Irrelevantes servicios sociales

Así, de “irrelevantes”, califica a los servicios sociales de la comunidad canaria el último informe elaborado por la asociación estatal de directores y gerentes del sector. Se trata de un análisis profundo que aborda, a través de la medición de distintos parámetros -derechos y decisión política, relevancia económica y cobertura de servicios-, el estado de salud de estos servicios esenciales. En el global, Canarias queda tercera por la cola (con un 2,40, en una escala de cero a 10) y sólo por delante de Murcia (2,35) y Comunidad Valenciana (1,05).

Resulta tan contradictorio como irresponsable haber llegado a esta situación. Que una comunidad con graves problemas sociales -que tiene más del 26% de su población activa en situación de desempleo (el 52% sin prestaciones económicas) y un tercio de personas en el umbral de la pobreza, que cuenta con los salarios más bajos, las más reducidas prestaciones y pensiones, que tiene graves problemas de acceso a la vivienda- no disponga de instrumentos adecuados para corregir esa realidad sangrante. Y que, por tanto, sea una sociedad tremendamente injusta.

Y no es fruto de la casualidad sino de las políticas. De los recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy, sin duda. Pero, asimismo, de los planteados por el Ejecutivo canario, acentuados por su escaso esfuerzo fiscal para disponer de más recursos, su mala organización y su inadecuada gestión en las últimas legislaturas de un área de especial sensibilidad.

La media que logran las comunidades en el informe (Desarrollo de los Servicios Sociales 2015) es del 4,53, lo que confirma un desarrollo global débil. Con unas pocas punteras: País Vasco (8,05), la única que alcanza la excelencia, por delante de otras dos con desarrollos altos, Navarra (6,95) y Castilla y León (6,7).

Varias comunidades muestran un desarrollo débil de los servicios sociales, entre ellas, Cataluña y Madrid; siguen en la clasificación un grupo de autonomías con nivel medio, medio bajo o débil; y la cierra un furgón de cola en el que se encuentra Canarias; las que, según señalan, tienen un nivel “irrelevante”.

Algunos datos son muy reveladores tanto de las diferencias entre las distintas nacionalidades y regiones como del profundo retraso de la comunidad canaria. El 10,65% de la población potencialmente dependiente recibe prestación del sistema en Andalucía, porcentaje que en Canarias es tres veces menos, un 3,62%. En el caso de los que tienen reconocido el derecho, están en espera un 14,3% en Castilla y León, mientras que en Canarias se encuentra en esa situación un 54,3%.

Tres años

Respecto al tiempo medio de tramitación del expediente de la dependencia, en Canarias es de 1.244,38 días; sí, lo han leído bien, casi tres años y medio.

Los autores del estudio recomiendan el anclaje constitucional del derecho a los servicios sociales, petición que se incluye en nuestra propuesta de reforma constitucional del programa electoral del 20D. Para ello plantean, entre otros aspectos, incorporar a la Constitución el derecho a los servicios sociales, aprobar una Ley General de Servicios Sociales, anular las disposiciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitan la acción de los ayuntamientos en este ámbito y recuperar el gasto en los servicios sociales, reducido profundamente a lo largo de la crisis económica.

Proponen, también, un pacto de Estado sobre la atención a las personas dependientes y una mejor transparencia e información sobre todo lo vinculado con los Servicios Sociales.

Cumbre social e institucional

Coincidimos en el conjunto de metas planteadas y exigimos, además, que Canarias redacte, debata y apruebe una nueva Ley de Servicios Sociales, con una cartera de servicios y una mayor descentralización competencial a favor de los ayuntamientos. Y, asimismo, solicitamos la puesta en marcha del Plan contra la Pobreza y del Plan de Empleo Social, así como la adecuada dotación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o un mayor compromiso en materia de vivienda. Así como establecer una ley de rentas mínimas.

Para ello es imprescindible contar con los adecuados recursos económicos. Con mayor esfuerzo fiscal, mediante una reforma que logre un sistema más progresivo que haga que paguen más los que más tienen. Mejorando, asimismo, la actual financiación autonómica. Exigiendo al Ejecutivo de Clavijo que dedique una parte de los 160 millones de euros anuales del IGTE para mejorar la situación calamitosa de los Servicios Sociales. Y desarrollando un modelo de gestión eficiente, descentralizado y coordinado.

Por eso hemos propuesto la convocatoria urgente de una cumbre institucional y social en Canarias que tenga como objetivo poner freno a la grave crisis de los servicios sociales en las Islas, estableciendo medidas inmediatas para su revitalización. Un encuentro en el que, junto al Gobierno de Canarias, con competencias exclusivas en la materia, estén la Fecai (Federación Canaria de Islas), la Fecam (Federación Canaria de Municipios), las ONGs del sector, los colegios profesionales y los grupos parlamentarios.

Se trata, en definitiva, de que Canarias ofrezca una oferta consensuada y con medios para frenar el aumento de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social, así como los intolerables niveles de desempleo.

La distribución justa de la riqueza se consigue a través del empleo y de las políticas públicas. Una sociedad democrática debe aspirar a alcanzar los mayores niveles de equidad y, en ningún caso, puede mirar para otro lado cuando se dan circunstancias tan duras como las que sufren cientos de miles de hombres y mujeres de esta tierra.