Caso eólico: lección de corrupción

El juez Miguel Angel Parramón ordenó este martes la apertura oral juicio por el caso eólico. No me pude leer los miles de folios de sumario que me recomendó Soria pero sí me leí ayer los 12 folios del auto donde el magistrado expone los razonamientos jurídicos que lo llevan a pedir el procesamiento de el exdirector de Industria, Celso Perdomo, su novia Mónica Quintana, los empresarios Alfredo Briganty, Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel y el exjefe de servicio de la consejería de Industria Honorato López. Sostiene el juez que Celso Perdomo y su novia Mónica Quintana utilizaron el concurso eólico para obtener beneficios personales de los empresarios a los que se iba a favorecer desde la consejería de Industria.

Tras leer el auto hecho público ayer por el juez Parramón, me vuelvo a leer las conclusiones de la comisión de investigación del caso eólico del Parlamento canario. Con el objetivo declarado de “esclarecer los hechos y actuaciones de las administraciones públicas canarias, así como la determinación de las responsabilidades consecuencia del concurso eólico convocado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del gobierno de Canaria”, la comisión de investigación se constituyó el 7 de marzo de 2006 y votó sus conclusiones el 30 de marzo de 2007. Fue un año de reuniones, con gastos de dietas, hoteles, taxis, coches oficiales... Dinero público gastado de forma innecesaria para que al final 29 diputados de CC y el PP votaran unas conclusiones redactadas por el hermano del consejero de Industria que la comisión debía investigar. La primera conclusión destacaba “la rectitud y honestidad por parte de la Consejería de Industria queda sobradamente probada a tenor de los distintos cuadros directivos de sus respectivas etapas (CC/PP, CC), (? )así como quienes se comportaron de manera improcedente en el ejercicio de sus funciones de manera totalmente ajena a la linea marcada por el exconsejero de Industria Luis Soria López”. En la segunda conclusión se resumía toda la intervención de Soria en el programa Parlamento: “ Se ha podido apreciar a distintos comparecientes, todos ellos o militantes del PSOE o exaltos cargos del gobierno del PSOE o personas afines al mismo pretendiendo desviar el verdadero objeto de la investigación (?)coincidiendo con la línea editorial de un medio de comunicación, el digital Canariasahora.com cuyo accionista principal es José Francisco Henríquez. En ocho conclusiones del PP y CC se nombra 6 veces a José Francisco Henríquez, a pesar de que cuando redactaron el texto el juez Parramón ya había retirado la imputación contra Henríquez. También se nombra a José Antonio Lucendo, cuñado de Henríquez, y se dice que la relación que se dio entre Henríquez, Lucendo y Celso Perdomo ”entra de lleno en lo que podría llamarse tráfico de influencias“, un intento de señalar conclusiones judiciales en una comisión parlamentaria que, según el reglamento, sólo podía establecer responsabilidades políticas.

Conviene recordar que la diputada de Coalición Canaria en la comisión eólica, Belén Allende, manifestó a su partido que el texto redactado por José Manuel Soria (que oficialmente no pertenecía a esa comisión parlamentaria y sólo asistió para insultar a Henríquez y al denunciante del caso) era un auténtico disparate y no tenía nada que ver con lo que se había comprobado en las reuniones de la comisión eólica. Desde CC respondieron a Allende que el PP había dejado claro que si no se aceptaban sus conclusiones la tropa de Soria utilizaría la comisión del caso Amorós para atacar a Adán Martín. Belén Allende se sintió avergonzada y no acudió al pleno en el que se votaron las conclusiones del caso eólico. Resulta curioso que ahora que conocemos el auto del juez Parramón los dos diputados que utilizaron la comisión eólica para criminalizar al denunciante del caso, Francisco Cabrera, y a José Francisco Henríquez, los diputados del PP José Manuel Soria y Manuel Fernández, están hoy imputados por un delitos relacionados con la corrupción política. Y el portavoz del PP que defendió esas conclusiones, Jorge Rodríguez, también está imputado por un delito de tráfico de influencias.

Los socialistas rechazaron las conclusiones redactadas por José Manuel Soria y expresaron en su voto particular que el caso eólico fue una trama de los responsables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas , el cabildo de Gran Canaria y la consejería de Industria para favorecer a la empresa de los hermanos Esquivel. También concluyeron que el consejero Luis Soria hizo caso omiso y obstruyó la petición de investigación del grupo socialista a raiz de las informaciones que salieron sobre las irregularidades que estaba cometiendo Celso Perdomo, al que Luis Soria apoyó frente a las críticas socialistas. Los diputados del PSOE también señalaron que la investigación interna de la consejera Marisa Tejedor fue una pantomima y sirvió para exculpar a el jefe de servicio Honorato López. El auto de apertura de juicio oral del caso eólico no coincide con las conclusiones del PSOE, pero los nombres que finalmente se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados sí fueron citados por los socialistas: Celso Perdomo, Esquivel y Honorato López.

El auto de Parramón demuestra que las conclusiones de la comisión eólica aprobadas por los diputados de CC y el PP no fueron el resultado del trabajo de un año parlamentario, sino que salieron de la cabecita del hermano del consejero de Industria cuya responsabilidad política por acción u omisión está a la vista de todos. Está claro que la historia no ha puesto a cada uno en su sitio: porque hoy José Miguel Barragán es portavoz de CC y José Manuel Soria es vicepresidente del gobierno. Pero a lo mejor estamos ante una de esas lecciones sobre corrupción que el PP nos puede dar a todos, según nos anunció esta semana la singular Carmen Guerra en el Congreso de los Diputados.

Juan García Luján