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El Gobierno facilita que los menores extranjeros no acompañados puedan entrar en el mercado laboral

Redouan y Ahmed* fueron menores extranjeros no acompañados en España y ahora tratan de salir adelante en España tras cumplir los 18 años.

Gabriela Sánchez

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Los menores extranjeros no acompañados tendrán derecho a trabajar en las mismas condiciones que cualquier adolescente. La Secretaria de Estado de Migraciones ha enviado este lunes una instrucción a las oficinas de extranjería para advertir que, a parir de ahora, la concesión de los permisos de residencia de estos menores “habilitará para el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena”.

“La concesión de la autorización de residencia, expedida a favor de los menores extranjeros, habilitará para el ejercicio de la actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que estos alcancen 16 años de edad”, reza la instrucción concretada este lunes por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien había anunciado el pasado martes en el Senado que su departamento trabajaba en una reforma en esta dirección y cuyo contenido adelantó El País este sábado.

La directriz conlleva la autorización de trabajo a los menores migrantes que superan los 16 años “sin necesidad” de realizar “ningún otro trámite administrativo en materia de extranjería”. La medida responde a una demanda histórica de los adolescentes extranjeros no acompañados y de las organizaciones que los apoyan.

Hasta el momento, la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados no permitía su actividad laboral. Para obtener este permiso, los adolescentes debían realizar numerosos trámites, lo que en la práctica obstaculizaba su acceso al mercado. A su vez, las trabas impuestas retrasaban su independencia económica, clave para su inclusión en la sociedad una vez alcanzada la mayoría de edad, momento en el que deben abandonar los centros de acogida.

No obstante, los menores migrantes también se enfrentan a dificultades para regularizar su situación, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la obligación de documentar a estos niños y adolescentes.

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