Confrontación y miedo

Durante este período de la legislatura uno de sus ejes del Ejecutivo canario y de los partidos que lo sustenta ha sido el de la política frentista ante el Gobierno central, que le ha llevado a oponerse a todo, aunque ello suponga la postura, tan ridícula como irresponsable, de tratar de boicotear los mejores Presupuestos Generales del Estado para Canarias de la etapa democrática. O el singular invento, con toda probabilidad destinado al fracaso, de llevar a los tribunales los mismos por incumplimiento del REF, borrando de la memoria ejercicios anteriores con mucho peores cifras para las Islas y en los que alardeaban de las grandes conquistas para el Archipiélago gracias a su intervención en la capital del reino.

En su seno comienzan a sonar voces que, con mayor o menor claridad, con mayor o menor firmeza, apuntan a la necesidad de rebajar esa crispación y de buscar el entendimiento con Madrid. Lo hizo el diputado Mardones en distintas ocasiones en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho Ricardo Melchior también en algún guiño parlamentario y en declaraciones a los medios de comunicación.

Economía

En el caso de la economía, con la actual situación de recesión, con menores cifras de crecimiento, con un repunte de la inflación ?en la que influyen el incremento de los precios del petróleo o la subida de los precios de los cereales a nivel mundial- y el aumento del paro, el Gobierno de Canarias responsabiliza torpemente a Madrid, como si el Ejecutivo de esta tierra no sirviera ni influyera nada; y se pone a hablar irresponsablemente de crisis, generando más preocupación en lugar de tomar medidas que atenúen los efectos de la actual recesión.

En este sentido, Paulino y Soria perdieron la gran oportunidad de influir en la nave económica en la aprobación de las cuentas canarias para 2008, que apenas crecieron en inversión y que plantearon una insuficiente y socialmente injusta reducción de impuestos. Dos semanas después de aprobadas lo presupuestos canarios, se caen del caballo e improvisan nuevas medidas económicas de limitado impacto y que muestran a un Gobierno sin proyecto claro.

Su falta de criterios es patente en cómo abordan el desempleo. Incapaces de articular un discurso coherente que entre en profundidad en las dificultades reales de nuestro mercado de trabajo, en los problemas de cualificación o escasa movilidad, se limitan a echar las culpas a la inmigración y a solicitar la limitación a la entrada de trabajadores foráneos. Al Gobierno poco parece importarle que en su reciente visita a las Islas la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner, haya ratificado lo que ya concluía el Comité de Expertos sobre Inmigración y Demografía: que no hay posibilidades legales en el marco comunitario para evitar las entradas de trabajadores de la Unión.

La respuesta se encuentra en nuestro propio modelo de desarrollo y eso no lo van a modificar en línea de sostenibilidad quienes tantas responsabilidades tienen en el desarrollismo y sus consecuencias para un territorio tan frágil como el canario. Sus proclamas patrióticas, a la que tan dados son últimamente, acaban cuando de negocios se trata, y no incluyen, por lo que se ve, la conservación de nuestra tierra y la obligación de legarla en las mejores condiciones a las futuras generaciones.

Servicios públicos

Otro tanto ocurre con su escasa preocupación por el funcionamiento de los servicios públicos. En el caso de la Educación, pese a presentar todavía parámetros de éxito escolar muy por debajo de la media española, los Presupuestos de Canarias no apuestan suficientemente por su mejora y el área educativa crece por debajo del porcentaje de subida de las cuentas públicas canarias, alejándonos aún más de España y de los países de la OCDE.

Y en la sanidad otro tanto, con múltiples conflictos, con pérdida de la calidad del servicio público y de su valoración por parte de los ciudadanos y ciudadanas, pese a contar con más recursos que nunca. Aquí también tienen a la inmigración como chivo expiatorio, auque no les sirve para explicar por qué también se deteriora, y mucho, en islas estancadas poblacionalmente, como es el caso de La Palma. Asimismo sucede en los servicios sociales, a la cola del Estado español y que el presidente Rivero considera que no son una prioridad para su Gobierno, como trasladó recientemente a los cabildos.

Y su irresponsabilidad no es menor en el caso de la seguridad, utilizando inmoralmente asuntos como la muerte de inmigrantes en nuestras costas o el secuestro de menores o el terrorismo para promocionar la policía canaria, usada como reclamo electoralista y no como aportación a la mejora de la seguridad de personas y empresas. Una policía que se quiere implantar sin acuerdo con Madrid, lo que es suicida desde un punto de vista económico.

Son, por tanto, más que preocupantes estos primeros meses de actuación del Gobierno de Canarias, que auguran una legislatura de retroceso social, económico y político que Canarias no se puede permitir si quiere alcanzar un modelo de desarrollo sostenible, con futuro, y una sociedad que profundice en el Estado del Bienestar mejorando la calidad de vida de su gente.

Román Rodríguez