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Ecos del Parlamento

Rafael Álvarez Gil / Rafael Álvarez Gil

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Desde hace tiempo la institución parlamentaria, esencia del poder legislativo, padece una posición de debilitamiento ante el ejecutivo. Esto es algo que está ocurriendo en muchas democracias parlamentarias, y por tanto, también en nuestro Congreso de los Diputados como en Teobaldo Power.

Salvo en el caso de Canarias, el grupo mayoritario de la cámara es el que sustenta al gobierno y se convierte en una mera correa de transmisión de la voluntad del mismo. De hecho, la mayor parte de la tramitación legislativa procede desde el propio ejecutivo y no desde el grupo parlamentario que lo apoya. Esto, junto a otros factores, convierte al Parlamento en una mera caja de bullicio y resonancia. Lejos queda el parlamentarismo decimonónico donde Cánovas y Sagasta intentaban convencerse uno al otro a través de la oratoria y el argumento de autoridad. Por el contrario, hoy en día el jefe del ejecutivo y el líder de la oposición se usan entre sí, no para convencer al otro sino con la sana intención de captar la atención mediática. Lo realmente importante, no es que el mensaje político quede claro para el conjunto de los diputados, sino que llegue, aunque sea comprimido en cápsula televisiva de noticiero de diez segundos, a la opinión pública.

Por consiguiente, el Parlamento se convierte en el lugar de las luces, que mucho me temo que no son la de los ilustrados, los taquígrafos y la puesta en escena. De ahí, no es de extrañar que lo que llega al pleno esté precocinado, fruto de acuerdos de pasillos y despachos. Un lugar común para la confrontación, donde abunda los minutos de gloria de cara a la galería, en detrimento de un foro de encuentro y de mejora de la técnica legislativa.

Por ello, existe una judicialización de la política. Los partidos, al no encontrar en el Parlamento la solución al desacuerdo y el control efectivo sobre las medidas que pretende implantar el gobierno, acuden a los juzgados a denunciar todo lo denunciable. Lo que no se arregla desde el escaño, se intenta conseguir que sea en el Tribunal Constitucional. Incluyendo convocatoria de los medios y foto de familia en la misma puerta del tribunal a la hora de presentar el recurso en el registro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emite respuestas en razón a Derecho, que pueden entenderse políticas en cuanto es Derecho Constitucional, pero no es bajo ningún concepto el espejo donde debe mirarse la oposición en la política diaria. El lugar y la forma es otra: el Parlamento.

En cambio, una cosa son las nuevas tendencias que asola a las democracias parlamentarias y otra bien distinta lo que ha hecho el gobierno autonómico en este debate. No digamos ya, los comentarios ordinarios de un diputado popular, hechos en versos de pura grosería, hacia una diputada miembro de la Mesa del Parlamento. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué vulgaridad!

El debate sobre la nacionalidad canaria, tiene la finalidad de abordar la situación de la política general de las Islas y la responsabilidad del gobierno en la misma. Es decir, se trata de una rendición de cuentas del ejecutivo al Parlamento. Bajo ningún concepto, el que se examina no es el grupo parlamentario socialista, que por cierto sigue siendo el mayoritario de la cámara, ni el gobierno que preside Zapatero.

Cinco horas con CC y PP, sirviendo la televisión autonómica de fiel testigo de boda, es un auténtico canal temático de la monotonía. De la repetición de lo insaciable, de los aplausos simples y los elogios huecos. Un debate invertido y de contenido vacío que constituye un auténtico desprecio al parlamentarismo y al Estado de Derecho.

La potestad del presidente del Gobierno de no tener en sus intervenciones y réplicas ningún límite de tiempo, es una prerrogativa con una finalidad bien clara, que su rendición de cuentas ante el legislativo sea clarificadora y sin cortapisas. No es un arma contra la oposición, ni una manera de intentar contagiar a los demás su propia irresponsabilidad. Y mucho menos un eco del aburrimiento. Es una absoluta aberración, pretender discursar desde la tribuna con argumentos pobres que encima se repiten sin cesar, para terminar diciendo lo mismo. Por mucho que les pese, los que se examinaron son CC y PP, no la oposición.

Ni el gobierno de Zapatero, ni los socialistas canarios seremos cómplices de otra legislatura arrojada al basurero. Los responsables son CC y PP. Dentro de dos años, Canarias no podrá experimentar que se ha perdido otra legislatura con la complicidad de los socialistas. No somos partícipes de un gobierno que es superado continuamente por la realidad, que achaca a galaxias remotas su propia irresponsabilidad y que navega sin rumbo hacia la nada.

Los socialistas canarios apostamos por un gobierno que crea en el parlamentarismo y los mecanismos democráticos. Que esté a la altura de las circunstancias y las expectativas que la ciudadanía reclama. Más competencia y capacidad de trabajo. Canarias se merece un gobierno mucho mejor.

(*) Rafael Álvarez Gil es Secretario de Comunicaciçon del PSC-PSOE.

Rafael Álvarez Gil *

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