Una renta básica

Los datos son contundentes. Contundentes y dramáticos. En España, el número total de ciudadanos en paro se ha situado en el último trimestre por encima de los cuatro millones; uno de cada cinco hogares tiene un parado en su seno, y un millón de hogares, a todos sus miembros sin trabajo; medio millón de familias se encuentran en una situación de exclusión severa, sin prestaciones de ningún tipo. Este país cuenta en la actualidad con ocho millones y medio de pobres; Cáritas apunta que el 40% de los hogares puede entrar en situación de vulnerabilidad en los próximos meses; los índices de desempleo se acercan peligrosamente al 20% en todas las autonomías, habiéndose superado esta cifra en Canarias, Extremadura y Andalucía; los embargos de pisos se disparan hasta alcanzar la cifra de casi 60.000 el año pasado, un 126% más que en 2007; las regulaciones de empleo han afectado en los últimos tres meses a más personas que en todo el año pasado; de cada diez europeos sin empleo, ocho son españoles; cien mil cuatrocientas pymes han desaparecido en el último año?

En Canarias, según la EPA, se ha llegado en el primer trimestre de este año a 280.000 personas sin empleo, una tasa del 26,1%, la más alta de España, lo que se traduce en que uno de cada cuatro trabajadores está en paro: se trata de una pérdida de 637 puestos de trabajo por día (un aumento del 84,96% con respecto al primer trimestre del año pasado); el número de contratos de trabajo en abril de este año disminuyó en más de un millar, siendo el sector servicios (160.590) y el de la construcción (52.315) el que mayor número de desempleados acoge en su seno, haciendo que en 88.000 familias no trabaje ninguno de sus miembros.

En la provincia de Las Palmas la tasa de desempleo aumenta aún más la diferencia con el resto de España, llegando a un porcentaje del 27,60% y 158.000 desempleados.

Mientras todo esto sucede, los análisis sociológicos empiezan a detectar un enorme rechazo hacia los extranjeros y a la inmigración lo que ha derivado en numerosas agresiones y enfrentamientos en distintos lugares del país, sin alcanzar la virulencia de Inglaterra (cuando las barbas de tus vecinos veas pelar...)

Al tiempo, y desde luego con una mayor justificación, en amplios sectores de la sociedad se abren peligrosas brechas entre la ciudadanía, la política y las instituciones, sin llegar a los aparatosos enfrentamientos de Francia en los primeros meses de este año (todavía).

Desde luego cada vez más el cabreo ciudadano, que hasta ahora sólo se ha hecho visible en su alejamiento de las urnas, se traslada a otros ámbitos de la sociedad, lo que no deja de ser, paradójicamente, un logro de las prácticas más deleznables del capitalismo que se ha trazado como objetivo fundamental el sembrar la corrupción y el desapego hacia lo público como un sistema de control de las riendas de la gobernanza mundial.

Y es que se lo ponemos en bandeja. A la socialización de las perdidas que ha obligado a los gobiernos del mundo a financiar con billones de euros este despropósito de corrupción internacional instalado desde el sistema financiero -lo que ha aumentado las desigualdades en lo local y lo global-, se une la práctica política diaria de la gestión de lo público y la escenificación del juego democrático, que debiera ser creativo, productivo y transparente y que se ha convertido en el circo de las banalidades, las inconsistencias y las irresponsabilidades.

Así, lo que hemos visto hace unos días, en el transcurso del debate sobre el Estado de la Nación, no puede sino provocar el hastío y la desesperanza de millones de ciudadanos. Los insultos, el cruce de acusaciones, la incapacidad de aportar soluciones reales y consistentes a los problemas del conjunto del Estado quedaron una vez más de manifiesto. Aunque es de justicia comentar que Rodríguez Zapatero se mojó, puso alternativas sobre la mesa, a mi entender parciales y más que nada paliativas, como poniendo tiritas a una herida que necesita puntos de sutura.

En Canarias ha sucedido otro tanto en nuestro Parlamento, donde a un paripé de desaprobación del vicepresidente del Gobierno, sumido en un mar de imputaciones y de entradas y salidas de los juzgados, se ha sumado un episodio esperpéntico de acusaciones contra los jueces, la policía y finalmente una grabación de una conversación privada ?algo de lo más ético y ejemplar en un señor que nos representa a todos- para tergiversarla, manipularla y, con dinero público, intentar pagar un reportaje pretendidamente exculpatorio.

Y detrás de todo esto, la derecha recalcitrante, que batalla desde la oposición política y desde ciertos entramados del poder económico ?algunas organizaciones empresariales, grandes empresas, fundaciones...- para aprovecharse de la situación y plantear recortes a los logros sociales conseguidos a lo largo de siglos de lucha obrera, intentando, entre otras cosas, el despido libre, sin olvidarnos de los contratos basura, la ausencia de contrato y la intimidación a las personas bajo riesgo de perder su trabajo. José María Aznar, el adalid del ultraliberalismo en España, se atreve a dar alternativas, -al contrario que su partido que se las calla porque sabe que en estos momentos les haría perder muchos votos, aunque las comparta- y plantea abaratar el despido, aumentar las privatizaciones, no subir el salario mínimo y hacer desaparecer el papel del Estado y sus mecanismos de control. Desde luego, lo del despido libre no les preocupa a los 562 altos ejecutivos del Ibex que, como señalaba El País días atrás, cobran 915.000 euros de media y tienen un contrato blindado cada uno de ellos de millones de euros en caso de despidos, y lo mismo sucede con altos cargos y directivos de la banca, las eléctricas, las empresas de telecomunicaciones y un largo etcétera.

Frente a todo esto, nos encontramos con una socialdemocracia y un sector importante de la izquierda incapaces de invocar un nuevo modelo limitándose a parchear la situación y a intentar suavizar un sistema para el que no encuentran una alternativa trasladable a los distintos sectores de la sociedad.

Hasta ahora la actuación del Gobierno español se ha limitado a inyectar dinero público para sanear las finanzas y a aportar recursos para sustentar el sistema. En el último debate sobre el Estado de la Nación volvió a sonarnos todo a más de los mismo: más coches, más viviendas,..., aunque se apuntasen algunas propuestas en torno a la idea de sostenibilidad que no terminan de concretarse. El último mensaje que se nos traslada es el que nos insiste en los “brotes verdes” que hacen vislumbrar un crecimiento económico para el conjunto de España, pero mucho me temo que no estemos sino apuntalando el mismo status, sin que avancemos en la búsqueda de un auténtico modelo productivo alternativo. Se habla de I+D+i, de energías renovables, de potenciar la educación, de 25.000 millones para la economía sostenible, de la sociedad de la información? ¿Pero esto realmente cambia el neoliberalismo que padecemos? Sin duda, no, pero sobre esto me gustaría profundizar en otro momento.

Mientras tanto, y volviendo al principio, es necesario que se acelere la puesta en marcha de las medidas necesarias para que ningún ciudadano pase hambre y se quede sin recursos, como está sucediendo. No se puede permitir que, como estamos viendo, miles y miles de hombres y mujeres de este país no tengan que comer, no puedan pagar sus hipotecas, el agua o la luz de sus viviendas. Es inaceptable que sus hijos dejen de asistir a sus colegios con normalidad por no poder pagar el comedor, a sus clases de música por la tarde, a sus actividades deportivas por falta de medios. Hoy por hoy todo esto lo están soportando los ayuntamientos y sólo los ayuntamientos, sin ningún tipo de ayudas y recursos externos. Es que aquí donde el Estado y las autonomías deben hacer un esfuerzo mayor del que están haciendo (unos más que otros). Es verdad que lo más urgente es recuperar el mercado de trabajo, pero en estos momentos es imprescindible una ayuda básica para todos los hombres y mujeres de este país que se han quedado sin medios para subsistir. Pero ya. A lo mejor la renta básica que empieza a estudiar una subcomisión del Parlamento español, a propuesta de un movimiento ciudadano, puede ser una solución. Esta o cualquier otra que evite la desesperación y la ira.

Antonio Morales es alcalde de Agüimes Antonio Morales*