Reforma laboral, licencia para esclavizar por José Manuel Corrales y Ramón Trujillo

El decreto ley de reforma laboral del gobierno del PP supone un gravísimo paso atrás en los derechos laborales y la agresión más contundente al Derecho del Trabajo en la etapa democrática de nuestro país. Nunca ningún gobierno se había atrevido a tanto, porque dictan el progresivo desmantelamiento del modelo de relaciones laborales constitucional sustituyéndolo por otro en el que el despido se puede realizar con una simple mirada y el salario se puede recortar argumentando exclusivamente razones de competitividad.

Los trabajadores se quedan con este sablazo despojados de sus derechos, teniendo una negativa incidencia en la distribución de la renta nacional, ya que al empresario le bastará con alegar “probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción” para rebajar salarios unilateralmente. La economía española puede entrar así en una peligrosa espiral de guerra de salarios a la baja, utilizando como coartada la competencia futura.

El contrato indefinido ordinario, de 45 días de indemnización por año trabajado, y el propio concepto de despido improcedente desaparecen. Se asienta la idea de que el despido será procedente, como regla general, es decir que solo tendrá 20 días de indemnización por año trabajado (frente a los 45 días anteriores) y se facilita que la única vía como respuesta a la crisis sea la destrucción de empleo.

Este Decreto, suprimiendo la autorización administrativa de los EREs, no solo descausaliza los propios despidos colectivos, sin velar porque esa causa sea cierta, sino que además supone una reducción considerable del coste del despido y por tanto de la indemnización. Estas medidas provocarán el efecto de reforzamiento de la rotación en el mercado de trabajo, con el debilitamiento de la estabilidad en el empleo y el reforzamiento de la dualidad, desnaturalizando la figura del periodo de prueba, que se puede prolongar hasta un año.

Además la universalización de los mecanismos de descuelgue de los convenios colectivos puede provocar una nada aconsejable desarticulación de nuestro sistema de negociación colectiva, provocando clausulas de descuelgue que permitirán que las condiciones laborales tendrán que ser negociadas casi siempre desde cero.

La normativa de prestaciones por desempleo se aplicará con extremada rigidez y a partir de ahora, también el sector público podrá invocar causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para despedir. No podrán despedir a funcionarios por ahora, pero sí al personal laboral indefinido que haya accedido a su puesto mediante oposiciones. El Gobierno del PP justifica esta medida en la necesidad de facilitar “el redimensionamiento” de las administraciones que crecieron “desmesuradamente” durante la crisis.

Pero esta reforma es mucho más que un recorte de los derechos laborales. Va más allá de la rebaja en el coste del despido o el despido libre sin paliativos: aprovecha de forma indecente la vuelta de la recesión económica, para hacer pagar a quienes tienen un trabajo todos los efectos de la crisis, y dibuja un futuro incierto para los parados, que ya no tendrán posibilidad alguna de encontrar un empleo con derechos.

El Gobierno del PP admite que no se trata de generar empleo, ante las evidencias de que lo único que va a suponer es la destrucción del mismo, lo que persigue es desmantelar sin más el Derecho Laboral en nuestro país, con todas las consecuencias. Hace unas semanas aprobaron una reforma financiera que daba miles de millones de euros para rescatar a los bancos y usureros, ahora le dicen a los trabajadores y parados que ellos no tienen rescate posible. Por eso el 19 de febrero habrá que responderles contundentemente en la calle, y después más, porque Rajoy está forzando y provocando una súper Huelga General.

José Manuel Corrales y Ramón Trujillo