Reforma Estatutaria: Sistema Electoral y Bicapitalidad pendientes por Demócratas para el Cambio

Mientras en otras Comunidades se han ido culminando las respectivas revisiones estatutarias, aquí los partidos siguen utilizando la reforma como excusa para el choque frontal que vienen teatralizando en Parlamento y medios desde los últimos comicios electorales, y aprovechan temporada tras temporada para marear a los canarios con un aburrido guión en el que todos aparentan estar de acuerdo en la labor reformista electoral al afirmar que sus diferencias sólo son de método, es decir, reforma por Ley o por Estatuto.

Lo cierto es que poco o nada ha trascendido del contenido de la reforma estatutaria que entre todos los partidos han traído y llevado de acá para allá, reformando y volviendo a contrarreformar, pactando y retractándose de lo pactado. Hasta ahora todo ha sido teatro, un juego, una tomadura de pelo que revela a las claras lo poco que interesa un nuevo Estatuto, como no sea para seguir sumando peticiones de competencias que, a la postre, se gestionan con incompetencia, o con una indolencia que nos tiene a todos en la cola del tren del desarrollo español en educación, sanidad y --mejor ni comentarlo con la que está cayendo-- empleo.

Demócratas para el Cambio pretende que los ciudadanos de Canarias no sigan oyendo impasibles las escenificaciones de la clase política isleña que hasta la fecha sólo han producido ruido y dolor de cabeza. Los ciudadanos pueden hacer algo más que esperar por una modificación que no llega y que debería hacer que el Estatuto recoja la inaplazable reforma del Sistema Electoral y dé también solución definitiva a la confrontación secular respecto a la Capitalidad del archipiélago. Serán los ciudadanos los que, insistiendo en la necesidad de las reformas, tengan que presionar a los representantes políticos para que tomen en serio estos dos puntos cruciales de la reforma del Estatuto.

El periodo abierto en el Estado para las reformas estatutarias tiene que ser aprovechado para poner al día a nuestra Comunidad en la incorporación de nuevas responsabilidades competenciales, pero también, y de manera más perentoria, para conseguir que de una vez por todas los canarios tengamos una democracia al menos con unos índices de calidad similares a los del promedio del conjunto de las Autonomías.

En el último Curso de la Universidad de Maspalomas, los expertos y profesores ponentes dejaron bien patente cuán injusto es nuestro sistema electoral, no ya en términos absolutos, sino también al compararlo con los del resto del Estado. Esto es algo en lo que no se ha insistido lo suficiente. Los canarios piensan que lo que ocurre aquí, es decir, que el voto de un ciudadano herreño equivalga a 14 votos grancanarios o tinerfeños, es algo normal; suponen que lo mismo pasará en Extremadura, Baleares o Cataluña, por ejemplo, y no es así.

Quizá piensen que en otras Comunidades también ocurre que el 50 por ciento de los escaños del Parlamento se asigna al 17 por ciento de la población, como ocurre aquí, donde los habitantes de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, deciden qué se hará en Canarias, mientras 1.659.994 ciudadanos (el 83 por ciento) que viven en Gran Canaria y Tenerife tienen que mirar para otro lado. No pretendemos enfrentamiento alguno entre islas capitalinas y no capitalinas; pero hablemos claro, ésta es una situación que no se da, ni de lejos, en ninguna de las Comunidades del Estado y por supuesto en ninguna democracia occidental, por mucho que se hayan habilitado sistemas de compensación a determinados territorios que por su periferia y escasa demografía lo necesitaran. Compensación sí, pero no hasta el punto de que ésta se convierta en el elemento que termina deslegitimando y corrompiendo el sistema. También podrán pensar que igual que aquí, en otras Autonomías han ideado paridades y triples paridades que intentan acallar o tapar problemas de entendimiento territorial. Pero ni en los casos más problemáticos, como puede ser el de Baleares, también otro archipiélago con una distribución heterogénea de la carga poblacional en cada territorio, o el del País Vasco, región amedrentada en el momento de configurar su Autonomía por la actitud de la provincia de Álava, a la que se tuvo que compensar con todo tipo de favores para que cediese a incorporarse a ese proyecto en lugar de reclamar un estatus diferente, en ningún caso, insistimos, se dan condiciones de injusticia en la representación de los ciudadanos en su Parlamento, como la que se da en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Bicapitalidad, y la reforma del Sistema Electoral están en Canarias estrechamente relacionadas. El Estatuto habla de la Capitalidad compartida de Canarias. Compartida, que no repartida, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El hecho de que no se haya pensado lealmente en un ejercicio temporal compartido del poder, sino en un reparto espacial no equitativo de las Instituciones que ejercen el poder Legislativo y Ejecutivo, hace que llegado el momento electoral, el ciudadano, además de tener que superar la dificultad de su infrarrepresentación escandalosa en las islas de Gran Canaria y Tenerife, tenga que estar sopesando qué consecuencias tendrá su voto si va a una u otra formación política según el candidato proceda de una u otra circunscripción. El ejemplo de lo que decimos lo tuvimos en las últimas elecciones autonómicas en las que gran parte del electorado de centro o conservador, incluido el de matiz nacionalista, cambió su voto hacia la propuesta progresista en Gran Canaria, fundamentalmente porque ese voto suponía la única opción que mitigaría lo que en esta isla se percibía como un continuo apisonamiento del nacionalismo nutrido principalmente del granero tinerfeño. Y no sólo son los electores los que miden esto. También los partidos políticos, que tienen que tragar con asuntos que por su ideario habrían de denunciar, pero que dependiendo de dónde sea el territorio en el que sucedan, han de acallar vergonzosamente. Hemos visto un ejemplo de esto en el último periodo preelectoral en el que la izquierda tuvo que refrenar sus intenciones de investigar posibles indicios delictivos urbanísticos en Tenerife porque tal acción se leería por un sector no despreciable de la ciudadanía --incluidos progresistas-- como una agresión a la patria, y en consecuencia un menoscabo en votos.

Seguimos pensando que Canarias tiene futuro como Comunidad Autónoma, pero con reglas de juego que deben actualizarse pasado ya más de un cuarto de siglo del forzado Estatuto Canario inicial. Las peculiaridades de ser archipiélago deben ser tenidas en cuenta, y los Cabildos tienen ahí un papel preponderante que interpretar, pero las reformas básicas e impostergables del próximo Estatuto tienen que dirigirse a la corrección del Sistema Electoral y a la Bicapitalidad. Esto es lo que seguirá demandando DPEC y esperamos que se sumen muchos canarios que piensan esto mismo pero que no se atreven aún a decirlo con rotundidad.

*El presente artículo lo firman Vicente Mujica Moreno, José Manuel Marrero Henríquez, Manuel Roríguez González, José Brito López, Juan José Pons Bordes, Gloria Arteaga Ortíz y la adhesión de doscientos ochenta y nueve simpatizantes más.

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