El verano turístico canario: asombros y estupores por Pablo Rodríguez González

Sobre lo que se dice y cómo se dice, señalar en primer lugar que ambas noticias provienen de una agencia (Europa Press) y que, siguiendo procedimientos periodísticos elementales, entrecomillan la información que recoge declaraciones literales de los protagonistas de la noticia. Unas comprobaciones mínimas en otros medios escritos o audiovisuales confirman que esas transcripciones concuerdan bastante (coma más, coma menos) con lo dicho realmente. Lo digo por descartar que algunas de las incoherencias y barbaridades que pueblan ambas noticias obedezcan a la comprensible falta de mimo profesional de un periodista mileurista de la generación Logse o al afán difamatorio de algún grupo de comunicación enrolado en las filas de alguna facción de la oligarquía económica canaria enemiga del turismo.

Todo esto viene a cuento de que un mínimo escrutinio de las afirmaciones de la consejera y de algunos de los representantes de las patronales turísticas lleva al convencimiento de que el sector ha inventado una nueva norma de uso del castellano o al menos está activamente implicado en la destrucción de la actual. No es nada nuevo en una consejera que anima con la rememoración de sus “perlas” las comidas y recesos de técnicos, investigadores y empresarios de Canarias y parte del extranjero. En el mundo surrealista de esta señora las “malas negociaciones” entre hoteleros y sindicatos se “encubren” -porque se “firmaron al alta”- “desvirtuando la información hacia el destino” “dándole el carácter de otra institución”. Lo que creo entender que quiere decir que los empresarios que se quejan de la crisis le están echando la culpa a la consejería de su error a la hora de negociar el convenio colectivo. Y esto quizás, todo hay que decirlo, puede que tenga algo de sentido: los empresarios pueden estar dando pie al alarmismo poniéndose de víctimas de una crisis falsamente exagerada para justificar su incumplimiento de los convenios. Como señalaba el editorial del suplemento de negocios de El País del pasado domingo, la crisis turística es una serpiente de verano que repite año tras año los mismos temas (agotamiento del sol y playa, nuevos competidores) al inicio de la temporada aunque luego nunca parecen cumplirse las predicciones negativas y el denostado modelo turístico se resiste a morir.

Todo gira, por tanto, en torno a las previsiones para la temporada de verano que, sorprendentemente, el señor Fraile califica como “la temporada alta”. Hasta donde me alcanzan mis diez años estudiando la actividad turística en nuestras islas la temporada alta en Canarias ha sido siempre el invierno. No puede ser de otra forma: en la isocrona de la media distancia en que está Canarias, nadie puede ofrecer sol y playa por esas fechas. Pueden ofrecer cultura, golf, gastronomía, monumentos o spa, pero no el clima que tienen nuestras islas y la oportunidad de broncearse, bañarse y beber alcohol al aire libre entre noviembre y febrero. Y por la misma lógica, el verano, cuando se abren las playas de todo el Mediterráneo e incluso las del Atlántico, siempre ha sido temporada baja. Aunque la emisión de turistas de sol y playa en Europa decaiga mucho en invierno, Canarias siempre se ha llevado la parte del león de este mercado, liderando las estadísticas españolas de ocupación durante esos meses. Valga recordar esta obviedad para darnos cuenta de lo que yo considero el gran milagro canario: convencer a los turistas europeos para que se monten en avión en verano en lugar de ir en su coche a las playas más cercanas. Algunos turistas son más fáciles de convencer que otros (por ejemplo los británicos o los escandinavos, que tienen más difícil moverse en coche) y para los más reticentes, los alojamientos bajan sus precios de verano para conjurar el mayor coste de las plazas aéreas (hay más demanda de vuelos, suben los precios). La teoría económica nos dice que los empresarios de alojamiento no pierden dinero con este arreglo (cerrarían sus negocios, en ese caso) y a cambio mantienen el conjunto de actividades económicas asociadas. De hecho, sorprende que los empresarios turísticos canarios se quejen de que la ocupación en temporada baja ronde el 50% cuando en Baleares en invierno apenas se pasa del 20% algunos meses y en Andalucía o la Comunidad Valenciana se pasa esta temporada en una horquilla del 30-40%. Una de las cosas inquietantes que no nos dicen es que algo debe funcionar realmente mal en el negocio turístico canario si unos establecimientos con ocupaciones por encima de la media, salarios por debajo de la media y una protección fiscal considerable (RIC, etc) no son rentables y resulta que a los empresarios se les están empezando a “desmembrar” (¿desmoronar?) sus empresas.

En cualquier caso, la disputa está en que mientras que la patronal turística espera una reducción media de los vuelos de entre el 12% y el 20% para el verano y la pérdida de 2 millones de turistas para el conjunto de 2009, la Consejera habla de cifras más realistas, que la noticia concreta en un 15% de reducción de los vuelos en verano sin mencionar ninguna previsión del número de turistas del conjunto del año. Se trata de una comparación de ejercicios adivinatorios (intentan prever el futuro) cuyos fundamentos técnicos nos están vedados. Hay que señalar que los dos millones de turistas supondrían una caída del 17% respecto a los 11,6 millones de turistas peninsulares y extranjeros de 2008, lo cual no es una previsión demasiado apartada respecto al 14% que ya hemos sufrido en los primeros cinco meses del año. Ya hemos perdido en lo que va de año una cuarta parte de esos dos millones (500.000 turistas) y ahora se acerca la temporada baja. Intentando imaginar lo que dice la bola de cristal de la consejera, hay que decir que una caída del 15% (si la reducción de los vuelos se tradujera automáticamente en una reducción del número de turistas) son sólo 300.000 turistas menos que el verano pasado y que, si el último trimestre sigue la misma tendencia, la caída de turistas no llegaría a los 1,2 millones. En resumen, una diferencia de 800.000 turistas (un 7% del total) separa la “gran preocupación” de la patronal del mensaje “positivo de alguna manera” de la Consejera. No es una diferencia muy grande si tenemos en cuenta la incertidumbre de la situación económica global. Y dado que desconocemos la solvencia técnica de ambas previsiones (nada que añadir sobre la consejera, aunque sorprende que la contabilidad turística de algunas patronales insulares atienda a cosas tan etéreas como que su isla “siempre ha destacado porcentualmente de más pasajeros de entrada y ahora se ha vuelto la tortilla al revés y está entre las últimas de más porcentajes de no entrada”) no será posible profundizar más en este tema: ambas partes están de acuerdo en que el verano va a ser malo y que quizás el conjunto del año será aún peor.

Visto que las diferencias respecto a la dimensión de la crisis tienen que ver básicamente con la calificación de un impacto que ninguna de las partes puede prever, veamos ahora algunas cosas asombrosas sobre las soluciones que se proponen para evitarlo. La primera, la gloriosa idea de extender el descuento de residente al conjunto de los turistas que vuelen a Canarias. La patronal dice que subvencionar la mitad del pasaje a los turistas sería más rentable que afrontar los costes del paro que se derivarían del cumplimiento de sus catastróficas previsiones. Cifran este coste en 300 millones de euros (M?), frente al quebranto de 4.000 M? que supone el actual nivel de paro. Pero asombrosamente este cálculo que no hay por donde cogerlo: si esos 300 M? son la mitad de lo que gastan en avión los 11,6 millones de turistas, quiere decir que el pasaje les costó de media unos 52?, con lo que ya sin descuento de residente resultaría que vuelan más barato que los propios canarios. Mediante una estimación casera de lo que gastan los turistas en el vuelo (usando el gasto medio en origen de los turistas que solo pagan en origen el vuelo, que publica el ISTAC) me sale que el coste de esta medida estaría, más bien, por encima de los 2.000 M?. Algo de esto deben saber en la patronal turística, porque si el coste fuera de 300 M? y las pérdidas a las que se enfrentan están entre 1.300 y 1.500 M?, deberían ser las empresas las primeras en ofrecerse a pagar la medida, evitándose un quebranto de, al menos, 1.000 M?.

Tampoco cuadran las cuentas si atendemos a los 4.000 M? en costes sociales que, en opinión del señor Fraile, nos ahorraríamos evitando el paro que provoca y provocará la crisis turística. Ni siquiera en los años dorados de las ocupaciones cercanas al 100% en verano y la locura inmobiliaria pre moratoria dejó de estar Canarias a la cola de las cifras de paro nacionales. Aunque el presidente de Ashotel considere que “el turismo con ”todo“ lo que gira a su alrededor está sobre ”el 70%“ del PIB” (transcribo literalmente de la noticia), ni en sus mejores momentos ha conseguido desinflar significativamente la factura del caótico mercado laboral canario. Volveré sobre esto más adelante.

No se pronuncia respecto a esta propuesta la consejera, que señala que su consejería está “intentando ejecutar todo el presupuesto que tiene”. Se le agradece la intención, yo pensaba que era su obligación. Aunque no entra a valorar el contenido de la respuesta patronal a la crisis, la consejera se muestra dispuesta a dar su apoyo en lo que parece ser el fondo de la cuestión, la guerra de precios: “En estos momentos hay que trabajar con mucha responsabilidad, pensando que cualquier euro que se invierta tiene que tener un efecto retorno inmediato de un turista hacia nuestro destino. No se le esconde a nadie que estamos todos los destinos compitiendo en una guerra de precios pero también en una guerra de quitarnos los turistas y que vamos a los mismos sitios a buscar esos potenciales turistas para nuestros destinos”. Creo entender que Rita Martín quiere decir que los euros públicos que vayan a cubrir parte de esa bajada de precios en Canarias deben estar garantizados frente a acciones similares de la competencia. No parece estar en desacuerdo con la idea de la patronal de que la fuerte competencia que afronta Canarias, que obliga a los empresarios a bajar precios, se debe a que algunos países han eliminado sus tasas aeroportuarias. Ambos asumen que en Canarias se ha pasado de cobrar por recibir turistas a pagar para que nos los traigan ('conseguir un turista “ahora es mucho más difícil pero hay que conseguirlo”), algo que, como ya dije antes, viene produciéndose de largo en la historia del verano turístico canario, solo que ahora parece más grave.

Los empresarios afirman que, como ellos ya no pueden bajar más (a riesgo de “desmembrarse”), debe ser el dinero público el que pague la rebaja, dado el gran bien común que genera el turismo. Hábilmente, además, no piden dinero para ellos (salvo quizás algo más de benevolencia financiera por parte de los bancos, subvencionada por el ICO) sino que lo piden para otros empresarios: las compañías aéreas y la construcción (que es la destinataria de gran parte de esos dineros dedicados a rehabilitación e infraestructuras). Respecto al transporte aéreo la idea es que el dinero público (ya sea del estado o de la comunidad autónoma) pague al turismo canario un puente aéreo equivalente al AVE (“Ya que no tenemos un AVE que llegue hasta Canarias, se den facilidades”). La comparación es poco afortunada, ya que el tren (no solo la alta velocidad) sólo fue usado en 2007 por el 3,7% de los turistas que recibió Andalucía, frente al 63,4% que realizaron desplazamientos por carretera, ya fuera en coche particular o guagua (Balance del Año Turístico en Andalucía, 2007) mientras que lo que pide el sr. Fraile cubriría a más del 90% del turismo canario. Hace unos años, el profesor Aguilera señalaba que el argumento político de la ultraperifericidad consistía en resaltar los costes de nuestra ubicación geográfica y pasar por alto los beneficios. Porque si el turismo canario reclama un puente aéreo, el turismo andaluz o valenciano podría reclamar un sol artificial o un cambio en la inclinación de la tierra para aliviar el coste de su ubicación en términos de competitividad climática. Por pedir que no sea. En cualquier caso, la idea de extender el descuento de residencia a los turistas solo sería ampliar una política que, por acción o por omisión, ya subvenciona parte del transporte aéreo de turistas a las islas. A los acuerdos recientes con las compañías low cost me remito.

El otro sector para el que piden ayudas los empresarios turísticos es la construcción, que es quien se lleva la mayor parte del pastel de los planes RENOVE y otras iniciativas de rehabilitación o recualificación del turismo. Aunque desconozco las cifras reales, estoy seguro de cuál va a ser el resultado si ponemos en un plato de la balanza el dinero de estos planes que se destina al cemento en sus múltiples vertientes y en el otro el que se dedica a formación e innovación. No critico que el sector turístico invierta en cemento (los destinos turísticos tienen que urbanizar sus espacios construidos y la planta alojativa debe renovarse) sino que esta inversión sea asumida de forma creciente por la parte pública y que, con demasiada frecuencia, el uso que se hace de ella no obedezca a los intereses a medio y largo plazo del negocio turístico. En teoría los empresarios turísticos deberían amortizar sus instalaciones y los promotores asumir los costes de urbanización (asfaltado, alumbrado, espacios verdes, etc) de sus construcciones. La justificación de una creciente intervención pública en la recualificación de la oferta reside en que, en determinados destinos, la realidad desvirtuó totalmente las previsiones o la capacidad de gestión de la planificación (las previsiones de dotación de infraestructuras o su ejecución estuvieron por debajo de las necesidades que generó el desarrollo turístico, el dinero que los ayuntamientos recibieron para urbanización se dedicó a otros menesteres, etc) o la baja rentabilidad de algunos establecimientos impidió su amortización, por lo que ofrecen un producto obsoleto que desvirtúa la imagen global del destino. En ambos casos, el dinero público viene a subsanar fallos en los mecanismos de gobernanza del turismo, que han permitido que algunas empresas sobrevivan artificialmente en el mercado (empeñándose en no cerrar aunque sus precios les sacan del mercado a largo plazo) o que algunos destinos eludan el control político de su desarrollo (creciendo más allá de lo que lo hacían sus infraestructuras y servicios).

La justificación para salvar a estos transgresores o free-riders (y de paso al conjunto del sector) inyectándoles dinero público viene dada por la idea de que el turismo es la principal fuente de riqueza en Canarias, con su vertiente social en el discurso de que el turismo crea empleo. No pongo en duda la importancia económica de esta actividad en nuestro archipiélago, pero tampoco me creo la asombrosa porción del PIB que se arroga la patronal turística. El ISTAC le atribuye al turismo canario un 31% del PIB y un 30% del empleo (294.996 empleos) en 2007. No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que la metodología del ISTAC contempla los efectos indirectos de la actividad, es decir, “todo” lo que rodea al turismo. Con las debidas precauciones que entraña toda comparación de magnitudes económicas, Canarias parece tener una dependencia del turismo similar a la de Baleares y muy superior a la de las regiones turísticas peninsulares como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, que están en torno al 10%. No olvidemos, en cualquier caso, que esta misma fuente señala que una cuarta parte de los costes intermedios del turismo canario van a la construcción, un matrimonio de dudosa conveniencia sobre el que no es posible extenderme aquí. Lo que no se dice sobre este tema es que el sector turístico canario con la misma que crea empleo también lo destruye, ya que el tipo de empleo que crea no es para estar muy orgullosos. El turismo es una actividad que hace un uso intensivo de mano de obra poco cualificada (camareros, limpiadoras, ayudantes de cocina, etc) y además, la forma en que usa esta mano de obra tiende a crear empleos precarios. Se asocia la precariedad o temporalidad del empleo turístico con la estacionalidad: las fluctuaciones entre temporadas de la demanda obligan a flexibilizar las plantillas. Sin embargo Canarias es la excepción española a esta regla de que a mayor estacionalidad, mayor temporalidad del empleo turístico. De hecho, siendo con diferencia la menos estacionalizada de las regiones turísticas españolas, comparte con Baleares (la más estacionalizada) la tasa más alta de temporalidad en el empleo turístico (datos del IET de 2007). Más aún, los salarios en Canarias están por debajo de la media nacional y, si atendemos a los convenios, también podemos llegar a una conclusión similar respecto a los salarios de las ocupaciones turísticas. Está bien que le demos dinero público a los empresarios turísticos porque crean empleo (una vez que extraen su parte de beneficios), lo que no está tan claro es que le demos el dinero que piden (que no es poco) para que creen 'cualquier' tipo de empleo.

Recapitulando, nuestro turismo acaba conformando una especie de paraíso del bienestar empresarial: los costes laborales están por debajo de lo que marca el mercado, la renta de situación derivada de la localización de sus inversiones (competitividad climática) se desconecta de sus costes (la distancia geográfica) y se relajan ampliamente los requisitos de amortización de dichas inversiones (subvencionando la rehabilitación, amnistiando fiscalmente los beneficios, etc.). Lo dicho: muy mal lo tienen que estar haciendo los empresarios turísticos canarios si resulta que sus negocios no son rentables y tenemos que aplicar la fórmula neoliberal de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. E incluso ésto podría ser aceptable si del cuerno dorado del turismo manara un empleo fantástico que elevara las cuotas de bienestar social y nos resguardara de los vaivenes y sacudidas de los mercados. Como resulta que no es así, las medidas de rescate del sector turístico vendrán, en el mejor de los casos, a mantener la situación actual. Con lo que la pregunta sería ¿es más rentable darle dinero público a estos empresarios para que se mantengan en su actual situación que dedicarlo a promover otras actividades económicas que no tengan tantos handicaps (vulnerabilidad de la demanda al ciclo económico, alta competencia vía precios, costes de ubicación, bajo valor añadido del empleo, etc)? ¿qué riesgo y qué coste de oportunidad a medio y largo plazo tiene la inversión pública en turismo que se reclama? Y la verdad es que oyendo hablar a los responsables políticos y empresariales del sector dan muy pocas ganas de responder de forma favorable al turismo. De ahí mi estupor.

(*) Pablo Rodríguez González ? Sociólogo, técnico de investigación del IESA-CSIC. Pablo Rodríguez González *