Nos está costando vidas
“A los emigrantes pobres de la tierra les hacen la guerra ciertos ignorantes que olvidan que antes, ese recorrido tan comprometido que ahora hacen otros, lo hicimos nosotros”.
Canarias, por nuestra posición geográfica, ha sido siempre una tierra de migrantes. Hemos sido históricamente un pueblo abocado a la movilidad transnacional, unas veces como puerto de partida y, otras, como destino. En este trasiego se ha ido conformado nuestra identidad y sentimiento, por eso no hay nada que tenga menos que ver con nuestro pueblo que el racismo.
La explicación es sencilla, las canarias y canarios somos conocedores del dolor que supone salir de nuestras islas para buscar, en otras tierras, el derecho legítimo de un trabajo que te permita el desarrollo de una vida digna. De modo que reconocemos y respetamos el duelo de los que, de igual forma, llegan a nuestro archipiélago con el mismo fin.
Hay quienes se empeñan, sin embargo, en que repudiemos y culpabilicemos a estas personas que dejan toda su vida atrás, cuando no directamente se la juegan al tratar de atravesar una de las rutas migratoria más peligrosas del mundo. Según parece, criminalizando su precariedad, utilizando el miedo y llamándolos “invasores” es posible que dejemos de atender a los problemas de nuestra sociedad, como la desigualdad social lacerantes que ubica a nuestra Islas lejos del bienestar social de otros países con un PIB equiparable.
Agitando el fantasma del racismo hay quienes pretenden que olvidemos las malas políticas que Occidente ha desplegado en el continente al que pertenecemos geográficamente. Políticas de expolio que han hecho que regiones con enormes riquezas estén condenadas a la pobreza extrema, la inestabilidad política y la violencia.
Podemos mirar para otro lado ante esta tragedia humanitaria y decir que no tenemos capacidad, que unos pocos miles de migrantes nos desbordan mientras 16 millones de turistas no lo hacen. Podemos afirmar que quienes vienen con la esperanza puesta en progresar son potenciales delincuentes, pero entonces estaremos traicionando nuestra memoria y a todas las generaciones canarias que, antes que nosotras y nosotros, tuvieron que salir de nuestra tierra, con el dolor que ello supone, a buscar fuera lo que se les negaba aquí.
Nuestra responsabilidad ahora como representantes institucionales, en gobiernos, sea local, autonómico o estatal, es tomar las medidas necesarias, o instar a ello, para:
-Detener el desmantelamiento del servicio público de Salvamento Marítimo, respetando los derechos laborales de sus trabajadores, hoy desbordados por la mala gestión del servicio.
-Garantizar a toda persona migrante sus derechos fundamentales haciéndonos cargo de una situación dolosa en la que tenemos responsabilidad directa.
-Impedir que Europa forme muros de contención de la población migrante, ni en Canarias ni en ninguna otra parte, porque la necesidad y la esperanza no se detienen ante ningún obstáculo.
Por estas razones debemos pensar, antes de que se terminen de convertir nuestras fronteras en cárceles o cementerios, en asegurar los corredores migratorios que conectan África con Europa mientras incidimos en las causas de estos movimientos de población en origen.
Frente al odio, debemos insistir, porque estamos éticamente obligadas a ello, en el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra tierra, y más si somos sus representantes electos. No podemos ni debemos mirar para otro lado o exigir a otros lo que nos corresponde hacer a nosotras. El drama migratorio nos está costando vidas. Quien no esté a la altura de asumir desde las instituciones las responsabilidades que conlleva tal desafío, que se aparte.
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