Crítica y movilización

Sin estrategia propia

En la UE bajo el pretexto de apaciguar a los “mercados financieros” que atacaban la deuda soberana de algunos países de la zona euro, se ha impuesto una política económica liberal, liderada por el gobierno conservador alemán, sin que los escasos ejecutivos socialdemócratas hayan sido capaces de elaborar una estrategia propia. Las medidas de ajuste del gasto público de todos los países de Europa, incluyendo aquellos que como Alemania no lo necesitaban, sacrificarán a corto plazo la recuperación, lo que va a suponer grandes costes sociales en los estados con más paro, entre ellos España.

Se ha hecho exactamente lo contrario de lo que aconseja el Informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, presidido por Felipe González, y que fue presentado el mismo mes de mayo en el que los dirigentes de la Unión aprobaron el giro en sus políticas anti-crisis. “Para salir de la crisis -señala este Informe- necesitamos mantener medidas anticíclicas, hasta que la economía despegue por sí misma, porque la máxima prioridad sigue siendo crecer y crear empleo. Si aquellas se cortan a destiempo podemos retroceder.”. Por tanto, considero que se engaña a la ciudadanía cuando se señala que la actual es la única política posible, y la prueba es que Obama en Estados Unidos aplica una política bien diferente, anunciando un nuevo plan de relanzamiento fiscal con más inversión en infraestructuras, incentivos a las empresas y aumento de los impuestos a las rentas más altas, algo que en la UE nadie se atreve a defender.

España ha seguido fielmente esa línea marcada por los gobiernos conservadores europeos, aunque es cierto que contaba con menor margen de maniobra debido a su alto déficit público. Las medidas adoptadas por Zapatero en mayo, con una fuerte reducción de la inversión y del gasto público, conllevan un alto coste en términos de desempleo y de bienestar de la ciudadanía, especialmente de los menos favorecidos. Algo que es evidente en el caso de las pensiones, congeladas unilateralmente, vulnerando el consenso establecido en el Pacto de Toledo. Y que ralentizará la aplicación de la Ley de la Dependencia, afectando asimismo a la prestación del resto de los servicios públicos.

Además, el Ejecutivo español acometió en solitario la reforma laboral y anunciado la de las pensiones con poca reflexión, y otorgándoles un falso efecto milagro. Ni la reforma laboral va a crear más empleo y solucionar el paro, ni hay tanta urgencia en el debate sobre el futuro de las pensiones, que aparece, en esencia, como una concesión ideológica a la derecha. Más sorprendente resulta aún que la reforma financiera, tan necesaria por haber sido los bancos y sus derivados financieros los causantes de la crisis mundial, se haya saldado en España exclusivamente con un Decreto-ley que privatiza las Cajas de Ahorros, entidades semipúblicas muy vinculadas a sus respectivos territorios, sin que se tome ninguna medida respecto a la banca privada. El PP, que ve como le roban su programa frente a la crisis, se limita a esconder sus propuestas, sin llegar a ningún acuerdo con el gobierno, excepto apoyar la privatización de las Cajas, así como a esperar que la erosión de Zapatero le ayude a llegar a La Moncloa.

Déficit público

No niego la necesidad de disminuir el déficit público en estados como el español. La diferencia está en cómo y cuándo hacerlo. No sólo se reduce el déficit recortando el gasto, también incrementando los ingresos del estado. Sobre todo en España donde la presión fiscal se sitúa casi diez puntos por debajo de la media europea. En primer lugar, hay que tomar medidas decididas para emerger la importante bolsa de economía sumergida que en el caso canario es del 29% del PIB, y en España duplica la europea (24% frente al 12%). Según un Informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda reducir en diez puntos esta bolsa supondría una recaudación adicional de más de 38.500 millones de euros en España. En segundo lugar, hay que combatir el fraude fiscal más allá de lo anecdótico. No toda la presión fiscal debe recaer sobre las rentas del trabajo. No es de recibo, como señala el citado Informe, que los asalariados y pensionistas canarios declaren anualmente al fisco una media de 4.469 euros más que los profesionales liberales y los pequeños y medianos empresarios. Por último, es necesario también incrementar los impuestos directos para los ingresos del capital, las rentas más altas y los grandes patrimonios, así como imponer una tasa extraordinaria sobre los enormes beneficios que está obteniendo la banca española en estos momentos de crisis.

Canarias, con 317.000 desempleados, una tasa de paro nueve puntos más que la estatal, con miles de empresas cerradas y muchas otras ahogadas por la falta de crédito, así como con un endeudamiento privado superior a la media estatal, tiene ante sí un grave problema para salir de la actual crisis económica. No hay en las Islas a corto plazo actividad económica privada que sustituya el impulso de la inversión pública, que se va a ver aún más debilitada en los presupuestos del año 2011. Las medidas anunciadas por el Gobierno canario de ATI-CC y PP para luchar contra la crisis han sido improvisadas, sin ningún rigor y puramente propagandísticas. Los reiterados anuncios de Rivero y Soria de crear 80.000 nuevos empleos antes de las elecciones de mayo de 2011 son pura demagogia y una frivolidad, cuando la realidad es que se siguen destruyendo empleos netos en Canarias.

Comprendo y comparto el malestar creciente de una ciudadanía que observa un enormemente desigual reparto de los sacrificios. Me preocupa el desafecto que esto está generando respecto a las instituciones democráticas. Considero desalentador la entrega de la socialdemocracia a las tesis más conservadoras. Entiendo que es necesario, por tanto, una nueva orientación, que ponga el acento en el impulso a la inversión pública y la defensa del Estado del Bienestar; y que para modificar la actual situación es imprescindible la crítica y la movilización.

Román Rodríguez