Afortunadamente, Mogán no es Onalia Bueno

Antes de decidirme a escribir estas líneas y de mostrar, por tanto, públicamente mi opinión, he pensado mucho cómo expresar, civilizadamente, lo que me han hecho sentir las últimas declaraciones de la alcaldesa de Mogán en relación a la inmigración, o mejor dicho al fenómeno por el que personas que no tienen nada, deciden arriesgar sus vidas  y la de sus hijos para llegar a nuestro archipiélago en busca de una oportunidad.

Estas palabras no van de analizar la inmigración ni sus causas, ni sus posibles soluciones, van de no dejar sin respuesta las afirmaciones expresadas por un servidor público que, a lo mejor, milita en las filas equivocadas.

Para situar mi respuesta, y por tanto, mi opinión, debemos empezar por tener claro que la solidaridad es ser consciente de las necesidades ajenas. Es, siendo sintéticos, ponerte en la piel del otro y ser capaz de empatizar con los problemas que afectan a otros colectivos y actuar. Es por tanto un concepto que se sustenta en el respeto a la dignidad de las personas. Es esta obligación solidaria de actuar, junto con otros hechos de carácter bélico, los que desembocaron en la declaración universal de derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en París, el 10 de diciembre de 1948, con la firme intención de “evitar que los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad vuelvan a repetirse”.

Este marco normativo, representa no solo una declaración de intenciones, sino un firme compromiso por defender la dignidad humana, es un acto de decencia colectiva que nos obliga a todos, y al que deben estar sometidas todas las decisiones de los poderes públicos.

Pero este valor universal que es la solidaridad, está presente en otro concepto, desarrollado por John Rawls, allá por los años 70 del siglo pasado, en su obra Teoría de la justicia. Rawls parte de la creencia de que las desigualdades económicas y sociales, si bien resultan naturales en cualquier sociedad, configuran lo que él llama “la lotería natural”. Entiende que, desde el Derecho, es posible corregir esta situación a fin de favorecer a quienes han sido menos afortunados en esa lotería natural. La función del Derecho en este punto, sería la de hacer concordar, en la medida de lo posible, dos valores que hasta entonces se consideraban irreconciliables: la libertad y la igualdad de oportunidades.

Y esto precisamente es lo que persiguen aquellos que, como he dicho antes, se juegan sus vidas y las de sus hijos en el océano, huyendo de situaciones que violan la dignidad de las personas, en la que no se respetan los derechos humanos y en los que la justicia social son una quimera. 

Ante el fenómeno de la inmigración, los indecentes articulan mensajes pensados para deshumanizar a estas personas y convertirlos en el origen de todos los males que padecen los ciudadanos de occidente, que tienen enormes dificultades para llegar a final de mes. 

Los indecentes, señalan a estas personas como el origen de la inseguridad de nuestras calles, de ser quienes nos quitan los puestos de trabajo, de ser una carga para las arcas públicas porque debemos atenderlos, de ser quienes se aprovechan de nuestra sanidad y de nuestros servicios públicos sin pagar impuestos.

En el grupo de los indecentes se encuentra Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, que utiliza su posición y el altavoz que esta le otorga, para lanzar un discurso que deshumaniza a los inmigrantes, que les despoja de sentimientos, que borra las razones que les impulsa a meterse en una patera para cruzar el océano y jugarse lo poco que les queda.

La alcaldesa de Mogán no ha tenido suficiente con meter a inmigrantes en una guagua y abandonarlos a su suerte en Las Palmas. No ha tenido suficiente con sancionar a aquellos complejos de apartamentos y hoteleros que alojaron a inmigrantes, no… no ha sido suficiente. Ahora decide que va a incumplir la ley, cosa que no debe sorprendernos atendiendo a su palmarés judicial, y se niega a pagar los entierros de los inmigrantes.

Con estas palabras, deshumaniza y monetariza el coste de la muerte, y esto lo dice quien firmó un decreto para pagarse así misma los casi 40.000€ que le habían costado sus abogados del caso góndola; y esto lo dice quien se ha subido el sueldo en 11.000€ al año, o quien solicita que le paguen los 3 euros que le ha costado el aparcamiento. 

Onalia Bueno les niega la dignidad en vida, y les niega la dignidad en la muerte.

La sociedad debe responder a estas declaraciones sin titubeos, porque de lo que estamos hablando es de una alcaldesa que ha atacado de forma directa, a los principios inspiradores de la declaración universal de derechos humanos, de la justicia social y por tanto, al valor fundamental en torno al que se configura toda acción social justa, como es la solidaridad.

Los agentes sociales, los medios de comunicación, las formaciones políticas, las instituciones públicas y los ciudadanos no pueden contribuir al blanqueamiento de aquellos que fomentan los discursos del odio, que menosprecian la vida con tanta ligereza, y que ven en el que es diferente un enemigo a batir.

Tristemente la alcaldesa de Mogán, no lleva la virtud en su apellido, si embargo, en el municipio hay gente buena, que son capaces de acoger en le seno de sus familias a estas personas y devolverles la dignidad que le han arrebatado, hay muchos vecinos que sienten vergüenza por las palabras de quien les representa, aún hay esperanza.