El turismo en la encrucijada

Todo apunta, tras el relativo buen comportamiento del sector en 2008, a una relevante caída de las reservas para este año, a lo que hay que sumar la recesión económica en los principales países emisores, especialmente Reino Unido y Alemania, agravado además en el primer caso por la depreciación de la libra frente al euro. A ello hay que añadir la incertidumbre sobre el comportamiento del turismo español, tan relevante para las islas, al superarse los 3 millones de parados y entrar también oficialmente en recesión.

El Gobierno de Canarias, tanto en la etapa de Adán Martín como en la actual de Paulino Rivero, ha perdido unos años muy importantes, cuando las cosas iban razonablemente bien, al no querer o no ser capaces de abordar las grandes tareas de modernizar nuestro sector que estaban bien definidas en la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo aprobada en abril de 2003, siendo yo presidente del Gobierno. Debo recordar que esta Ley pretendía, además de la moratoria de nuevos alojamientos, abordar cuatro grandes objetivos.

Primero, impulsar la rehabilitación urbana de las zonas turísticas y la renovación alojativa; segundo, eliminar la oferta ilegal y regularizar la oferta existente, incluyendo las nuevas modalidades alojativas que iban surgiendo; tercero, desarrollar nuevos productos turísticos adaptados a la demanda y diversificar la oferta de ocio; y, por último, apostar por la calidad, la innovación y la formación de la oferta local.

El lamentable incumplimiento de estas directrices ha hecho que perdamos cinco valiosos años en la imprescindible mejora de la competitividad de nuestro sector turístico. Aunque parezca mentira, y a pesar de la importancia del turismo para Canarias, no hay datos objetivos y fiables de la oferta alojativa existente ni de la legal, ni de la irregular. Ni una estimación fiable de la ilegal.

Soria y la bajada de precios

Ahora cuando se acaba la época de vacas gordas, cuando hay que hacer frente a una adversa situación, observamos un comportamiento del Gobierno canario errático cuando no claramente equivocado. Por un lado, el vicepresidente y titular de Economía propone la bajada de los precios turísticos. Un planteamiento al que se ha opuesto la propia consejera de Turismo, Rita Martín, así como los responsables del sector en los cabildos y las patronales. Es un disparate intentar competir en precios con otros destinos en los que los salarios son mucho más bajos; además es bastante probable que el ajuste a la baja se haga reduciendo empleo en los establecimientos que es lo que se quiere evitar y, por último, la reducción de precios llevará a medio plazo a reducir la calidad de la oferta y del destino.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, acaba de proponer en FITUR otra “cumbre turística”, a realizar la próxima semana. Conviene recordar que ya en octubre de 2007 en Fuerteventura montó una cumbre, que denominó “Acuerdo por la competitividad y la calidad del turismo 2008-2020”, en la que se reiteraron las medidas recogidas en las Directrices de Turismo, lo que nos pareció bien, aunque tarde. Pero transcurrido más de un año, nada se ha hecho de lo allí acordado. Rivero nos viene acostumbrando a convocar “cumbres” (del sector industrial, del agrícola?) cuando no sabe qué hacer; encuentros que se saldan con una buena foto y un rosario de buenos propósitos que nunca llega a desarrollar.

Ley de Medidas Urgentes

Sin embargo, la mayor equivocación que el Ejecutivo de ATI-CC y PP está cometiendo en torno a nuestro principal motor económico, se encuentra en la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, que en estos momentos se discute en el Parlamento de Canarias. Una ley que ha concitado el rechazo de numerosas administraciones públicas, patronales del sector, colectivos profesionales? y que rompe con el consenso parlamentario y social alcanzado alrededor de las directrices turísticas. Aquí se demuestra la vaciedad y la demagogia de las llamadas a la unidad frente a la crisis que hace el presidente del Ejecutivo, mientras dinamita los consensos existentes y aplica su rodillo en el Parlamento. Con esta Ley se pretende acabar con la moratoria, autorizando los hoteles de cinco estrellas e impidiendo de hecho la renovación alojativa, pues nadie va a rehabilitar si puede hacer un hotel nuevo.

Por mi parte, creo que el cupo de 3.600 camas anuales prevista en las directrices es suficiente para dar entrada en el mercado a complejos de excepcional calidad y que la gran tarea que tiene el turismo en Canarias y especialmente en Gran Canaria, es la rehabilitación de la ciudad turística, la renovación de los establecimientos alojativos y comerciales desfasados, el incremento de la oferta complementaria, el desarrollo de nuevos productos de calidad y mejorar la conectividad aérea.

En esa línea de actuación constituye un ejemplo la inminente constitución del Consorcio de Rehabilitación Urbanística de San Bartolomé, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento. Pretendemos que el Consorcio sirva para hacer una política coordinada de rehabilitación del espacio público de las zonas turísticas del municipio, con la participación de todas las administraciones implicadas, y con la colaboración de los agentes privados, responsables a su vez de la imprescindible renovación de los alojamientos turísticos. A ello se unirá la próxima aprobación del Plan Territorial Especial para la Regeneración de Playa del Inglés-San Agustín, elaborado por el Cabildo, que permitirá reordenar este espacio y realizar ocho grandes actuaciones urbanísticas que sin duda mejorarán la calidad y la imagen del principal municipio turístico de Canarias. Tareas que requerían de la máxima estabilidad y el máximo consenso político y social, por lo que hemos realizado un enorme esfuerzo para alcanzar un gobierno de amplia base en San Bartolomé.

Este es el camino y no hay atajos.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez (*)