Menores extranjeros al borde de la mayoría de edad se quedan sin techo por falta de presupuesto

Durante 100 días no tuvieron que abandonar el centro de menores en el que vivían después de cumplir 18 años. En el periodo de vigencia del estado de alarma en España, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias permitió que los menores bajo su amparo permanecieran en estos espacios siguiendo las recomendaciones estatales. Desde el 21 de junio, la tregua para las personas extuteladas por el Ejecutivo regional finalizó y la realidad para aquellas de origen extranjero que están solas en las Islas vuelve a ser la misma de los últimos años: sin recursos alojativos suficientes, se ven abocadas a la desprotección ante la falta de tiempo y medios para regularizar su situación y encontrar un empleo.

Aproximadamente, hay 700 menores extranjeros no acompañados tutelados en Canarias y el número de plazas llamadas de transición para acoger a los jóvenes en su tránsito a la vida adulta y ayudarles a conseguir su emancipación están en torno a la veintena, gestionadas por organizaciones como la fundación Main, Mensajeros por La Paz o las administraciones públicas. Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, explica que hay un grupo de 30 que cumplirá 18 años antes de final de año y desde la Consejería están trabajando para aumentar el número de plazas. “Necesitamos un presupuesto mayor”, sentencia. 

Aunque sobre el papel la normativa no permite que los chicos permanezcan en los centros de menores una vez cumplan la mayoría de edad, aún hay dos jóvenes con 18 años en estos espacios a los que se les ha permitido quedarse mientras se les busca un lugar en el que poder ser realojados. Otros 17 han sido reubicados: cinco en inmuebles para extutelados y 12 en espacios que gestiona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dentro del programa de atención humanitaria integral, de tres meses de duración (ampliable a seis), que está destinado a aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Y algunos que llegaron a las Islas y cumplieron 18 años durante el confinamiento, cuyo número se desconoce, están en listas de espera para poder optar a una plaza. “Hay chicos en la calle o en casas okupas”, asegura Mame Cheikh, que gestiona un hogar de la fundación Main en Gran Canaria. Esta organización cuenta con cuatro inmuebles (tres en la isla redonda y uno en Fuerteventura) destinados a la integración social y laboral de los adolescentes extutelados, cuya estancia media hasta que consiguen independizarse y valerse por sí mismos es de un año. En cada inmueble cuentan con unas seis plazas y la demanda para acceder a ellas es alta. “Hay más en la calle que los que están en los recursos alojativos”, añade Cheikh.

En un informe de 2019, el Defensor del Pueblo exponía “la imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en cada comunidad autónoma” ante la “disparidad de datos” proporcionados por las entidades, ya que las cifras que ofrece la Policía Nacional para llevar la contabilidad en el ámbito nacional son, en ocasiones, distintas a las que aportan las regiones, que tienen la competencia en esta materia. Conocer con precisión los datos incide directamente en el reparto de las subvenciones a cada autonomía. Pero los jóvenes extutelados ni siquiera aparecen en las estadísticas y quedan en un limbo.

Una vez salen del centro de menores, deben salvar un muro burocrático que pasa por conseguir un permiso de residencia que impida que puedan ser expulsados, les permita optar a una plaza de transición o les habilite para trabajar. Este proceso se puede alargar durante quince meses al tener que recabar documentación de otros países. “Cuando están cerca de cumplir la mayoría de edad, se reduce la posibilidad de regularización porque el tiempo es más escaso. La situación es muy distinta cuando llegan siendo más pequeños. Resulta mas sencillo trabajar con un proyecto psicosocioeducativo que permita que tengan una formación e integración en el sistema escolar”, aclara Serrano.

Además, el Gobierno de España ha puesto prácticamente imposible conseguir o renovar los permisos de residencia al reinterpretar la Ley de Extranjería siguiendo dos sentencias del Tribunal Supremo, que estableció que los jóvenes deben acreditar que disponen de ingresos propios. De esta manera, obliga a demostrar a las personas de 18 años que quieran obtener su primer permiso que ganan 537 euros al mes (equivalente al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y, si después de un año aspiran a renovar el documento, tienen que probar unos ingresos de más de 2.100 euros mensuales (el 400% del IPREM). Aunque estos requisitos ya estaban recogidos en la normativa, hasta este año se permitía desde las oficinas cierta flexibilización y que terceros, como ONG, les pudieran avalar. 

Nula incidencia del decreto para contratos en el campo

Esta medida llegó poco antes de que la Secretaría de Estado de Migraciones remitiera una orden a las delegaciones de gobierno para facilitar el acceso al mercado laboral a los menores extranjeros solos de entre 16 y 18 años, habilitándolo para “trabajar por cuenta ajena” en su autorización de residencia. Posteriormente, el 7 de abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó un decreto que flexibilizaba la empleabilidad de personas migrantes en el campo, permitiendo contratar a aquellas cuyo permiso de residencia finalizaba el 30 de junio y otorgándolo automáticamente a los jóvenes de entre 18 y 21 años si no lo tuvieran, para suplir la escasez de mano de obra por la crisis derivada de la COVID-19.

Aunque esta medida solo estaba vigente hasta el ultimo día del mes pasado, en mayo el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley en el que ampliaba hasta el 30 de septiembre la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario y los jóvenes que se incorporaron durante la crisis sanitaria podría acceder a una autorización de dos años de duración para residir y trabajar en España tras la finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual. A diferencia de otras comunidades como Andalucía, Extremadura o Murcia, en Canarias prácticamente no ha tenido ninguna incidencia. Mame Cheikh, también presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), no tiene constancia de que se haya contratado a una sola persona migrante desde que se aprobó. “Desde la federación africana intentamos tener bases de datos de bolsas de trabajadores para hacer de intermediarios con las empresas, pero no ha funcionado en el campo”. CEAR también ha comentado que cuando fue publicado en el Boletín Oficial del Estado contactaron con empresas agrícolas, pero les dijeron que no necesitaban a nadie y que estaba todo cerrado. 

Proyecto de vida fuera de Canarias

Ante el escenario al que han de enfrentarse los adolescentes extranjeros no acompañados en Canarias cuando salen de los centros de menores, Cheikh recuerda que los recursos alojativos de tránsito “nunca han sido suficientes y todos los años recordamos que necesitamos más subvenciones para que no estén en la calle”. Además de poder prestar una atención adecuada en las Islas, considera que la solución pasa por la regularización, “por lo menos un año”, una medida descartada por el momento por el Gobierno central a pesar de la presión de Unidas Podemos. 

Así, añade Cheik, tendrían la oportunidad “de buscar empleo”, porque a su juicio, aunque es positivo contar con la posibilidad de que estén en un centro con techo y alimento, lo fundamental es que cuenten con “alternativas para buscarse la vida” y en Canarias “hay pocas oportunidades”. En este sentido, el presidente de la FAAC explica que las Islas no tienen la misma capacidad de acogida y de integración que otras zonas continentales y las personas migrantes “fuera tienen más posibilidades para desplazarse, mayor libertad”.

“Canarias debe ser un lugar en el que se atienda a cada persona y se les pregunte cual es su proyecto migratorio”, dice Cheik. Y la mayoría quiere buscar oportunidades en otros lugares donde tengan más opciones de encontrar trabajo. Como ejemplo, pone a un chico que abandonó el hogar de la fundación Main después del estado de alarma al conseguir una beca de estudio en Alemania. “Terminó su formación y conseguimos tramitarle la residencia, tenía un familiar en Holanda y pudo salir”. 

Al respecto, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia coincide en señalar que para los chicos y chicas al borde de la mayoría de edad “Canarias es un lugar de paso”, porque “aunque sean jóvenes, en sus países de origen algunos son padres de familia y su motivación migratoria poco tiene que ver con ir al instituto. Más bien es por llegar a un destino seguro y buscarse la vida trabajando para traer a su familia”. Sobre las derivaciones a otras comunidades autónomas, Serrano dice que desde sus competencias poco se puede hacer. “Ese es el mayor problema ahora mismo, como pueden llegar a la Península y a otras partes de Europa y cabe esperar que, al igual que hay vuelos comerciales, se pongan en marcha salvoconductos para los que quieran salir”.