Nuevo cachetón a Torquemada

La portavoz de Jueces para la Democracia en Canarias, Victoria Rosell, realizó unas declaraciones sobre el caso Tebeto el 17 de septiembre de 2009. Sólo 15 días después el portavoz del ejecutivo, Martín Marrero, anunciaba que el consejo de gobierno del 30 de septiembre había acordado encargar a sus servicios jurídicos la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra Victoria Rosell. Los mismos servicios jurídicos tan lentos a la hora de defender los intereses generales en el caso Tebeto frente a Bittini, fueron muy diligentes y rápidos y lograron colocar en sólo 2 semanas un texto de 11 folios contra Victoria Rosell. Cualquiera diría que había tanto interés y tanta prisa por amedrentar a la portavoz de Jueces para la Democracia que el gobierno encargó el informe de la queja contra Rosell a un despacho jurídico externo.

La respuesta del Consejo General del Poder Judicial que archiva la queja del gobierno canario está argumentada en 50 folios, con abundante jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de expresión.El CGPJ recuerda al ejecutivo isleño que Victoria Rosell ejerció su derecho a la libertad de expresión cuando declaró en la radio que en el caso Tebeto “donde hay que mirar es donde se tramitan las cosas por amistad, por enemistad o por pura negligencia es en la propia administración, en la consejería de Industria del gobierno de Canarias”. En la entrevista radiofónica se aclaraba que la magistrada hablaba como portavoz de un colectivo profesional, que se expresaba en torno a un caso juzgado y sentenciado, que además ella no tenía ninguna competencia sobre ese caso. Por tanto era imposible achacar a la portavoz de Jueces para la Democracia una “falta disciplinaria muy grave” como pretendía el gobierno canario.

Victoria Rosell no nombró a nadie en concreto. Habló de “la consejería de Industria”, por tanto si el actual gobierno tiene la conciencia tranquila no tiene que ofenderse. Recordemos que PP Manolo ascendió a portavoz del PP al diputado Pérez-Camacho después de aquellos versos nefastos donde Camacho acusaba a Paquita Luengo de ser la responsable del caso Tebeto. Fueron CC y PP los que dijeron que la culpa de los 100 millones de euros que debemos pagar a Bittini la tuvo Luengo cuando era jefa de servicio en la consejería de Industria del gobierno canario. Rosell habló de “la consejería de Industria”, pero no dio nombres ni dijo ninguna fecha. Pero PP Manolo se dio por aludido y entendió que la magistrada estaba culpando del caso Tebeto a su hermanísimo Luis.

Lo advertí en este mismo rincón. Estaban metiendo la pata. No había ninguna base legal para censurar a la portavoz de un colectivo de jueces. Querían quitar el foco que alumbraba la incompetente gestión de Luis Soria en Tebeto y alumbrar con el foco a una jueza que pasaba por aquí. Lo advertí. Pero a esta gente le da igual. Cuando el aprendiz de Berlusconi que ocupa la vicepresidencia del Gobierno canario se obsesiona con alguien no para, no tiene límites, utiliza todos los recursos que tiene a mano, implica todas las instituciones que puede controlar, ataca a todo lo que rodee a ese alguien.

Esta es la clave. Un tipo sin escrúpulos que considera la democracia como un accidente, las instituciones como unas fanegadas de tierra de su propiedad y las leyes como unos obstáculos que se pueden saltar. El problema ya no es él. El problema es que todo lo que toca lo mancha. Lo grave es que todo un consejo de gobierno le siguió el juego a PP Manolo Torquemada. Lo peor es que no tiene ninguna gracia que el Consejo General del Poder Judicial tenga que explicarle a nuestro gobierno lo que significa la libertad de expresión. Y que el portavoz del gobierno, que viene de la profesión periodística, se prestara a trasladar a la opinión pública este ataque tan vil, tan bajo, tan falto de argumentos.

El mismo portavoz gubernamental que en su día no consideró importante contar a los periodistas en una rueda de prensa que se había recortado 33 millones de euros de los presupuestos públicos para pagar la indemnización de Montaña Rayada, obedeció las órdenes de Soria de señalar en la plaza pública a Victoria Rosell, de anunciar una “denuncia” que en realidad era una queja, de avisar que Torquemada está vivo, que está dispuesto a seguir amedrentando a los disidentes, que a su enchufado hermanísimo Luis Soria López no se le puede recordar sus incompetencias en Tebeto ni su responsabilidad política en el gran chanchullo eólico. Pues mira, PP Manolo, ya te lo han dicho varias sentencias judiciales y ahora lo acaban de escribir en 50 folios en una resolución aprobada por unanimidad los miembros del Consejo General del Poder Judicial: la libertad de expresión existe. Cuesta creerlo cuando uno lee algunas sentencias judiciales que condenan a los medios de comunicación. Pero dice el CGPJ que la libertad de expresión existe, incluso en el país ultraperiférico donde Torquemada ejerce de vicepresidente del gobierno.

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Juan García Luján