La sorprendente adjudicacion de la segunda fase de las obras del parque del Guiniguada a la UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Hermanos Santana Cazorla por 14,5 millones de euros es añadir locura a una situación anómala. La primera fase de las obras se adjudicó por una cantidad aproximada de 2 millones de euros y se ejecutó un proyecto distinto al adjudicado con un coste con casi total seguridad superior al doble de los dos millones. Adjudicar un proyecto y ejecutar otro por el doble es práctica que está prohibida a las administraciones públicas. Del mimso modo que está fuera de la ley ejecutar un proyecto por encima de los plazos fijados. Como es el caso que nos ocupa.El truculento ardid de vulnerar todos los controles por la vía de gestionarlo por sociedad interpuesta, la empresa municipal Geursa, podría ser de recibo si no fuera porque esos fondos los obtiene tal compañía de la enajenación de patrimonio municipal.Si el expediente a fecha de hoy resulta opaco y anómalo, la adjudicación a la misma empresa beneficiaria adquiere tintes escandalosos. Porque parece casi seguro que esa suculenta cantidad, los 14,5 millones de euros, tiene por destino otra obra que la sometida a concurso público y con total seguridad será otra la cantidad que resulte en la liquidación de la obra. Una huída hacia adelante en toda regla, del todo inaceptable. Y con dinero de todos los ciudadanos. Ante una situación tan escandalosa, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Tiene la oposición política en el Ayuntamiento capitalino toda la información sobre el asunto que relatamos? ¿Va a practicar el silencio cómplice? ¿Es viable el proyecto adjudicado? Sin ánimo de entorpecer la gestión de la alcaldesa Luzardo, haría bien la oposición en reclamar una comisión que investigue el expediente porque, en democracia,la agilidad mal entendida debe estar sometida a valores superiores, entre los que se encuentran la transparencia y el rigor exquisito en el gasto de los caudales públicos que en todo este folletín tiene menos controles que los que le aplicaría cualquier empresa privada.