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CEAR pide que se reactive el traslado de migrantes de Canarias a península

Trabajadores de los servicios de emergencias atienden en el puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura) a varios migrantes rescatados por Salvamento Marítimo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido este viernes que se reactiven los traslados a la península de los migrantes que llegan a Canarias para dar un alivio al sistema de acogida de las islas, porque estas “no pueden seguir redimensionando al alza sus plazas con cada patera” ni deberían convertirse, en la práctica, en una especie de “cárcel”.

Canarias recibió el año pasado a 2.698 personas en pateras o cayucos, el doble que al año anterior, mientras que el flujo de migrantes por mar a la península y Baleares cayó casi un 60 %. Y a 19 de junio, las islas están a solo 24 personas de igualar el balance del año 2019 completo, mientras que las llegadas en patera por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán se ha reducido a la mitad.

“La situación va a continuar. Es imposible asumir un sistema de acogida que se amplía constantemente, que cada vez que llega una patera se redimensiona al alza, sin que haya un respiro. Esto no puede crecer hasta el infinito”, ha señalado el coordinador de CEAR en las islas, Juan Carlos Lorenzo, que recuerda que el sistema de acogida a la migración es una política bajo competencia del Estado, “no de Canarias, Andalucía o de las demás comunidades con costa”.

El portavoz de la ONG en Canarias ha denunciado que el sistema de acogida “dejó de fluir” desde las islas hacia la España continental en febrero, casi un mes antes de que decretara el estado de alarma, por lo que sospecha que el “bloqueo” de las personas que se quedan “varadas” en el archipiélago responde a una decisión política.

Lorenzo ha insistido en que la mayoría de los migrantes que llegan a Canarias en patera ven a las islas como un territorio de paso, porque tienen su proyecto de vida en la Europa continental, donde frecuentemente cuentan con familiares o redes de apoyo que les permiten establecerse e intentar regularizar su situación.

“Es posible que el sistema fluya, en el pasado lo fue”, ha argumentado el portavoz de CEAR, antes de advertir de la situación en la que la política actual deja a migrantes que resultan “inexpulsables” pero que no pueden continuar su camino hacia Europa: encerrados en islas donde no tienen redes de apoyo, que se convierten casi en “cárceles” hasta que cumplen el tiempo mínimo para poner en marcha el mecanismo de regularización por arraigo (tres años).

CEAR también ha subrayado las complicaciones que la pandemia de COVID-19 ha generado entre la población inmigrante de Canarias, “tanto la regular como la irregular”, que también se ha visto golpeada por la pérdida del trabajo o por la desaparición de los ingresos que obtenían en la economía sumergida, en los meses en los que el confinamiento hizo que ese tipo de subempleos también desaparecieran.

En cuanto al sistema de recepción de quienes llegan en patera a un país todavía en estado de alarma y con grandes precauciones sanitarias, esta ONG considera que en Canarias se han cometido errores a la hora de elegir algunos espacios “sin condiciones ni dignidad” para que estas personas realizaran las cuarentenas, como la situación que se vivió en un almacén del puerto de Las Palmas.

Sin embargo, reconoce que se ha reaccionado y se está haciendo lo posible y aplaude la iniciativa que tuvo el Gobierno de Canarias al decidir hace semanas hacer las pruebas PCR a todas los migrantes que llegaban a las islas por mar, para reforzar la vigilancia sanitaria de esas personas y mejorar las cuarentenas.

En cuanto a los Centros Internamiento de Extranjeros (CIE), Lorenzo ha opinado que “una de las pocas cosas buenas” que ha dejado esta emergencia sanitaria ha sido el cierre de esas estructuras.

CEAR pide que no se reabran y que la respuesta a esta situación tenga mucho más que ver “con Política Social que con Interior”.

La ONG también ha expresado su apoyo al campamento con capacidad para 900 personas que construyen la Secretaría de Estado de Migraciones y Cruz Roja en el polígono de Arinaga (Gran Canaria), frente a las críticas que ha recibido del Ayuntamiento de Agüimes y de empresarios del polígono industrial donde se levanta.

A su juicio, es una infraestructura necesaria para acoger a quienes arriban en patera en las condiciones dignas y de seguridad sanitaria en los primeros días tras su llegada.

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