Felípica III de 2022

I

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Buenas noches.

Como cada año por estas fechas, me dirijo a todos vosotros para expresaros, por un lado, las esperanzas de la Reina, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y mías de que hayáis tenido un buen 2022; y, por el otro, para desearos un muy feliz 2023. 

Aunque mis palabras habitualmente se vean condicionadas por la necesidad de contar con el refrendo del Gobierno, nada ha de impedir que pueda haceros llegar ahora, de este modo —como llevo haciendo desde 2020— mis particulares observaciones sobre diferentes aspectos relacionados con nuestro presente que ha de contribuir a mostraros una imagen de la monarquía renovada y, entiendo, más ajustada a lo que debería ser. 

Reconozco en este sentido que estoy sopesando la conveniencia de un cambio en mis tradicionales apariciones en Nochebuena. Es posible que no sea muy adecuado que la frecuencia se limite a una vez al año y en un día tan señalado, donde lo normal es el encuentro entre familias y personas queridas. La escasez de ocasiones que se me presentan para hablaros creo que es contraproducente. Considero que debería consolidarse la realización de más intervenciones como esta porque no son pocos los contenidos que conviene abordar y que, en el formato de siempre, terminan siendo atendidos de un modo superficial, vacuo o, en el peor de los casos, ignorados por completo. 

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Uno de esos temas que me gustaría compartir con vosotros está relacionado con la institución que represento, criticada a lo largo del año por diferentes sectores del ámbito político y comunicativo sin que yo pueda defenderla. En ocasiones, del cuestionamiento se llega al ataque inmisericorde, como es el que proviene de los constantes insultos, de las perseverantes calumnias o de las desagradables provocaciones que solo conducen a crear un clima de convivencia hostil hacia una jefatura del Estado que, conviene recordar, cuenta con el amparo de las leyes. 

Agradezco el sincero apoyo de quienes, desde las posiciones que ocupan, salen en defensa de la Corona; pero me gustaría que esta tuviera suficiente capacidad para mostrar a sus detractores su razón de ser y cómo todos los días contribuye a la mejora de nuestra nación. Este ejercicio expositivo en la actualidad no es posible; y los seis, siete, ocho minutos que cada año me asignan para dictar el tradicional discurso navideño son muy pocos para dar cuenta de lo que me apetece comunicaros.

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En consecuencia y siguiendo el camino alternativo que recorro desde 2020, hoy, ahora, aquí y así, trataré de haceros llegar las que considero mis auténticas posiciones sobre los diferentes temas que voy a compartir con vosotros. Como mis palabras vendrán regidas por la libertad absoluta, cuanto quiera deciros responderá a un orden de apetencias personales. 

En esa jerarquía de inclinaciones, el primer asunto que deseo abordar está relacionado con una verdad que reclama ser declarada para que el infundio que la niega desaparezca para siempre: no soy hijo de la dictadura franquista. Nada tengo que ver con este atroz periodo de la historia de España. Repetiré esto tantas veces como sea posible. El genocida murió cuando yo tenía siete años; diez, me contemplaban cuando se aprobó la Constitución y catorce cuando se aceptó que La Transición había terminado. 

Con estos datos contrastados, pregunto: ¿Es lógico que me sitúen en un lugar ajeno a la democracia? Que mi padre llegara como lo hizo no ha de presuponer nada. A él le debo el respeto que se merecen nuestros ascendientes, pero no la sumisión de ideas. Mi caso no es muy diferente al de cualquiera de vosotros. Yo no he tenido que jurar las leyes de ningún Movimiento; sí, en cambio, las que en la actualidad nos sirven de marco para el desarrollo de las libertades de las que gozamos.

El vigente ordenamiento jurídico me ha puesto donde estoy y cuestionarlo no tiene sentido. España es una monarquía parlamentaria. Eso lo reconoce la Constitución. No hay debate al respecto. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos por intentar que las voces “monarquía” y “parlamentaria” estén a la altura de lo que queremos y exigimos de ellas. Habrá que implementar mejoras en la institución que represento y notables cambios en lo que tiene que ver con lo parlamentario —por extensión, los poderes del Estado—; sobre todo en el ámbito judicial, que es el que, de los tres, a mi juicio, durante este año, ha quedado más dañado por el descrédito.

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Articularé el resto de mi discurso centrándome en cada uno de los términos apuntados. Primero hablaré de lo que me afecta de manera más directa; en consecuencia, empezaré con la voz “monarquía”, que siento señalada con dedos acusadores sin saber cuál es el mal cometido. ¿Dónde se halla el problema de la institución? ¿En la asignación que recibe de los presupuestos? ¿Ahí? ¿Son esos seis millones de euros consignados el motivo para el descrédito? Mis bienes, en forma de cuentas bancarias, obras de arte y joyas, como he declarado, y que poseo de manera legal, ¿son causa suficiente para el rechazo de muchos a la Corona? ¿Lo es que me califiquen de “ahorrador” porque mi patrimonio muestra que gasto poco teniendo en consideración lo que recibo? Decidme: ¿Qué he ocultado o trampeado para escapar del control de las autoridades tributarias del país?

¿Es el problema la función diaria que desempeño? Si así fuera, os pido que me digáis cuándo he desatendido las tareas que me asigna nuestro actual ordenamiento jurídico. ¿Con qué se me puede señalar para sostener la animadversión de muchos hacia mí y hacia lo que represento? ¿Acaso no cumplo con mi deber? ¿Tengo en mis manos salir de los límites que me han impuesto? Quiero hacer más, creedme, pero estoy atado. Lo sabéis. Mis responsabilidades están tasadas y cuando trato de moverme para ampliar un poco más mi ámbito de actuación surge siempre la sombra alargada de mi padre y de lo que ha hecho o dejado de hacer. ¿Por qué he de cargar con esa cruz? 

Él vive en Abu Dabi. Ahí se quedará. Es su decisión. Vendrá a España cuando lo considere. ¿Puedo impedírselo? La misma libertad que ha tenido para elegir en el pasado la tiene ahora para escoger dónde pasar los años que le restan de vida. ¿Por qué lo que haga o deje de hacer me ha de afectar como representante de la Casa Real y, por extensión, de cuanto me corresponde llevar a cabo al frente de la jefatura del Estado? ¿No se está exagerando su influencia? Ya no realiza funciones para el país; es más, ya no está capacitado ni para hablar en nombre de España. Lo más que alcanza ahora es sopesar si quiere o no venir a Sanxenxo o asistir o no a unos funerales como los celebrados hace poco en honor de Isabel II. Pregunto de nuevo: ¿Puedo impedírselo? Puedo aconsejarle, sugerirle, que no acuda a donde desea ir, pero no soy quién para prohibírselo.

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Tengo claro que a Juan Carlos I lo ha de juzgar la historia; a Juan Carlos de Borbón, la justicia. Como su reinado ya no existe, han de ser los jueces quienes dictaminen lo que corresponda sobre lo que él ha reconocido como acontecimientos pasados de su vida privada que lamenta sinceramente. No me gusta que, en esto, haya apelado al privilegio de la inmunidad para resolver sus problemas judiciales en el Reino Unido. No puedo estar satisfecho con esta elusión de la culpabilidad que no proviene de una sentencia absolutoria, sino de una prerrogativa que, desde ya, quiero ver revocada.

Por eso celebro el paso dado con el decreto-ley sobre la Casa Real que se aprobó en el Consejo de Ministros del 26 de abril; aunque me habría gustado que se hubiera hecho uso de un proyecto de ley que, de algún modo, con sus enmiendas y discusiones, comprometiera a las Cortes a un consenso que, sin duda, fortalecería a la Corona. Actualizar la institución es una necesidad insoslayable, pero la urgencia que conlleva la aprobación de un decreto-ley no termino de verla porque entiendo que es indispensable un debate amplio y razonado sobre lo que se quiera proponer para optimizar el servicio que la referida casa brinda a los españoles a través de la representación de la jefatura del Estado. Aun así, insisto, debo reconocer que el paso dado es importante.

Espero que en breve se den otros más en esta dirección de mejora; entre ellos, sin duda alguna, el que traiga consigo la supresión de la inviolabilidad que me ampara. Es indispensable que se lleve a cabo cuanto antes esta eliminación porque contribuye a mantener la estereotipada imagen de un rey déspota que, sentado en un trono, ordena decapitar a cualquiera que vaya contra sus intereses. Pregunto: ¿En esa desafortunada anotación sobre la «inviolabilidad» que recoge la carta magna —que nada apunta, por cierto, acerca de si es absoluta o relativa— se halla el quid de la controversia hacia la institución que represento? Tanto si es así como si no, me gustaría que, cuanto antes, se eliminara este infausto privilegio. Aunque el ordenamiento jurídico fije que la culpabilidad se ha de demostrar y presuponer la inocencia, los cheques en blanco siempre son una vía libre para la delación infundada y la tergiversación.

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Atento a las necesidades que muchos juristas de postín han ido exponiendo a lo largo de este año al hilo del citado decreto-ley, manifiesto con plena conciencia de lo que afirmo que no me opongo al fin de la inviolabilidad ni al control presupuestario de la Corona. No voy a interferir en las funciones de quienes tengan que llevar a cabo esta vigilancia. Acepto, además, la declaración periódica de derechos, obligaciones y bienes patrimoniales tanto de mi familia como míos; estoy absolutamente de acuerdo con el cambio constitucional vinculado con la igualdad de género en la sucesión (¡cómo no estarlo si soy padre de dos hijas!); doy mi conformidad a que se fijen las causas que conduzcan a la inhabilitación permanente del monarca por las Cortes; y veo con el prisma del sentido común, aunque no con el de la representación simbólica, el que sea el Gobierno —que es quien dirige la administración militar y la defensa del Estado— el que asuma el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Todo lo enumerado cuenta con mi asenso.

Acepto de buen grado lo expuesto: no solo porque lo comparta, sino porque es lo que toca en función de los tiempos que vivimos y las expectativas que se van planteando acerca de los que restan por venir a corto y medio plazo. Son cambios inevitables que, repito, cuentan con mi aquiescencia. Adelante con ellos. Eso sí, me gustaría que vinieran acompañados de otras modificaciones igual de importantes. Me ocuparé solo de la más relevante de todas: la libertad para expresarme como considere oportuno ante situaciones como las que estamos viviendo (una guerra en Europa, el alza de precios, leyes polémicas, etc.) o ante hechos que me afectan de un modo más directo y que, por los procedimientos y protocolos palaciegos y gubernativos, no puedo explicar ni atender en primera persona, sino a través de subterfugios declarativos que no hacen más que opacar las versiones de lo sucedido. 

Pongo algunos ejemplos: mi retraso en la toma de posesión del presidente Gabriel Boric en Chile, el asunto de la espada de Bolívar en el acto similar que se llevó a cabo en Colombia para investir a Gustavo Petro o el sentido de mi viaje a Catar para asistir al primer partido que realizaba la selección de fútbol masculina en el mundial celebrado en este país hace poco. Estos tres casos muestran cómo las justificaciones que dan terceras personas sobre mi manera de proceder —con la mejor de sus voluntades, no lo dudo— terminan perjudicando a la institución, pues en el imaginario colectivo ha quedado asentada la convicción de que desprecio a los presidentes Boric y Petro, y de que me alío sin medida alguna con el emir de Catar porque, entre otras razones, mi padre tiene estrechos vínculos desde hace muchos años con dirigentes del Golfo Pérsico. No es cierto nada de lo señalado: los tres mandatarios, atentos a la función que desempeño como jefe de Estado, merecen toda clase de consideración por mi parte, aunque pueda disentir en lo particular con determinadas actuaciones o formas de pensar ante asuntos concretos. Si hubiera tenido la suficiente libertad para hablar, habría aclarado cualquier malentendido o conclusión desacertada.

En breve tendré la oportunidad de desplazarme a Brasil para la investidura de Lula da Silva. Un hombre ejemplar que lleva consigo un admirable objetivo: que su pueblo tenga resueltas las necesidades básicas. Toda su actividad gira en torno al cumplimiento de este noble y encomiable propósito. Declaro desde ya mi respeto y estima al futuro presidente de la república sudamericana por si algún percance sucediera en esta visita y los de siempre vieran en el suceso, en la anécdota, alguna extraña voluntad personal por menoscabar la figura de este insigne mandatario.

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En muchas ocasiones siento que el refrendo del Gobierno y la neutralidad política que se me exige dañan la manera con la que me quiero dirigir a la ciudadanía en el ejercicio de mi cargo y, de algún modo, condicionan mi trabajo. Estoy de acuerdo, en este sentido, con lo que apuntó el que fuera jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que le hicieron en mayo, a propósito de lo que señaló como infrautilización de la institución que represento, riesgo de la irrelevancia y necesidad de sopesar los márgenes de la prudencia en la que desempeño mi responsabilidad. Asumo hasta cierto punto el sentido del refrendo porque estamos en una monarquía parlamentaria, pero me cuesta mucho más aceptar la neutralidad sin más; principalmente si ello implica una suerte de posición ambigua ante todo y un quedarme a un lado en asuntos que me importan, no solo como responsable político, sino incluso como español y, por supuesto, como persona que posee una cosmovisión propia del mundo. 

Si no pediríamos a un jefe de Estado republicano esta neutralidad, ¿por qué a mí sí? ¿Porque no he sido elegido? ¿Porque se me presupone de una tendencia ideológica que, para más inri, no me han dejado expresar? No soy infalible. Lo sé. Y sé que no debo (¡ni quiero!) ser objeto de decoración ni de veneración: primero, porque no tiene sentido —es una actitud absurda—; y, segundo, porque determinadas defensas de la Corona antes dañan que benefician. Estoy atado. No puedo intervenir, aunque me gustaría. Por ejemplo: quisiera decir a los jueces que han emitido condenas por injurias a la monarquía que no, que así no, que tapando las bocas de quienes agreden de palabra a la institución no se conseguirá proteger a la jefatura del Estado. Cada una de las que cierre la censura alimentará la voluntad silenciosa de cien más por hablar; estas harán lo propio con otro centenar y así sucesivamente hasta que surja la revolución y, con ella, el descontrol. Lo sabemos. La historia nos lo ha contado una y mil veces. Quiero disfrutar de la misma libertad de la que gozan los que ofenden a la monarquía para poderme dirigir a vosotros y contaros mis impresiones sobre mil y un asuntos, disculparme por los fallos que he cometido en el ejercicio de mi labor y compartir los éxitos, si alguno hubiera que destacar. Todo ello sin auxilios ni componendas que no he pedido ni necesita la Corona. 

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Estas ataduras y ciertos silencios impuestos —como el que promueve el CIS cuando no pregunta por la monarquía— deben eliminarse cuanto antes porque trasladan una imagen equivocada de la institución. Da la impresión de que hay un afán de ocultamiento desde el mismo instante en el que se me exige que no me pronuncie sobre tantos asuntos que afectan a la sociedad o se le impide a la ciudadanía que exprese su opinión acerca de su rey. Creo con sinceridad que es un error. Como gestores públicos, la incuestionable transparencia de nuestras cuentas ha de venir acompañada por la imperiosa necesidad de mostrar la visión actualizada que el pueblo tiene de la Corona. Es una obligación y, a la vez, por mi parte, un deseo. Escondernos nos invisibiliza y eso sería un paso más de cara a la desaparición de la institución. Espero, pues, que lo antes posible se retome desde el centro de investigaciones sociológicas el volver a preguntar sobre la Casa Real. Es lo correcto. No es cuestionable.

Hay que trabajar en esa línea de la claridad porque conviene consolidar una verdad: que la actual jefatura del Estado no mira con ojos del pasado, sino con los del presente muy atentos al futuro. El ayer nos da perspectiva, pero dentro de lo que es la estructura de un régimen monárquico conlleva un riesgo que es necesario minimizar al máximo: creer que fue lo mejor y, en consecuencia, convertir en inevitable la asunción de una actitud conservadora ante los quehaceres que hay que gestionar. La realeza suele pecar de este anquilosamiento que, por la parte que me toca, espero evitar. De ahí que las miradas que me sirven de referencia para estas palabras que comparto con vosotros sean las que provienen de mis hijas, por ejemplo, y no las de mi progenitor. Como padre, primero, y como rey, después, pienso en el país que me gustaría que ellas disfrutaran y, por su condición, en la responsabilidad que tienen con esta nación en la que espero vivan muy felices. 

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El 31 de octubre de 2023, mi hija Leonor, la heredera al trono, adquirirá su adultez. Albergo sentimientos encontrados, lo confieso: por un lado, me alegra que esta situación le permita una mayor autonomía, más libertad, más independencia; pero me preocupa la idea de que no pueda ejercer este derecho con plenitud por culpa del asedio de los medios de comunicación y de cuantos consideren oportuno acercarse a ella para formar parte de su círculo con aviesas intenciones. En anteriores discursos lo he dicho, ahora lo repito y no me cansaré de hacerlo mientras siga dictándolos de esta manera: soy rey, sí, las 24 horas del día, los 365 días del año; pero ante todo soy padre. Pido a los medios que, por favor, no se aventuren en sacar conclusiones de nada y que acepten los ritmos que determinan las instituciones. Su trayectoria está de algún modo ya fijada: cuando tenga que ser, accederá al trono como yo lo hice, o sea, por abdicación del titular de la jefatura del Estado. Declaro desde ya mi convencimiento de que estos no son tiempos para reinados que culminen con la muerte, como ocurrió hace poco con mi querida tía Lilibeth, que en paz descanse.

Cuando toque —si toca— será coronada y tendrá que asumir unas responsabilidades ya establecidas por la ley. Espero ejecutar bien mi trabajo para que todos los frentes que deberá atender estén adecuadamente encaminados en el momento de su ascenso al trono; y confío en que cuente siempre con el leal apoyo de su hermana, la infanta Sofía. El azar ha querido que —por dieciocho meses de diferencia— sea Leonor la heredera. Esto importa poco en lo que atañe a la responsabilidad que las dos han de cumplir: servir de la mejor manera posible al pueblo español. Así se las ha educado y ese es un principio inexcusable en la formación que ambas están recibiendo. Es más, su amor a nuestro país ha de ser tal que, con independencia de si es o no un reino, su madre y yo queremos que su entrega sea permanente y sin mácula alguna. Deseamos que sean buenas personas y que contribuyan con su honradez y generosidad a que sea mejor la sociedad en la que viven, esté o no vigente el actual sistema.

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Tras estos apuntes sobre la “monarquía” en los que creo que he dejado bien clara mi posición ante un no escaso número de asuntos que conciernen a la institución, quiero hacer lo propio con la voz “parlamentaria”, trasladando el sentido del adjetivo a la representación de los tres poderes del Estado y haciendo hincapié en lo que solo puedo considerar como tentativas de dañar la estructura del sistema que nos acoge. Las interferencias entre los citados poderes anulan el espíritu de independencia y de búsqueda de consensos que ha de predominar en sus ámbitos de actuación. 

Desde hace un tiempo se ha instalado en la conciencia y actos de los legisladores una deriva destructiva que me confunde y preocupa, pues supone la ruptura de esa paz inconmensurable que debe portar consigo la democracia. Oigo y leo tantas veces la expresión “golpe de Estado”, por uno u otro bando, que estoy a un punto de convencerme de que es lo que desean, aunque los beneficiados y los perjudicados de esta subversión no sean los mismos, y todos apelen a las virtudes de sus pronunciamientos pensando en el bien de España. Y no. Yo digo no. El pueblo quiere paz, libertad, pan, un techo, sanidad, educación, trabajo… y no esos pulsos de egos que unos pocos, atrincherados en las Cortes y en las altas magistraturas, parecen mantener entre sí.

Se me pide que intervenga, que haga bueno ese arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones, y yo pregunto cómo. Estoy atado. Cualquier paso que dé rompe un principio de neutralidad que, os confieso, me enfada más de lo que os podéis imaginar. Porque si por mí fuera, ya habría actuado ante la no renovación de puestos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, y a este último órgano le habría advertido de que interferir en un proceso legislativo que se desarrolla de acuerdo a las normas es una intolerable injerencia; una grave ruptura del movimiento articulado de las instituciones que nos hemos dado en democracia para que sea posible el buen hacer entre quienes tienen la responsabilidad de gestionar los intereses de la ciudadanía. Reconozco en este sentido que no termino de entender los colores ideológicos con los que se pintan a los magistrados y jueces. Detrás de cada toga hay individuos con ideas, con pensamientos, con maneras y formas particulares de interpretar la vida, es cierto; pero, una vez investidos con los ropajes que representan su dignidad, solo se deben a la vigilancia fiel por el cumplimiento de la ley evitando todo aquello que la deslustre.

Repito: si hubiera estado capacitado para ello, habría intervenido; y habría recordado al presidente del Constitucional, como quiero que no olviden ninguna de las autoridades del país, que hay un acuerdo que está muy por encima de sus responsabilidades y que a él se deben por completo: el que recoge nuestra carta magna de 1978, nítida en su vigencia, aunque no pocos artículos parezcan no existir para muchos de los que han de procurar que sigan funcionando. Yo pediría que, además, la acompañaran de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que los poderes públicos, los medios y la misma ciudadanía se han olvidado de la importancia de esta proclamación de 1948.

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Si por mí fuera, no solo exigiría el cumplimiento de lo que recogen las páginas de ambos documentos, sino que pediría —gritando y con sus hojas ondeando en mis manos— un instante de tregua para repensar la desquiciada trayectoria que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial llevan desarrollando a lo largo de este año. ¿Cuándo se perdió el sentido común? ¿En qué momento se consideró que esto que vivimos es la democracia que todos queremos? ¿El no estar de acuerdo con el actual sistema invalida la función que le corresponde realizar a la Corona? ¿En qué cabeza cabe cuestionar la legitimidad del gobierno? ¿Qué se ha hecho hasta ahora al margen de las leyes desde el poder ejecutivo? ¿Ilegitima pactar con partidos legales? Es terrible plantear la necesidad de estas preguntas ante un panorama que, os confieso, carece de sentido. ¿Algunos tienen las apelaciones a la moral? ¿De verdad que hemos de acudir a este aspecto para cuestionar la presencia en las Cortes de formaciones que han recibido el respaldo de miles de españoles y que nada se les pueda reprochar, aunque no se comparta su ideología? ¿Os parece esto inmoral? Para mí no es inmoral; y si lo fuera, lo sería tanto como acceder al escaño de una cámara quitándole el puesto a alguien o empadronándose en una provincia que no se corresponde con la propia.

¿Quiénes están contribuyendo a emponzoñar el ambiente? ¿A qué viene tanta inquina? ¿Cuándo se asumió como natural, sin cortapisas, este odio lacerante que está dividiendo el país en facciones que solo tienen como razón de ser el llevarse la contraria? ¿Cuándo se maldijo a esta nación con esta sinrazón? ¿Cuándo los insultos, los bulos, las infamias, los tejemanejes, las mentiras… se admitieron como lo normal en nuestra cotidianeidad? ¿Cuándo los responsables públicos, encargados de proteger al Estado de sus depredadores, consideraron que su función podía comprarse? ¿Cuándo se renunció a la iniciativa ideológica propia de las formaciones políticas para asumir las directrices empresariales de determinados lobbies vinculados con los medios de comunicación? Detrás de todos estos cuándos hay muchos quiénes.

[cámara 3]

Poco diré de estos, de los medios, pues son muchos y el riesgo de generalizar conllevaría una percepción de homogeneización que es injusta; además, porque defiendo a ultranza la libertad de expresión que recoge nuestra Constitución, aunque un buen número de ellos no cumpla con el principio deontológico de ceñirse a contar lo sucedido, con esa relativa objetividad que se puede tener; o de opinar sin apelar a mentiras o incuestionables estupideces para sostener sus tesis. Conviene, en este sentido, que se establezca una suerte de control en los contenidos que, sin dejar de priorizar la libertad de expresión, fije cortafuegos que impidan la propagación de bulos e insultos. Son intolerables las manifestaciones asociadas al menoscabo por razón de género, ideología, credo, raza… presentes en los medios; y es sumamente dañina la creación de noticias que solo persiguen incrementar el odio y las reacciones de naturaleza violenta hacia algunos representantes públicos. 

Pondré un ejemplo reciente: hace unos días he estado con el Presidente del Gobierno en la inauguración del AVE que va de Madrid a Murcia. Por el simple hecho de que caminaba en un determinado momento delante de mí o hizo no sé qué, una tropa de maledicentes comenzó una campaña más de desprestigio hacia el representante del poder ejecutivo afirmando que me ha ninguneado, que no ha respetado el protocolo, que… ¡Por Dios! ¿Mi autoridad depende de que este señor vaya un paso más atrás o de que yo sea el primero en saludar? ¿De verdad que para eso es para lo que quieren una monarquía? Mas nada de esto tendría salida en las conciencias colectivas de la ciudadanía si la prensa hiciera un trabajo de selección de contenidos más riguroso y no estuviera tan pendiente de hundir a unos viendo vigas donde en otros solo detecta pajas. 

Lo mismo ocurrió el Día de España. Este año se inventaron una inexistente ofensa hacia mí porque tuve que esperarle un minuto en el coche debido a que se retrasaba… ¿De verdad hace falta esto para atacar al representante del poder ejecutivo? ¿Los fallos en su gestión, si los hubiera, son de este calibre? ¿Dejarían de votarle porque me “obligó” a estar sesenta segundos más en el coche? Es más: ¿Creen los que dan pie a estas noticias tan absurdas que así me defienden? Lo tengo claro: cinco minutos, diez, quince… los esperaría de buen grado en el coche, en la tribuna o junto a vosotros tomándome un café si ello supusiera que nadie abuchea a nadie, que nadie insulta a nadie y que nadie busca el menoscabo de nadie. Y si para evitar situaciones tan vergonzosas —como las que ocasionan quienes asisten al desfile con el único propósito de enturbiar el ambiente y no disfrutar de una jornada de unidad— lo mejor es que se suspenda la parada militar, pues hágase y dediquemos el día a otros eventos; lo cual, bien mirado, tampoco es que esté fuera de lugar, pues creo que habrá que plantear el sentido que tiene celebrar un día de la patria desplegando tropas. En este punto, debo confesar que me preocupa que la unidad del país se asiente sobre la convicción de que, en un caso extremo, las armas son las únicas que la garantizan; pues la misma pistola que la defiende es la que luego puede contribuir a su separación.

[cámara 1]

Las inquinas de unos contra otros en las Cortes y el fuego del malestar en la calle alimentado por los medios han terminado por generarme una honda preocupación por los procesos electorales que se van a llevar a cabo a lo largo del año 2023. España llega a ellos en un clima de crispación, de violencia en los discursos, de permanentes ataques hacia la dignidad de los que participan en los comicios, ya sean como votantes, ya como candidatos, que temo la ruptura de los consensos pacíficos que da y pide la democracia. Las elecciones son el ritual más hermoso de las sociedades civilizadas porque implican la toma en consideración por parte de los electores de quiénes han de ser sus representantes. Los comicios no dejan de ser la prueba fehaciente de que la soberanía de la nación recae en su pueblo. Por eso tienen una importancia tan grande en las democracias que se hace necesario que se protejan frente a los ataques, las injerencias o los deseos de alterar el debido orden.

El grado de distanciamiento ahora mismo es tal entre las fuerzas políticas que vislumbro con preocupación consecuencias nocivas si los resultados no contentan a unos u otros. Las preguntas son inevitables: ¿Cómo hemos llegado a esta grave situación de polarización social? ¿Qué ha fallado para que, ante la perspectiva de lo que han de ofrecer los inminentes comicios, la sombra de la división violenta entre la ciudadanía se proyecte en la conciencia de los que somos testigos de la peligrosa deriva antidemocrática que ocasiona el enfrentamiento entre los representantes de los poderes del Estado?

Los desencuentros con el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y el desarrollo de las sesiones en las Cortes no auguran el mejor escenario. Este año he visto cómo los legisladores, jueces y el Gobierno han manchado el nombre de nuestras instituciones incapacitando a la Democracia —en mayúscula—. ¿Cómo? Negando sus virtudes para posibilitar toda clase de pactos con independencia de cuál sea la ideología de los postulantes. El sentido de Estado, la voluntad integradora y la razón científica han de prevalecer siempre. ¿Por qué da la impresión de que este año estas cualidades se han evaporado? ¿Qué esperan conseguir los representantes públicos con esa permanente actitud de bulla y desaliño que muestran durante el ejercicio de su labor? ¿Acaso buscan debilitar a la nación para satisfacer deseos espurios? Hasta el más fiero y correoso león puede sucumbir si una multitud de carroñeras hienas lo acometen. El Estado que nos hemos dado entre todos, el democrático, el de la paz y la prosperidad, puede desaparecer. Solo basta con que muchos lo intenten y otros tantos no hagan nada para impedirlo.

[cámara 2]

Convenceos: la España que yo quiero no difiere de la que vosotros queréis. Lo he dicho antes, procede repetirlo: el pueblo desea paz, pan, un techo, sanidad, educación, trabajo… libertad y no las egocéntricas maquinaciones que unos pocos llevan a cabo atrincherados en las Cortes y en las altas magistraturas.

Hay mucho que hacer y es necesario el consenso de todos los poderes para que funcione correctamente el mecanismo que permite que las sociedades progresen y sean mejores. Ahora mismo, percibo que no es así. A vuelapluma diré algunas cuestiones que considero relevantes y que, a mi juicio, han de ser los ejes por donde ha de circular el presente y futuro inmediato de la nación: pienso, por ejemplo, en la importancia de la ciencia, en general. Requiere de más inversión, mejores proyectos, más iniciativas, más formación, etc. Avanzamos por los carriles que nos han de llevar al siglo XXII y no al XX o el XIX. Las energías renovables también reclaman que se les preste la debida atención. Si tenemos claro que nos han de conducir a un país menos contaminado, menos expuesto a los efectos del cambio climático, más sano —en consecuencia— y más eficiente desde el punto de vista energético, ¿por qué no darles la prioridad que se merecen? Y qué decir del complejo y necesario proceso de digitalización en las industrias, en las empresas y en la administración pública, por ejemplo, que nos ha de llevar a optimizar los servicios que prestan a la ciudadanía. ¿Pedir consensos para que las estrategias de mejora en estos ámbitos sean eficaces es mucho pedir? ¿Alguien cuestiona su relevancia?

Quiero, como vosotros, una sanidad pública bien cuidada, bien protegida, bien dotada. Como cada año, deseo agradecer la encomiable labor que realizan sus profesionales y el enorme sacrificio con el que se entregan a su servicio a pesar de los numerosos contratiempos con los que tropiezan en forma de malas decisiones políticas. Hicieron un extraordinario trabajo durante la pandemia y lo siguen haciendo en la actualidad, cada día, dando lo mejor de sí en un quehacer que es duro, muy duro; e incomprendido por la mayoría. Se merecen cuantos la gestionan desde los centros de salud, los de especialidades, hospitales, laboratorios, etc., nuestro apoyo y, por supuesto, la consideración debida por parte de las autoridades. Si ellos van mal, nosotros iremos mal.

También deseo una educación pública en condiciones: bien cuidada, bien protegida, bien dotada. Si no velamos por nuestros menores, si no les ofrecemos la mejor plataforma para su formación, ¿qué cabe esperar de nuestro futuro? Me preocupa el abandono escolar, me preocupan las tasas tan elevadas de jóvenes parados sin una preparación adecuada, me preocupa esa percepción que hay en muchos profesionales de este sector sobre las interferencias que reciben de los responsables políticos y que suponen una descorazonadora bajada de exigencias académicas al alumnado; me preocupa que nuestros discentes puedan concluir que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin poner de su parte es posible alcanzar cualquier meta que se propongan. Me preocupa que no sean conscientes de que pueden tener una vida mejor que las de sus progenitores.

[cámara 1]

La España que quiero es feminista y, por supuesto, frente a los prejuicios de muchos sobre este movimiento, no excluyente. Vivo en un entorno femenino (mi mujer, mis hijas, mi madre). Gracias a él, poseo una visión del mundo que es la que me faculta para dirigirme a vosotros como ahora lo hago. La igualdad ha de ser el principio básico de nuestras relaciones y de cómo hemos de construir una sociedad volcada en el respeto y en el ofrecimiento de las mismas oportunidades para todos: en la política, en los sectores económicos, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en el deporte, etc. Por eso, quisiera reivindicar la importancia del Ministerio de Igualdad, tan denostado injustamente por muchos que lo han personalizado y lo han utilizado como blanco para insultos y groserías inaceptables. Sé qué España quiero: aquella que no ha de tener como españoles a quienes, amparados en un falso patriotismo, se han ensañado contra la responsable de esta cartera gubernamental solo por no compartir su manera de pensar o por no estar de acuerdo con algunas iniciativas que ha promovido. Hay cauces para expresar la oposición a una idea o a una propuesta, y todos fluyen por la vía del respeto y de las buenas formas.

Negar la violencia de género y, por extensión, la vicaria es no querer ver las realidades que el mundo nos ofrece; es como sostener que no somos los humanos los responsables de cuanto concierne al cambio climático. Por eso creo y defiendo que los jueces y magistrados han de tener una especial sensibilidad con este tipo de violencias, con este terrible tumor que siempre ha existido en las sociedades y que, por fortuna, se está visibilizando más y mejor para poder intervenir en su extirpación definitiva. No es cuestionable —no puede serlo de ningún modo— que se actúe con todos los medios posibles para proteger a nuestras mujeres. De ahí que no termine de entender las revisiones de sentencias que se han llevado a cabo con motivo de la aprobación de la conocida como Ley del sí es sí. Pensando en no pocos casos, la pregunta se vuelve incontenible: si abominamos del delito de violación y se ha condenado a alguien por esta causa a X años, ¿por qué revisar la pena para rebajar el rigor del dictamen jurídico si la ley, tal como está, permite que no se lleve a cabo esta reducción? Sé que no gustará esta duda en muchos ámbitos. También sé que, fuera de los márgenes de esta exposición, no tendré ocasión de formularla.

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Esta enmienda a una terrible injusticia histórica que España ha tenido con sus mujeres debe hacernos ver que la historia ha de servir para tomar conciencia de que el pasado no es bueno si de algún modo sigue vigente en la actualidad a través del desarrollo de conductas o formas de proceder que consideramos inadmisibles. No podemos aceptar, sin poner remedio, ese ayer que convertía a nuestras mujeres en víctimas del patriarcado; como no podemos mostrarnos indiferentes ante los estrechos vínculos que nuestro país ha tenido con los saharauis, aunque sea oportuno, como ya apunté en una ocasión, redefinir lo que nos une con Marruecos. He aquí otro caso en el que la historia demanda una suerte de corrección. En este último ejemplo, cabe reafirmar que cualquier acuerdo con Rabat no puede pasar por el abandono sin más de lo que ha sido y ha representado para nosotros el Sáhara. 

Dentro de nuestras fronteras, ocurre lo mismo: el pasado ha de ubicarse donde corresponde y aquellos males de antaño, si se reprodujeran en la actualidad, deben ser extirpados. Pienso ahora en dos palabras que, confieso, consideraba erradicadas de las voluntades políticas porque, a mi juicio, forman parte de dos trágicos pedazos de historia nacional que solo han de revivirse, por un lado, para tomar conciencia de que no se han de repetir y, por el otro, para estudiar, conocer, por qué llegaron a tener una tétrica entidad como voces asentadas en los agrietados corazones de quienes las padecieron. Me refiero a los términos “ETA” y “franquismo”. Ambos pertenecen al pasado y se han consolidado en la aún viva memoria del pueblo como infaustas crónicas de miedo y dolor. Hay, no obstante, un matiz importante que separa el ámbito de influencia de las referidas palabras en nuestro presente: la historia de la banda terrorista y de sus andanzas ya está cerrada; en cambio, la de la dictadura da la impresión de que se ha reavivado últimamente de un modo inaceptable. 

No voy a negarlo: me inquietan las exaltaciones al dictador, a su ideología y, en el fondo, a lo que representa. Me preocupa ese destape de una extrema derecha que hasta hace unos años no se sabía dónde estaba. ¿Por qué? ¿Acaso olvidan sus seguidores que el régimen que reclaman sucumbió y que fueron en buena medida los suyos —los situados en el poder— los que de algún modo aceptaron dinamitarlo? En las bibliotecas, las hemerotecas y las mediatecas se conservan los testimonios que demuestran qué ocurrió. Solo hay que leer, ver y escuchar en silencio, con respeto y altura de miras para conocer los hechos verificados. La ignorancia nunca puede ser una opción. Se votó una constitución que aniquilaba el sistema que impuso el genocida; se promovió una transición que, aunque mejorable, supuso el cierre de la dictadura. ¿Qué sentido tiene volver a reclamar lo que la inmensa mayoría del país no ha querido durante más de cuatro décadas? 

ETA se disolvió y muchos de los que estuvieron bajo su paraguas (por supuesto, no todos los políticos nacionalistas e independentistas vascos, sino algunos) o se recondujeron para la democracia o terminaron por abandonar la esfera pública. Me preocupa que, con el mal uso de la palabra “ETA” y el perverso manejo del término “franquismo” nos olvidemos de sus víctimas, a las que solo les cabe el homenaje y la voluntad de las autoridades para que sus nombres y sus hechos sean reconocidos con la debida dignidad. Por eso, todo lo que suponga el apoyarlas contará con mi aquiescencia.

[cámara 1]

Por último, como español, sí, pero sobre todo como ciudadano del planeta Tierra y como hombre de paz, deseo que terminen las guerras. Decía el recordado Julio Anguita: «Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen». Estoy de acuerdo con él. Una catástrofe evitable se ha cernido sobre Europa para que nuestras conciencias zozobren ante lo frágil que es la paz y lo factible que es el que suceda lo que consideramos impensable. Hace poco lo dije en la Universidad de Georgetown, procede repetirlo: «La guerra de Ucrania nos enseña que nuestras relaciones pueden fracturarse fácilmente». 

Como capitán general de los ejércitos, sé cómo las armas tienen una perversa capacidad para enajenar a quienes las portan. Por eso, a pesar de formar parte de la OTAN y de que este año España haya demostrado su lealtad con esta alianza estratégica, debo reconocer que, si me dan a elegir, optaría por potenciar la diplomacia frente a cualquier defensa territorial que base su razón de ser en la destrucción y la muerte. No es posible que estemos avanzando en la tercera década del siglo XXI manteniendo formas de actuar como las de hace cien o doscientos años. Algo hemos tenido que aprender en todo este tiempo.

[cámara 2]

Concluyo, ahora sí, apelando al significado de estas fiestas; por eso, quiero dirigirme a quienes, como yo, son cristianos y, fundamentalmente, católicos. Sabéis que soy un hombre de fe. Creo en Dios y en su misericordia; y alabo a los que hacen un desempeño honrado de la religión. A los políticos, jueces, periodistas y un largo etcétera de personalidades destacadas que se consideran buenos católicos y buenas católicas pido, por favor, que intervengan en la sociedad aportando más paz y frenando a quienes se aprovechan de las libertades para menoscabar el honor de muchos. Cumplamos con los hermosos propósitos que nos transmite el evangelio. Aparten de sí todo lo que signifique violencia, ya sea de pensamiento, palabra, obra u omisión; renuncien a los intereses inmorales y a los actos que buscan el daño ajeno. La fe nos ha de permitir ser mejores personas; por tanto, demostrémoslo yendo a la paz desde la paz. Insisto: a la paz desde la paz.

[cámara 1]

Paz. Esa es la gran palabra que ha de acogernos en 2023. Tendremos que repetir el sustantivo durante el próximo año para «recuperar en lo posible la normalidad en los lugares de trabajo, en las aulas, en las plazas y en los barrios; en los comercios, en los mercados, en los bares; en los cines, en los teatros…; en la vida cotidiana que da forma al carácter de una sociedad como la nuestra» que ha sido testigo durante este año de cómo se puede perder la paz atacando al corazón de lo que representa la democracia que nos ampara, enmarcada en los límites de la Constitución de 1978 y de la Declaración de los Derechos Humanos.

«Es lo que todos queremos. Y en la seguridad de que así será, la Reina, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y yo os agradecemos muy sinceramente todas las muestras de afecto y apoyo que nos habéis transmitido este año, y os deseamos una Feliz Navidad y todo lo mejor para un» 2023 «especialmente lleno de esperanza. 

Eguberri on. Bon Nadal y Boas festas». 

[cámaras apagadas]

II

Coda. «¿Qué probabilidad hay de que su real homólogo haga un discurso así? ¿Se lo puedo pedir a ustedes?» (Mensaje que un lector ha enviado por WhatsApp a los Reyes Magos).