Según esta antológica ponencia, ''Canarias es víctima de la deficitaria y mala gestión de un gobierno de falso corte nacionalista que lo mejor que sabe practicar es la crispación, irritados o deprimidos por el aislamiento en que su propia política partidista y sectaria les hace vivir''. En el texto aprobado en ese Congreso del PP, es decir, votado por Soria y Cristina Tavío, presidenta del PP en Tenerife, diputada regional y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde su grupo apoya al alcalde Miguel Zerolo (ATI-CC), se afirmaba que los representantes de CC ''sólo saben refugiarse en las medias frases, en las acusaciones insinuadas y descalificaciones, en el engaño o en cualquier otra cosa''.Para los redactores del texto, la explicación a la ''imposición y control sistemáticos“ que ejerce CC ”puede residir en el miedo generado en mucha gente por la manera de practicar sus políticas, no sólo desde el Gobierno que ostenta, sino a través de todo el entramado que le rodea, miedo de mucha gente a expresarse libremente si no quiere poner en riesgo su puesto de trabajo o, incluso, sus posesiones materiales“. Y contiene otra perla más: según los ponentes, la moratoria hotelera forma parte de la agenda de propaganda política de CC, una agenda ”de carácter táctico electoral“ que se diseña y se desenvuelve ”entre la ineficacia de su aplicación y las operaciones publicitarias, en medio de objetivos políticos y el marasmo administrativo“. José Manuel Soria y Miguel Zerolo tienen muchas cosas en común: ambos son conservadores, aunque el segundo por la rama insularista; al primero lo llaman el Zeñorito y el segundo es un señorito de la burguesía chicharrera de toda la vida, esa que juega al golf en Tacoronte, almuerza en el Casino, toma el té en el Mencey y se toma las copas en el Club Náutico; ambos quieren ser presidente del Gobierno de Canarias, el primero despejando del camino a cualquier rival y el segundo por una cuestión natural de sucesión, después de Manuel Hermoso y Adán Martín. Y los dos tienen que ver con la moratoria turística: Soria, declarando de interés general el proyecto de Anfi Tauro; Zerolo, firmando un convenio el mismo día de entrada en vigor de la moratoria por la que se pasaba el uso hotelero de Las Teresitas a suelo residencial.Y ahora los dos están en apuros, salpicados por la corrupción, y en una huida hacia delante: después de mí el diluvio. Mientras sus respectivos partidos se ponen de acuerdo para cerrar en falso las comisiones de investigación del caso Amorós y de la trama eólica, culpan de todos sus males al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, por ser el actual ministro de Justicia bajo cuyo mandato comienzan a salir casos de corrupción política, cuando estos casos se deben exclusivamente a la actuación de miembros del PP y de CC en instituciones que han gobernando como si fuera su finca particular…pero con el dinero de todos los canarios. Porque una cosa son los discursos y otra los hechos, que demuestran que PP colabora con CC en aquello que denuncia: ”Cuatro años más de gobierno de CC en Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos que ahora detentan y veremos incorporar nuevas legiones en sus redes organizadas, financiadas con presupuestos públicos; más funcionarios, más empresas públicas, multiplicar subvenciones y otras prebendas, para tener a sueldo, directa e indirectamente, a la mayoría del electorado“. En el Ayuntamiento de Santa Cruz y en el Cabildo, el PP ha establecido un bloque con CC a lo largo de toda la presente legislatura, por lo que cabe deducir que forma parte de esas nuevas legiones que antes criticaba.Deberían tener un poco más de hombría y menos chulería: tienen que afrontar sus responsabilidades. Y si se prevarica, se trafica con influencias, se malversan fondos públicos o se aceptan sobornos se debe pagar por ello igual que un choricito va al talego por vender un gramo de hachís en cualquier esquina. Gran parte de la sociedad más o menos informada está muy interesada en la delincuencia denominada de cuello blanco. Y esa población anhela resultados. De lo contrario, perder confianza en la Justicia es lo último que faltaba para que quede claro que una minoría elitista lo controla absolutamente casi todo: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y medios de comunicación. Estaríamos entonces ante un régimen político antidemocrático de hecho, no de palabra. Ramón Pérez Almodóvar