Renovarse o seguir

La presidenta del Congreso de los Diputados afeó el día de la Constitución al Partido Popular su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un partido que se llama constitucionalista y que incumple claramente un mandato constitucional. 

Pablo Casado acusó a Meritxell Batet de utilizar el acto institucional del 6 de diciembre para arremeter de manera sectaria contra su partido. Lo que vino a decir Batet es que no podemos politizar la justicia ni judicializar la política. 

Si Casado fuera un hombre coherente no tendría por qué molestarse por esas acusaciones ya que son muy ciertas. Si él y su partido están convencidos de que actúan de forma adecuada no tendría por qué enojarse cada vez que un adversario se lo recuerda. 

Es evidente que el principal partido de la oposición no tiene ningún interés en renovar el Consejo General del Poder Judicial porque actualmente tiene mayoría conservadora nombrada precisamente por sus correligionarios. 

Mientras el PP se encuentre sujeto a importantes demandas judiciales y con juicios a mansalva, a sus dirigentes no les interesará cambiar la composición del gobierno de los jueces. Este consejo es el que elige a los magistrados de las salas del Tribunal Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. 

A pesar de que el Consejo debió ser renovado hace tres años por mandato constitucional, los populares se siguen haciendo los suecos porque siempre será mejor que te juzgue uno de los tuyos a que lo hagan otros que son más afines a los adversarios o simplemente neutrales e independientes. 

Si ya puede resultar una indecencia que los partidos políticos más importantes se pongan de acuerdo para elegir a los vocales del Consejo, aún es más indecente que incumplan la Constitución que tanto alaban de boquilla. 

Deberíamos recordarle todos los días que cumplan la Constitución que tanto pregonan. La defienden de mentirijillas solo por enfrentarse y confrontarse a los partidos que propugnan su reforma después de 43 años de su existencia. Eso quiere decir que personas que hoy tengan 60 años o menos no pudieron votar la Constitución del 78 porque entonces eran menores de edad. Es evidente que la inmensa mayoría de los españoles vivos no votó esa Constitución y tiene derecho a ratificarla o enmendarla casi medio siglo después de forma democrática.

Lo que ya resulta raro y huele muy mal es que uno de los líderes políticos que más preconizan la Constitución actual que él tampoco votó se moleste por que la presidenta del Congreso le recuerde que su partido incumple la ley máxima precisamente el día de la Constitución. 

No hay mejor día para el recordatorio a los que incumplen la propia Constitución, aunque se autodenominen constitucionalistas. El movimiento se demuestra andando.