De sindicalismo, política y moralidad por Manuel Marrero Morales (*)

En dichas declaraciones, situaba el Sr. Rivero las expectativas de que el citado conflicto se resolviera en el momento en que los representantes de las APAs (FITAPA y Confapacanarias), del alumnado (UDECA) y de los sindicatos del profesorado le firmen sus “cinco puntos para mejorar la calidad de la enseñanza”. Es decir, no se ha movido un ápice de su cerrazón no negociadora y ha impedido que algunos sectores del Gobierno, o incluso de su propio partido, proclives a resolver el conflicto, se atrevieran a hacerlo, so pena de excomulgarlos y expulsarlos de su paraíso particular. Su única respuesta, prácticamente, ha sido “no; porque lo digo yo, que para eso mando aquí”.

Con declaraciones de este tipo, el máximo representante del Gobierno de Canarias está mostrando un talante cercano al autoritarismo, que demuestra el desprecio más elemental no sólo a las normas democráticas sino también a los 26.500 funcionarios públicos que trabajan en la enseñanza en Canarias y que, en un 80% le dijeron NO, el pasado 30 de enero en un referéndum, al preacuerdo que la Consejería de Educación había firmado con seis sindicatos, que representaban al 50% de los delegados sindicales.

Sugongo que, respecto al sindicalismo, el Sr. Presidente, con su experiencia parlamentaria, conocerá los artículos 7 y 28 de la Constitución Española, como también tendrá conocimiento de la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, que en su Título V trata “De la Tutela de la Libertad Sindical y Represión de las Conductas Antisindicales”. Simplemente se lo recuerdo, porque estar afiliado o ser liberado sindical no es un delito. Y además, por si no lo sabía, le informo de que el Sindicato mayoritario de la enseñanza en Canarias, el STEC-IC, tiene la muy sana costumbre de que los liberados sindicales, que por ley le corresponden, permanecen liberados un máximo de tres cursos, regresando de nuevo a la escuela, incluso antes de ese período, bien por decisión propia o porque así lo haya decidido el Sindicato, que evalúa su dedicación cada mes.

Así pues, me imagino que no estará bien informado sobre los derechos, deberes y libertades sindicales, cuando hace un ataque frontal al sindicalismo que le plantea reclamaciones y no le ofrece apaños, al sindicalismo que le exige que negocie, que dialogue, y no va a aceptar una rendición como usted pretende, ¿o acaso era sólo una tregua lo que recientemente nos pedía su Gobierno? Si fuera así es una irresponsabilidad esa desinformación que usted manifiesta, y si por el contrario hubiera sido hecho conscientemente, muy mal ejemplo de democracia, diálogo y habilidad para la resolución de conflictos, está dando hoy aquella persona a la que le tocó presidir en su día la difícil Comisión Parlamentaria del 11-M.

Cada día que pasa se está metiendo más el Gobierno en un callejón sin salida y va arrastrando tras de sí a la educación y, en definitiva, a una parte importante de la sociedad canaria, sufridora en última instancia del muy largo conflicto por la homologación del profesorado.

De todas formas, tengo una curiosidad acerca de cuál será la norma moral que rige sobre un importante núcleo de personas que, dedicadas initerrumpidamente durante las tres últimas décadas a la actividad pública, tienen de profesión ser políticos y pueden decidir impunemente desde los Ayuntamientos, Cabildos, Gobiernos y Parlamentos subirse sus sueldos, cada vez que les venga en gana.

Por eso aquellos que, seguramente nos regimos por otra norma moral diferente, le reclamamos al Sr. Presidente del Gobierno que dialogue, que negocie, que ponga las bases para que se solucione este conflicto.

Y le recuerdo que no vale esconder la cabeza bajo el ala y decir que la deshomologación entre funcionarios y profesorado no existe o que todo va a quedar resuelto cuando le firmen esos cinco puntos, en los que usted se ha empeñado como la solución a los problemas de la educación en Canarias.

(*)Profesor y miembro del STEC-IC

Manuel Marrero Morales (*)