Otro paso más: ayudas a empresas y autónomos

Continuamos inmersos en la grave crisis sanitaria originada por la Covid 19. Se han superado ya los 102 millones de contagios y los 2,2 millones de fallecidos en el mundo. Los distintos gobiernos toman decisiones que suponen en muchos casos el cierre total de la hostelería y de otros sectores, así como restricciones a la movilidad y a los encuentros interpersonales. Pese al gran avance que supone la vacunación iniciada a final de diciembre, sigue siendo esencial el cumplimiento de las medidas preventivas para reducir los contagios y salvar vidas. Queda mucho por hacer para vencer al virus. Por eso actuamos en el plano sanitario, en el social y en el económico. 

La envergadura de la crisis económica derivada de la pandemia no tiene precedentes en tiempos de paz. La caída del PIB, en Canarias y en solo un año, supone el doble de la pérdida de riqueza que en los cinco años de la crisis anterior. Según la última EPA, se registra una pérdida interanual de 112.000 ocupados, sin contar las 80.000 personas acogidas a ERTE. Hemos pasado del 18% al 25% en la tasa de desempleo. Frente a esa realidad y en contraste con la anterior crisis, las instituciones están respondiendo con un aumento del gasto público sin precedentes. 

Lo hemos visto en la Unión Europea, que suspendió las reglas fiscales en marzo de 2020 para que los estados pudieran elevar el gasto público e inyectar recursos para mitigar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Manteniendo el presupuesto 2021-2027. E implementando el Next Generation EU, con un fondo financiero de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones corresponden a ayudas no reembolsables. También en el Gobierno estatal, con unos PGE expansivos, con la flexibilización de los créditos ICO, que en las Islas han supuesto más de 4.000 millones de euros, o los ERTE, prorrogados ahora hasta el 31 de mayo, al que se acogen 80.000 personas y cuyo desembolso global ascendió el pasado año en nuestra Comunidad a más de 1.500 millones; así como implantando el Ingreso Mínimo Vital dirigido a los sectores de población más vulnerables. Aunque es exigible que Canarias y Baleares, las más afectadas por la crisis debido a su dependencia del sector servicios, cuenten también con ayudas estatales directas a las empresas turísticas.

Nuestro Gobierno se ha venido implicando con hechos desde el inicio de esta grave crisis. Reprogramando al alza el Presupuesto de 2020. Sacando adelante un Presupuesto de la Comunidad para 2021 que asciende a 8.500 millones, y que, pese a la caída de ingresos, creció significativamente respecto a las cuentas públicas de 2020 sin recurrir a la subida de impuestos ni al endeudamiento. Aumentando las partidas destinadas a educación y sanidad en más de 646 millones, lo que posibilita fortalecer los servicios públicos y afrontar el mantenimiento de 7.000 nuevos profesionales que se precisaban en la actual coyuntura. Creciendo un 17% también en inversiones, con especial atención a la construcción de viviendas y carreteras. Además, el pasado año el Ejecutivo realizó aportaciones directas por más de 95,3 millones de euros dirigidos al transporte marítimo y terrestre: el sector primario, el turismo los autónomos, la cultura y otros ámbitos productivos.

165 millones a fondo perdido

Aunque cada Administración tiene sus competencias y las prioritarias del Gobierno de Canarias son la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o las carreteras, acabamos de tomar de nuevo relevantes decisiones para redoblar el apoyo a los sectores económicos, aprobando ayudas extraordinarias dirigidas a los subsectores de la restauración, la hostelería, el comercio y las empresas deportivas más afectadas. Que superará los 400 millones de euros, de los que 165 corresponden a ayudas directas a fondo perdido y de origen extrapresupuestario, en función de cómo ha afectado la pandemia a los distintos negocios. Se trata de ayudar a sufragar los costes fijos de las empresas, y apoyar a pymes y autónomos. Unas ayudas que se verán incrementadas por aportaciones de las previsiones del Presupuesto de 2021 de otros departamentos, lo que finalmente las situará a final de año en torno a los 200 millones.

Estas ayudas directas están garantizadas plenamente por el Gobierno canario. Pretendemos que procedan de los fondos europeos de recuperación React-UE. Para ello se ha propuesto al Gobierno estatal que plantee ante la UE una reprogramación de estos fondos. En caso contrario, utilizaríamos recursos propios para afrontar esos 165 millones, unas ayudas que se sitúan por encima de la media de las puestas en marcha por las distintas nacionalidades y regiones, pese a que algunas de ellas han resultado más dañadas por las restricciones sanitarias. Pero Canarias lo necesita para paliar la peor crisis de nuestra historia, que afecta gravemente al turismo, la restauración y al comercio, es decir, a miles de empresas y a decenas de miles de empleos.

Moratoria fiscal

El resto del Plan, más de 235,8 millones de euros, incluye varias medidas que ya han entrado en vigor, tan solo una semana después de que se anunciaran. En primer lugar, el aplazamiento del IGIC y el AIEM del primer trimestre de este año, 194 millones, hasta el 20 de octubre sin intereses de demora. En segundo, el aplazamiento, también sin intereses y por un semestre, de tributos cuyos pagos pendientes hayan sido aplazados o fraccionados, lo que supondrá unos 41,8 millones. En tercer lugar, la ampliación en seis meses para realizar el pago para quienes tengan deudas pendientes con la Agencia Tributaria y ya se encuentren en período ejecutivo. 

Para compensar los aplazamientos de ingresos que suponen estas medidas de moratoria fiscal para la Comunidad Canaria, el Gobierno recurrirá a una póliza de crédito, con la finalidad de no dejar de aportar lo que le corresponde en ese periodo a las corporaciones insulares y locales, como destinatarias del 58% de lo recaudado por IGIC y AIEM, ni poner en riesgo los cerca de 800 millones de gasto mensual público de nuestra Comunidad.

Estas medidas tributarias dan continuidad a las aplicadas el pasado año, algunas de ellas prorrogadas, como el régimen simplificado del IGIC, que ha posibilitado una reducción del 20% del IGIC del último trimestre de 2020 para pymes con ingresos anuales inferiores a 150.000 euros. Una reducción de gran impacto, al alcanzar al 35% de las empresas más afectadas por la pandemia.

Somos conscientes de que estas ayudas no podrán compensar todas las pérdidas del sector privado, pero sí son paliativas, necesarias y reales. Representa un enorme esfuerzo del Gobierno para al menos aliviar la situación de empresarios y autónomos. 

Desde el Gobierno de Canarias estamos combatiendo a la pandemia, adoptando medidas destinadas a frenar los contagios, reforzando el sistema sanitario y aplicando el plan de vacunación en las Islas, cuyo único inconveniente puede estar en la disponibilidad de las dosis; la industria farmacéutica debe cumplir sus contratos con la Unión Europea o, incluso, aumentar su producción, sin dar lugar a un impresentable mercadeo en un grave asunto de salud pública, debiendo la UE utilizar para ello los instrumentos legales que sean precisos. Se trata de actuaciones imprescindibles para proteger la salud, volver a recuperar la movilidad y la actividad económica. Y, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo canario estamos ejecutando los presupuestos europeos, estatales y canarios que nos corresponden, además de colaborar con el sector empresarial para paliar la grave situación actual de miles de empresas obligadas al cierre temporal o que padecen una drástica reducción de sus ingresos. El papel de lo público en estos momentos es absolutamente determinante en todos los ámbitos. Protegiendo la salud. Garantizando el derecho a la educación. Apoyando a las personas más vulnerables. Ayudando a las empresas. Salvando empleos.

Román Rodríguez es vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.