Protegidísimos

Ciertamente, una de las tareas del departamento gubernamental de doña Elena es la de velar por nuestra salud. Pero, no tanto, oigan. El proyecto de ley antialcohol que maneja la ministra ha colmado el vaso de la paciencia de buena parte del país y hasta algunos socialistas se han revirado en contra de la iniciativa, cuyo objetivo es encomiable (evitar que los menores se carguen cada dos por tres como chuchos), pero que yerra en las herramientas y el procedimiento. Un poquito de proteccionismo por parte del Ejecutivo está bien, un intervencionismo moderado, se puede tolerar y hasta parecer justificable. Pero, lo que no se puede es llevar la intervención y la protección estatal hasta extremos que coarten de manera reiterada las libertades individuales. Eso es lo que reprochan ya sus propios correligionarios a la Salgado. De continuar así, habrá gente que retorne al tabaco –aunque lo haya dejado con absoluto convencimiento- o que se apunte a la comida basura, aún detestándola, como un acto de rebeldía, como una fórmula para demostrar ante la sociedad y el poder la propia personalidad y el malestar ante una política prohibicionista e hipócritamente protectora (el Estado sigue llenando parte de sus arcas gracias a los impuestos sobre el tabaco y, en otros asuntos que ponen en riesgo a la ciudadanía, como las agencias de préstamos usurarios, las compañías de acumulación de créditos y la publicidad de tratamientos médicos esotéricos para enfermedades graves o incurables, no interviene ni por asomo. ¿Por qué?). La ley que prepara Sanidad sobre el alcohol ha sido pésimamente recibida por todos los sectores afectados, entre otras razones porque incluye medidas en contra de la publicidad de la cerveza y del vino, un producto éste último que, legalmente, en nuestro país, está considerado un alimento y que posee cualidades cardiosaludables. El vino y la cerveza no son, además, ingredientes habituales en los botellones de menudos y adolescentes. Los productores se han alzado contra el ministerio que, para colmo, ni siquiera los recibe para sopesar sus argumentos. La prensa, la televisión y la radio también se han sublevado, porque, de salir adelante la norma, las pérdidas publicitarias serán cuantiosas. La Asociación Española de Editores de Diarios, la de las Radios Comerciales, la de Revistas de Información y la Unión de Televisiones Comerciales han iniciado una comprensible campaña para detener la iniciativa –o para modificarla- en la que denuncian que las intenciones ministeriales suponen la imposición de “una censura previa” y un retroceso en las libertades públicas. Consideran que la limitación de la publicidad será ineficaz, exigen la participación y el consenso de los sectores ya mentados en la resolución del problema, “como se hace en el resto de Europa” y abogan por educar, informar, favorecer la reflexión y fomentar el consumo responsable de alcohol como mejor método de prevención de un fenómeno social bastante más complejo de lo que, al parecer, piensa la ministra. Ya está bien, vale. Déjennos respirar, tíos. Incluso aunque el aire esté contaminado.

José H. Chela