El voto y el canon digital

Se trata, en esencia, de que cuando un particular, o una administración pública, compre un artilugio capaz de almacenar información y posteriormente reproducirla (CD, DVD, teléfono móvil, fotocopiadora, impresora y disco duro de un ordenador, etc.) le pague a una empresa privada unas cantidades que luego ésta repartirá, según su propio criterio, entre sus asociados. Conviene resaltar que se trata de soportes vírgenes, es decir en blanco, sin nada almacenado pero en los que luego nosotros guardaremos la información que interese. Sirvan como ejemplos las fotos familiares que guardamos, los juicios en los tribunales, nuestro escáner o nuestro historial clínico los médicos. Por todo eso esta increíble, pero cierta, realidad ha sido llamada por los perjudicados que nos oponemos a este canon, el impuesto “por si acaso”.

Las Sociedades Generales de Gestión de derechos de autor y los partidos políticos que apoyan que paguemos el “por si acaso”, metiéndonos la mano en el bolsillo a favor, repito, de un pequeño grupo ajeno al control público, se basan en la suposición de que vamos a copiar obras protegidas (música, vídeo, fotos, literatura, etc.) sin pagar a sus creadores los derechos de autor que la ley les otorga. Conviene tener claro que no se trata de la cantidad que ya se paga incluida en el PVP al adquirir un disco, vídeo, libro o similar ya grabado o impreso, para remunerar adicionalmente al autor en función de la cantidad de copias vendidas. Sus honorarios básicos ya los cobró el autor o intérprete al hacer el trabajo.

Los dos argumentos básicos que apoyan el razonamiento pro canon, a mi entender, son difíciles de mantener apoyándose en el sentido común y dejando aparte la capacidad de presión de unos pocos sobre unos muchos. El primero, ya comentado, es la presunción de que el soporte se usará para copiar obras protegidas. Sería como si los concesionarios de las zonas azules de aparcamientos pretendieran cobrar a todos los poseedores de un vehículo un canon “por si acaso” aparca sin abonar el ticket, y además un partido político propusiera una ley que aceptara que eso sólo es una justa compensación a lo que ha dejado de ingresar por pillería.

El segundo argumento es aún más difícil de entender. Se dice que el canon sirve para compensar a los autores que dejan de percibir sus derechos y ven disminuidos sus potenciales ingresos por la supuesta piratería. ¿Cómo sabe la empresa privada, SGAE o similar, a qué autores concretos ha de compensar? En definitiva, ¿cómo reparte esos millones de euros recaudados indiscriminadamente entre los presuntos perjudicados y no sólo entre sus socios? Es altamente improbable que los autores alejados a ese círculo de reparto perciban un euro, por lo que lógicamente deviene falsa la premisa de que el canon compensa a los perjudicados.

Hay otra una cuestión de la que se habla poco y que a mi juicio es fundamental. Las Sociedades de Gestión son empresas privadas cuya misión es la de gestionar el cobro de los derechos de autor de aquellos que les encomiendan su cobro. Son simples gestorías, no titulares de ningún derecho. Pero si esto es así, antes de pretender cobrar incluso por una obra protegida, deberá demostrar a quien paga que el autor le ha delegado la gestión de cobro ya que, en caso contrario, estaría intentando facturar por algo a lo que no tiene derecho y luego podría venir otra sociedad de gestión distinta a reclamar por lo mismo. Algunos concesionarios de TDT ya están recibiendo cartas de varias sociedades distintas recordándoles que tienen un socio con el que no contaban, que viene sólo para cobrar una parte de la facturación, no de los beneficios, pero que no está para ayudar si hay pérdidas. ¿Lo pueden entender? Yo, desde luego, no.

Ante tan disparatado panorama, Juan Carlos Rodríguez Ibarra presentó en el PSOE una propuesta de supresión de este inaudito canon o, como alternativa, que fuera el Estado quien lo cobrara para aplicarlo a la promoción y protección de la cultura. Esto último, aunque no deja de ser una chapuza transaccional propia de políticos, al menos se trataría de un impuesto indirecto que podría atender el bien común y no sólo el de aquellos privilegiados que estén afiliados en la SGAE o similar. No es igual que una empresa privada recaude y distribuya a su antojo esos millones de euros entre sus protegidos que esas cantidades las reciba el Estado y las redistribuya lo más equitativamente posible. Dentro de lo peor, lo menos pésimo.

Por estas consideraciones, que por supuesto no agota la discusión, en su día firmé el manifiesto “Todos contra el Canon”e invité a quien quisiera sumarse a las más de dos millones de firmas que ya lo han hecho. Es un derecho democrático. Cosa distinta es que los partidos políticos tengan a bien al menos considerarlo. Recuerden que la última palabra será nuestra el día 9M. Entonces veremos si este asunto influye o no a la hora de votar.

José Fco. Fernández Belda