel Serra en su artículo en LaVanguardia, ¿Humanos o Posthumanos? pronostica que se producirán cambios sociales que ahora son impredecibles que nos llevarán hasta el transhumano y el posthumano. El primero un humano transformado con capacidades físicas y psíquicas superiores, el segundo un ser artificial con capacidades que sobrepasaran sustancialmente las del humano actual. Los cambios que traerá el desarrollo de la Inteligencia Artificial afectarán además a algo más que a la aparición de un superhumano, pueden dar lugar una nueva era, la Ciber-Era como lo ha calificado un buen amigo.

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Sólo hay democracia si hay igualdad de oportunidades

El bienestar lo vinculamos, principalmente, con el acceso a la riqueza, la educación, la sanidad, o la justicia. Lo esperado en una democracia es que todos los ciudadanos pudiéramos acceder en igualdad de condiciones a cualquiera de ellas, pero indiscutiblemente no es así en la sociedad en la que vivimos actualmente. Es lo que John Wallis ha acuñado como La Paradoja del Privilegio: su argumento es que en la sociedad actual las reglas no son impuestas de la misma manera para todos. El concepto de democracia implica que el poder de decisión reside en los ciudadanos, y esto va mas allá de la posibilidad de votar de manera periódica la formación de un parlamento. (Texto extraído del prefacio del libro Democracia e Igualdad. El Papel de un Gobierno en la economía).

El crecimiento del PIB no es igual a bienestar social porque puede pasar que se concentre en manos de unos pocos, decía uno de mis alumnos en clase esta semana. Efectivamente el crecimiento económico se traduce en bienestar social sólo cuando las instituciones de un estado son inclusivas y la riqueza permea en la sociedad. En su artículo, Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective, Gerring, Barndt y Moreno, relacionan el crecimiento económico con la formación de capital y la calidad democrática. Es la acumulación de capital político proporcionado por la persistencia de años de alta representatividad democrática y buenas políticas públicas lo que permite acelerar el crecimiento económico y aumentar el capital físico, humano y social. Las instituciones inclusivas permiten aumentar el stock de capital político, logrando cambios sistemáticos que permean en la sociedad gracias al rendimiento creciente del proceso de institucionalización. Conforman lo que se conoce como La Sabiduría de Masas: la sociedad en su conjunto evoluciona hacia una situación en la que se favorece la igualdad de oportunidades de ciudadanos y empresas, la defensa del interés común, y en definitiva el bienestar social. El crecimiento económico se hace más sostenible dando lugar a una sociedad más igualitaria también en la distribución de la renta.

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Incendios y Democracia

Hace unas semanas se dieron una serie de circunstancias naturales en Galicia, fuertes vientos y temperaturas altas que dieron lugar a que los conatos de incendios, aún no se sabe si intencionados o consecuencia del cambio climático, se transformaran en grandes incendios que escaparon a la capacidad de los medios de extinción. La declaración de una gallega del pueblo quitándose la máscara para hablar a la cámara de televisión ha sido una lección de lucha, unión y solidaridad, como pasó con el Prestige: “no podemos esperar a que lleguen los medios de extinción, tenemos que organizarnos y luchar entre todos contra el fuego para salvar nuestras vidas y nuestras casas”, dijo. Y así fue, el pueblo se organizó en cadenas humanas para pasarse cubos de agua, enganchar mangueras a las tomas de agua pública, y algunos incluso abrieron los grifos de sus casas para apagar el fuego de la casa de su vecino.

El pueblo gallego tenía un interés común, salvarse todos del incendio, salvar sus casas, salvar en la medida de lo posible también el ecosistema de la comunidad. Se comportaban con el objetivo de procurar lo mejor para la sociedad, nadie escatimó en poner su esfuerzo físico y económico para que así fuera. Si se hubieran comportado de manera individual, cada uno con su cubo, cada uno intentando apagar de manera individual el fuego de su casa, el incendio hubiera sido mucho mayor y todos en conjunto habrían perdido.

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¿Puede el sistema electoral en Canarias perjudicar a los habitantes de las islas no capitalinas?

El aumento de representatividad de los ciudadanos de las islas pequeñas en el Parlamento de Canarias se justificó en su momento para compensar el coste de la doble insularidad que soportan los habitantes de las islas pequeñas. El Centro de Estudios Económicos Tomillo1 cuantificó en 2008 el coste de la ultraperiferia de Canarias respecto al continente europeo para las empresas no agrarias en algo más de 5.988 millones de euros. Como cita el informe el sobrecoste de la ultraperiferia recae principalmente sobre la actividad empresarial de las islas capitalinas, aproximadamente en un 82%, debido a la concentración de la actividad empresarial. El resto, en torno a 907,8 millones, corresponde a las islas no capitalinas. La partida principal identificada fue el sobrecoste del transporte de las mercancías que representan el 48,8% del total.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

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El Sistema Electoral en Canarias: un sistema que favorece el insularismo y empobrece a la población

El viernes pasado en un acto presidido por el Rector de la Universidad de las Palmas y donde estuvo presente también la presidenta del Parlamento de Canarias se presentó el libro Textos para la Reforma Electoral de Canarias. La obra ha sido coordinada por Vicente Mújica, presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Como citó el profesor Gerardo Pérez, la obra es un trabajo científico en el que han participado profesores de varias universidades españolas entre los que me encuentro. La pregunta con la que comienzo mi reflexión en el capítulo Efectos del Sistema Electoral en Canarias sobre la Economía y el Bienestar es si ¿rigen en Canarias los principios básicos de unión, libertad, solidaridad, e igualdad de oportunidades? La respuesta es que el sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad y la barreras electorales del treinta por ciento insular y del seis por ciento autonómico parece que lo impiden.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

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¿Deben gobernar en España las listas más votadas?

Esta semana he tenido la gran oportunidad de participar en la novena liga de debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coordinando a mis alumnos de tercer curso del Grado de Economía. Como dijo uno de los miembros de la organización, nuestra universidad es pionera en España de un modelo heredado directamente de las universidades americanas y siempre ha tenido participaciones destacadas en la liga nacional. La pregunta sobre la que giraba el debate fue: ¿deben gobernar en España las listas más votadas?

Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:

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El Caramelo del Estado del Bienestar y las Malas Políticas Públicas

El “caramelo” de Estado del Bienestar que algunos políticos venden  se relaciona con prestaciones sociales, servicios públicos, financiación de políticas sanitarias, educativas, pensiones. Muchos gobiernos hacen depender este tipo de políticas y el bienestar de los ciudadanos del crecimiento económico y muchos se apoyan en la realidad económica internacional para ocultar las limitaciones de su capacidad de gestión.

En esta línea las políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico han tenido en España efectos importantes en la distribución de la riqueza y el bienestar. En pleno período de crisis económica, el impacto más fuerte lo ha recibido el mercado laboral que soporta una de las tasas más altas del mundo de cuota de la seguridad social, lo que ha arrastrado al resto de cifras de desigualdad y bienestar social. No hay que olvidar que la tasa de desempleo evolucionó hasta situarse en el 25% en 2014, la segunda peor de la Unión Europea, muy alejada de la media situada en el 10,3%.

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Propuestas para un Sistema de Pensiones que garantice la equidad

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta inmediata del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

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